Por July Ruíz
El Ecuador es un estado de derecho; el país en el que vivimos es un estado laico; nadie está por encima de la ley. Cuántas frases de este tipo hemos escuchado con cansina repetición y la despiadada resignación de que no pasan de ser eso: frases.
Sin embargo, y pensándolo con mayor cuidado, se trata de principios que dan razón de ser a nuestro Estado. Al país que hemos venido construyendo desde hace casi 200 años de vida republicana. Quizá por eso duele aún más todavía la ligereza con que los ciudadanos asumimos aquello.
No son solo palabras. Cuando hablamos de derechos, del imperio de la ley y del laicismo, nos referimos a elementos que dan forma a nuestro modo de vida como tal, que protegen al ser humano en su generalidad y que forman parte de un contrato social cuya vigencia está más allá de percepciones culturales, políticas o religiosas de una persona o grupo.
Lamentablemente, en el Ecuador hemos caído en una práctica de que aquellas palabritas tan determinantes y cuasi sagradas funcionan y se les echa mano para exhibirlas cuando conviene a ciertos grupos de poder, pero se convierten en una amenaza cuando no pasa eso y entonces se las esconde desde quien controla la institucionalidad.
Eso es lo que está ocurriendo con el aborto libre, seguro y gratuito en el Ecuador, porque aunque disguste este tema a ciertas agrupaciones, sucede que se trata de un derecho enmarcado en el acceso al servicio de salud y está perfectamente regulado y contemplado en la ley. En otras palabras, en nuestro país es perfectamente posible y garantizado legalmente el practicar un aborto libre, seguro y gratuito pues el Código Integral Penal en su artículo 150 numerales 1 y 2 así lo dispone, con sus particularidades específicas y de acuerdo a un procedimiento claro.
Es decir, se trata de una práctica legal que reviste toda una sustentación y una garantía de derechos a la que puede acceder una persona con capacidad de gestar. No hay razón para escandalizarse. Es fríamente lo que dice la ley y el marco jurídico ecuatoriano: sí es posible abortar, y es más, es responsabilidad del sistema de salud y sus funcionarios garantizar el acceso a esta atención médica, sin criminalizar en lo absoluto ni al profesional que la provee ni al paciente que lo solicita.
Existe toda una literatura institucional que ampara la práctica del aborto libre, seguro y gratuito para mujeres y personas con capacidad de gestar en nuestro país, de manera que no se trata de una ‘demanda radical’ su aplicación en el caso de los escenarios de aborto terapéutico y de violación. El marco jurídico ecuatoriano lo permite, así de simple.
Y justamente porque las cosas son así de simples y concretas, es que grupos poderosos que actualmente controlan la institucionalidad pública echan mano a otro tipo de estrategias más sutiles como, por ejemplo, colocar al Estado en la posición de guardar silencio exprofesamente y mantener a las personas en una conveniente ignorancia acerca del tema.
Le ha tocado a la sociedad civil y a la iniciativa privada el encargarse de educar a sus propios ciudadanos en cuestiones tan básicas como la explicación de conceptos que se refieren a lo que es un derecho y no un pecado; a lo que es un procedimiento y no una práctica; a lo que es una decisión amparada en la ley y no un capricho, a lo que es un acto libre y contemplado expresamente en el Código Integral Penal y no la comisión de un delito.
Desmontar estos estigmas no es una tarea fácil ni rápida, menos aún sin la presencia activa de un actor tan importante como el Estado que más bien ha adoptado un papel negligente en el tema, pero es importante dar un primer paso en función de poner en manos de los ciudadanos la capacidad de tomar decisiones informadas, de conocer cuál es la realidad en la que habitan y de comprender que aquello que desde el discurso unidireccional de agrupaciones conservadoras es condenado, resulta que está plenamente vigente y permitido desde la dimensión legal que es de última instancia y de aplicación libre para quien lo requiera en el Ecuador.
Be the first to comment