Hay que agradecerle al presidente Lasso por su criminal sinceridad. El gobierno llega al punto donde siempre aspiran a llegar las élites empresariales: la eliminación violenta de la delincuencia. Hoy, los ciudadanos comunes y corrientes se sienten autorizados para disparar contra todo aquel que constituya una amenaza a su seguridad.
El primer problema del decreto que autoriza el libre porte de armas radica, entonces, en cómo y quién define esa amenaza contra su seguridad personal. Un escrache, o una acción de protesta social, podrían fácilmente se respondidos a tiros por cualquier paranoico de los que pululan en las altas esferas de nuestra sociedad.
Tampoco hay que comprarse el engañoso discurso de que la seguridad de la población es responsabilidad del Estado. Esa es otra quimera con la que se pretende contrarrestar la decisión del gobierno. En esencia, el Estado está concebido para asegurar el statu quo; es decir, lo que en la jerga del poder se designa con los pomposos términos de estabilidad y gobernabilidad. Por eso, cuando se habla de seguridad hay que entender al Estado como fuerza pública, como aparato de control social, financiado por todos, pero dirigido por unos pocos.
En la historia moderna está ampliamente demostrado que la mayor seguridad de un país es la que provee una sociedad más igualitaria y democrática. Durante décadas, los indicadores de inseguridad en Costa Rica eran los más bajos del continente americano. Ese país no tiene ejército; a cambio, cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del planeta y una tasa de escolaridad envidiable. Si en el Ecuador se destinara el presupuesto de la policía y de las fuerzas armadas para educación, vivienda y empleo, seguramente los índices de delincuencia y violencia callejera se reducirían drásticamente.
Pero desde la estrecha y autoritaria visión de nuestra clase política, las consecuencias de la marginalidad deben ser manejadas como anormalidades del sistema. Mejor dicho, como patologías. Se trataría de agentes infecciosos que amenazan con destruir la buena salud del organismo social. Por lo tanto, deben ser eliminados como una bacteria o extirpados como un tumor canceroso. Y, lo más importante, no hay que hacerse la más mínima pregunta a propósito de su origen.
Armar a la población civil contra la delincuencia común y el crimen organizado es la estrategia más perversa e irresponsable para implantar la peligrosa idea de la asepsia social. Una suerte de fundamentalismo confesional destinado a proteger el paraíso de los inmaculados. Solo faltó adobar el decreto con una invocación chapulinesca: síganme los buenos.
Lo peor es que mucha gente terminará convencida de ser parte de una cruzada casi divina para combatir a los enemigos de la patria y preservar la felicidad colectiva. No es casual que el propio presidente Lasso haya calificado a su decreto como parte de una #CruzadaPorTuSeguridad. Puro fanatismo religioso.
Abril 3, 2023
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