El desate de la violencia, que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación, es solo el nivel más superficial de un problema estructural que se explica, históricamente, en dos procesos vinculados. 1. El desarrollo continuo y expansivo de la lógica de acumulación de capital en zonas periféricas que adquieren la forma de extractivismo agudo. 2. Determinado por lo primero, la emergencia, desarrollo y profundización de un conjunto de relaciones sociales de dominación, explotación, inequidad e injustica. La expansión de este modelo de desarrollo capitalista desemboca necesariamente en procesos de violencia ampliada. De lo que se desprende que la violencia tiene un carácter estructural que es el que hay que entender para poder dar salidas reales al grave problema que aqueja al país.
Lo que se muestra son los efectos simbólicos de la violencia estructural, entiéndase: crimen organizado, narcotráfico, asesinatos, sicariato, extorsiones, masacres carcelarias, secuestros, etc. Lo que se oculta son sus causas estructurales: el desarrollo del capitalismo extractivista conlleva la formación de capitales criminales que por fuera de la legalidad se hacen mucho más rentables y aseguran una mayor valorización del valor. Lo que se muestra es a los jefes de las bandas criminales, a los sicarios, a los micro traficantes, extorsionadores y asaltantes de poca monta. Lo que se oculta, y si es necesario se defiende, es a los grandes lavadores del dinero, directores y gerentes del sistema financiero, a los altos funcionarios de Estado (generales, ministros, asambleístas y hasta presidentes) que son los mayores beneficiarios de los negocios ilegales del capitalismo mafiosos. El problema no es que un actor externo, llámese banda criminal, cártel, mafia, viene y daña el funcionamiento normal y legal de la economía capitalista. El problema es que la economía capitalista tiene en su núcleo duro la rapacidad de la acumulación y concentración de la ganancia, el problema es que el sistema económico es en su fundamento criminal.
La política liberal, en incluso el neoliberalismo, de alguna manera ordenaba la danza enloquecida del capital, le daban alguna forma social con instituciones que permitían simbolizarla. Sin embargo, su propia expansión global (globalización) terminó devorándose todas sus instituciones y abriendo el lapsus de sentido que hoy se traduce en lo que muchos teóricos ya llaman el necroliberalismo, la necropolítica, el capitalismo de la muerte, esa economía que funciona, se reproduce y acumula ganancia con la muerte de la naturaleza y de la sociedad. Es fácil darse cuenta a quién le conviene, o, mejor dicho, quienes ganan con el capital criminal, el capital de la muerte: los dueños del sistema financiero donde se lava el dinero sucio de todo tipo de negocios ilícitos, las empresas armamentísticas, las empresas de seguridad y obviamente los capos de traje y de corbata que se ocultan detrás de un escritorio de una presidencia, de un ministerio, de un directorio corporativo transnacional, de un curul, de un banco, etc. Mientras tanto se masacra a los empobrecidos en las cárceles, los barrios populares, los pasos migratorios, las calles, etc.
El necroliberalismo, la política de la muerte que acompaña al capitalismo en su fase criminal, además aprovecha para, a nombre de la seguridad (la lucha contra las drogas o la lucha contra el terrorismo), perseguir, enjuiciar, encarcelar o asesinar, no solo a los empobrecidos que los esclavizan en sus empresas criminales, sino a los luchadores sociales, activistas sociales y defensores de los derechos humanos que intentan defender la vida de las garras del necrocapitalismo.
El capitalismo criminal se reproduce mucho mejor en medio del caos que su propio ciclo productivo genera, y, como siempre, los gobiernos le aseguran el espacio para su reproducción.
Lasso tiene que irse, por una sola razón: es el ejemplo perfecto de un gobierno necroliberal, cuya política pública es la respuesta a las demandas de la reproducción del capital criminal.
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