La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para considerar el informe borrador motivado sobre la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso Mendoza por presunto peculado, se instaló con la presencia de todos los asambleístas a las 10:16 am del sábado 6 de mayo.
Antes de la tramitación del informe, los legisladores Marco Troya, Ana Belén Cordero y Pedro Velasco solicitaron tres cambios en el orden del día, lo que bloqueó la intención de los correístas de incluir una moción para aprobar el informe motivado que recomienda o no el enjuiciamiento político contra el presidente. Según el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solo se permiten tres cambios en el orden del día por sesión, por lo que la cuarta propuesta de cambio de orden del día presentada por los tres asambleístas de UNES, Roberto Cuero, Comps Córdova y Gabriela Molina, no pudo ser tratada.
Durante una sesión de la Comisión de Fiscalización, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, afirmó que el objetivo del correísmo, socialcristianos y el legislador Bruno Segovia era sorprender a la comisión con un cambio en el orden del día que pretendía obligar a aprobar un informe alternativo que decía lo contrario al informe motivado de la Comisión. Villavicencio aseguró que el informe alternativo del correísmo, que no pasó, planteaba el enjuiciamiento y destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, aunque la motivación no se conoció. La presidencia de la Comisión de Fiscalización logró impedir que la moción de cambio en el orden del día fuera aprobada, ya que solo se pueden tratar tres pedidos, que fueron evacuados.
De las tres propuestas de cambio del orden del día, se negaron dos que se referían a la responsabilidad que tiene la Comisión de Fiscalización de elaborar y entregar un informe final de labores al día 13 de mayo de 2023, considerando que el actual periodo vence el 14 de mayo. Solo pasó el pedido del legislador Marco Troya relacionado con el debate sobre la facultad de los asesores de las comisiones especializadas permanentes para elaborar informes.
En el debate, los legisladores de UNES y el asambleísta Bruno Segovia insistieron en que los asesores de las comisiones no son competentes para elaborar el informe del juicio político. Segovia pidió certificación a secretaría para conocer quién elaboró el informe motivado que recomendó no enjuiciar al primer mandatario. El secretario relator, Andrés Ruiz, informó que el documento lo elaboró el equipo técnico de la Comisión, liderado por el asesor Santiago Becdach.
La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero, solicitó la lectura del pronunciamiento del procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, a una consulta formulada por el primer mandatario, donde avala la competencia de los asesores y el equipo técnico para elaborar y remitir el borrador que será puesto a consideración de la Comisión de Fiscalización. El debate no prosperó y la Comisión se limitó a conocer el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General del Estado.
El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, dispuso la lectura del documento del procurador respecto a la consulta realizada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, referente a la aplicación del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la presentación del informe sobre la solicitud del juicio político en trámite. Villavicencio destacó que el informe vinculante de la Procuraduría del Estado cambia sustancialmente el procedimiento del tratamiento no solo en la Comisión de Fiscalización, sino en el Parlamento ecuatoriano de la solicitud de juicio político en contra del primer mandatario.
Con el pronunciamiento del procurador Juan Carlos Larrea queda claro que hay un solo informe motivado para todo el juicio, ya sea que se apruebe o no, y deja a potestad del presidente de la Comisión de Fiscalización la posibilidad de
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