#Opinión / ¿Otra vez las doctrinas militares?

El juicio político al presidente Lasso es la mejor estrategia para que el país se desentienda del verdadero problema que atravesamos. La actual crisis no depende ni del desprestigio de la Asamblea Nacional, ni de la ineptitud del Primer Mandatario, ni de la corrupción que carcome a la función judicial. Lo que está en crisis es el viejo sistema liberal que, con más defectos que virtudes, hemos intentado poner a funcionar infructuosamente desde hace dos siglos.

La crisis de la representación nace del agotamiento de las mediaciones políticas. La población confía cada vez menos en las instituciones formales. No solo porque las siente ajenas, sino porque las considera recintos reservados para todo tipo de prácticas reñidas con la ética pública. La idea de que todos deben irse a la casa termina copando el imaginario colectivo.

El problema no es menor si se considera que la inviabilidad del sistema puede servir de aliciente para las propuestas más autoritarias. Inclusive desquiciadas, como el modelo Bukele para combatir al crimen organizado. Lentamente se abona el terreno para justificar el tutelaje de las fuerzas armadas como única –y última– opción para manejar el desorden crónico de nuestras sociedades.

En Colombia ya saltaron las alarmas. Un país que ha logrado mantener la formalidad democrática durante un siglo estaría ingresando en la vorágine golpista. Los tradicionales grupos de poder oligárquico (los más elitistas, intransigentes y violentos de América Latina), junto con los carteles del narcotráfico y las fuerzas armadas, han expresado su inconformidad con cualquier medida que afecte un ápice sus intereses. No solo empiezan a hablar de una posible destitución del presidente Petro, sino abiertamente de un golpe de Estado.

En el Ecuador, la postura del gobierno respecto de la inconstitucionalidad del juicio político es una clara insinuación para el desacato de una eventual destitución de Guillermo Lasso por parte de la Asamblea Nacional. Los asambleístas de oposición, por su parte, también han adelantado la posibilidad del desacato de la aplicación de la muerte cruzada. En ese choque de trenes, únicamente una medida de fuerza podrá dirimir el conflicto. En otras palabras, una intervención directa de la fuerza pública.

En ese sentido, el ministro de Defensa ha sido categórico: no aceptarán ninguna decisión que consideren inconstitucional y ninguna acción que violente el orden público. En buen romance, defenderán al presidente tanto contra el poder legislativo y como contra la movilización social.

Este argumento evidencia un esquema que venía armándose desde hace tiempo. Concretamente, desde septiembre de 2019, cuando la ministra de Gobierno de ese entonces tuvo que cederle el manejo del paro en la provincia del Carchi al general Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa del gobierno de Moreno. Fue la confirmación del papel hegemónico de los militares en la política nacional, el antecedente inmediato para la militarización del paro de octubre, la nueva doctrina estratégica de la seguridad.

Lo que se viene no será una fiesta infantil.

 

Acerca de Juan Cuvi 180 Articles
Miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo, Parte de la Red Ecudor Decide Mejor Sin TLC.

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