La situación de la justicia en Ecuador ha sido objeto de preocupación en los últimos años, si bien es cierto esta crisis afecta a la ciudadanía en general, surge una especial preocupación respecto a su impacto en los grupos más vulnerables de la sociedad, como son las niñas, niños y adolescentes (NNA). A pesar de que la Constitución ecuatoriana establece claramente el derecho a la protección especial y reforzada de este grupo, así como su prevalencia en caso de conflicto, la ineficiencia y lentitud de algunos servidores públicos se convierte en un obstáculo para su cumplimiento en varios juzgados.
Un ejemplo de esta ineficiencia se ha evidenciado en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la Parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, donde se ha observado falta de celeridad en los procesos, irresponsabilidad en el manejo de las causas y la falta de respeto a la lealtad procesal por parte de algunos padres de familia y sus abogados, misma que lamentablemente viene acompañada de análisis poco profundos de parte de los jueces que son los llamados a hacer prevalecer los derechos de los niños. Con tristeza y frustración se evidencia como algunos padres han recurrido a “estrategias” y actos convenientemente poco frecuentes en el plano real, pero plagados de falta de ética para “excusarse” del pago de pensión alimenticia que corresponde a sus hijos, acorde a los ingresos reales que reciben. Según coinciden varias de las fuentes consultadas para este reportaje, quienes nos cuentan sobre el criterio de ciertos jueces y el actuar de varios padres impulsados por sus abogados, que actúan en contra del cumplimiento y respeto de los derechos de los NNA.
La abogada Estefanía Ríos, experta en materia de niñez y adolescencia, ante esta situación menciona: «A nuestro estudio jurídico han llegado varios casos de madres de familia que han agotado toda posibilidad de llegar a acuerdos justos con los progenitores y se han visto en la necesidad de buscar protección para sus hijos en la vía legal, interponiendo demandas para obtener los beneficios y la garantía del cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es sorprendente que estos casos, en algunas ocasiones, no se conviertan en la prioridad para el sistema y la sociedad en general. Hablamos de menores de edad y madres que están siendo violentadas y revictimizadas al no encontrar una solución oportuna e inmediata como ameritarían estos casos, ya que los menores de edad requieren de un sustento económico, estabilidad, certezas y un cuidado diario. Es fundamental que las autoridades actúen de manera urgente, diligente y en estricto apego al marco jurídico vigente, a fin de garantizar el respeto pleno a los principios del Estado de Derecho, especialmente en lo que respecta a los derechos de los menores de edad».
Además, agrega que: «Las estrategias que algunos padres y abogados utilizan para evadir el pago de pensiones alimenticias son una muestra clara de la falta de compromiso y responsabilidad que tienen con sus hijas e hijos. Estas acciones no solo son contrarias a la Ley, sino que también son inmorales y van en contra de los principios éticos y sociales que rigen en nuestra sociedad, generando un impacto negativo en el bienestar emocional de la niñez».
Una medida clave para garantizar el cumplimiento de los Derechos de los NNA es el pago de la pensión alimenticia. El Código de Niñez y Adolescencia establece claramente la obligación de los padres de proporcionar una pensión alimenticia justa, acorde a los ingresos reales que recibe el progenitor y no de los que convenientemente muestran cuando se encuentran en medio de un juicio de alimentos, simulando disminuciones considerables en sus ingresos desde que se ven a la luz de un proceso judicial de fijación de pensión alimenticia. Es así como con estas situaciones económicas ficticias se crean circos de los cuales lamentablemente algunos jueces han formado parte, al no evidenciar cómo es que coincidencialmente los ingresos de los progenitores se reducen en más del 80% desde que se ven expuestos en estos procesos judiciales en los que se les exige el pago de pensión de alimentos en favor de sus hijos. Si en el plano económico ese es el actuar de ciertos padres de familia, nos llama a reflexionar y estar alerta sobre cómo es el actuar en temas más vitales para el desarrollo de los menores, en el cuidado, protección y fomento de valores que podrían inculcar en esos hijos violentados.
Lo anterior viola la Constitución de la República, en su artículo 69, numeral 1, se promoverá la maternidad y paternidad responsables…En particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.
El derecho de pedir alimentos es inalienable e irrenunciable. Según la normativa, en caso de que el padre o la madre no proporcione una pensión de alimentos, se debe presentar una demanda de pensión alimenticia ante el juez correspondiente. Si el padre o la madre incumplen el pago de dos o más pensiones alimenticias, se dispondrá el apremio personal, es decir, la privación de libertad, hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia, el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 días. (Art. 22, Código de la Niñez y Adolescencia). Es importante destacar que no solo los padres son responsables del pago de la pensión alimenticia. Los abuelos, hermanos y tíos también pueden ser responsables si se establece en la demanda de alimentos.
Llama la atención que casos de este tipo no son “la excepción que confirma la regla”, como coloquialmente se dice, cada vez sorprende más que el número de casos va en aumento y las artimañas que crean algunos abogados con el ímpetu de padres irresponsables se vuelven inverosímiles, desnudando su egoísmo y ambición que solamente repercute sobre sus propios hijos. Al menos eso es lo que comentan varias de las madres que fueron consultadas para este reportaje.
Estos casos nos llevan a reflexionar la importancia que tiene el fomento de los valores como la ética, que debemos inculcar en el medio que nos desenvolvamos en la sociedad. En la mayoría de los casos, los comportamientos de este tipo de padres son solo un reflejo de la educación que recibieron o los ambientes de violencia en los que probablemente crecieron. Es importante poner un límite a este tipo de situaciones para que no se siga fomentando ni normalizando la violencia y más generaciones ya no sean víctimas de estos atropellos.
En el país, 9% de las mujeres que tienen hijos son madres solteras, es decir 258.310, según el INEC. En un sistema judicial marcado por la lucha por la manutención infantil, conversamos con Rafaela, cuya identidad ha sido protegida, ella se encuentra inmersa en un desgarrador juicio de alimentos contra su exesposo. Cada mes, enfrenta el desafío de asegurar el sustento económico necesario para cubrir todos los gastos de su hijo. Pero lo que más la desgarra es el hecho de que su ex pareja oculta sus ingresos para evadir su responsabilidad de pagar la pensión que le corresponde.
Sin embargo, más allá del aspecto monetario, hay aspectos que no tienen precio. El distanciamiento del padre tiene un impacto devastador en el estado emocional de Rafaela y la somete a una carga adicional de trabajo. Cada vez que su pequeño se enferma o enfrenta algún problema, es ella quien brinda un apoyo incondicional. Estas son las tristes implicaciones de tener un padre que actúa de esta manera.
En otra conmovedora historia, Daniela, identidad protegida, nos invita a reflexionar sobre los mensajes que estas generaciones de hijos están recibiendo. Ella mientras bebe un café en los exteriores del Complejo Judicial Norte, nos comparte que, tras su separación, aparentemente mantenían una relación amigable por el bienestar de su hija. El padre compartía tiempo con la niña y solo aportaba económicamente durante esos momentos. Sin embargo, Daniela se encontró en una complicada situación económica que la llevó a no poder sostener económicamente a su hija, como siempre lo hizo. Desesperada, buscó la “ayuda” del padre, pero este humillándola, se negó a transferirle dinero que, por ley, le correspondería. Daniela necesitaba esos fondos para garantizar que su hija tuviera acceso a educación, alimentación, salud y vestimenta adecuadas, sin mencionar que tuvo que mudarse a una vivienda más pequeña. Frente a esta desoladora realidad, decidió emprender un arduo camino legal y presentar una demanda de pensión alimenticia. Sin embargo, su expareja, consciente de sus responsabilidades, optó por ocultarse, evitando la citación y orquestando acuerdos en su lugar de trabajo para recibir un menor sueldo, lo que se traduciría en una pensión muy baja según las tablas judiciales. Una pensión que ni siquiera alcanzaría a cubrir una cuarta parte de los gastos de la pequeña y su estilo de vida.
Con pesar me comentaba que el padre figura como propietario de dos valiosos bienes inmuebles en dos zonas privilegiadas de la ciudad, su estilo de vida, que la gente a su alrededor conoce y que se refleja en redes sociales, no se ajusta a los ingresos de un salario tan bajo. Daniela, sigue a la espera de que se resuelva su caso, confía en que la jueza examine minuciosamente todas las pruebas presentadas, las cuales respaldan su afirmación y se haga justicia por el bienestar de su hija.
Estos relatos desgarradores nos muestran el duro camino que muchas madres solteras deben recorrer en su búsqueda por garantizar el bienestar de sus hijos. Se enfrentan a obstáculos emocionales, financieros y legales mientras luchan por el sustento y la protección de aquellos a quienes aman más que a su propia vida.
Para realizar este reportaje se intentó consultar con jueces que llevan casos como los mencionados, sin embargo no se brindó la apertura para ello, esperamos en una próxima investigación se dé la apertura.
La protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es una responsabilidad compartida entre el Estado, los padres y madres de familia y la sociedad en su conjunto. Es fundamental que se realicen las denuncias correspondientes, se garantice el cumplimiento de la ley y que se actúe con diligencia y eficacia en la protección de los derechos de los NNA. Solo así podremos construir una sociedad más justa e igualitaria para todos.
La verdad no tengo palabras, qué en el siglo que vamos se den aun este tipo de cosas y no exista el apoyo necesario y la claridad para salir a favor del bienestar de las niñas y niños, qué lamentable 😢