Existen tres consensos nacionales en torno al IESS: la necesidad de reformar en forma urgente la Ley de Seguridad Social; que las reformas no apunten directa o indirectamente a su privatización; y, hacer los cambios internos para lograr la eficiencia de sus servicios y prestaciones.
Hay que aprovechar esos consensos para avanzar no solo en la reforma legal, sino también en la reestructuración de la organización y funcionamiento operativo interno del IESS incluyendo la codificación de la frondosa maraña de reglamentos y resoluciones jurídicas internas, para lograr un cuerpo de normas unitario, sistemático, coherente y completo, porque esa telaraña jurídica es el terreno fértil para la corrupción.
Las reformas legales deben consolidar aquellos aspectos positivos que la práctica institucional ha demostrado que han funcionado bien y fortalecido al IESS, e introducir los cambios estrictamente necesarios, no solo en el sistema de pensiones, sino en la integralidad de los riesgos que cubre el Seguro General Obligatorio.
Especial atención debe darse en la reforma legal, estableciendo garantías efectivas para: a) alcanzar una administración técnica; b) evitar que los gobiernos de turno metan la mano en los fondos y recursos del IESS y el BIESS ; c) que las inversiones del IESS sean seguras y obtengan la más alta rentabilidad conforme estándares internacionales; y d) autonomía y fortalecimiento institucional incluyendo la auditoría y cálculos actuariales oportunos; y, e) el pago de las contribuciones estatales para el financiamiento al seguro social, de las deudas del Estado y de los grandes morosos en las aportaciones al IESS.
Si existen realidades objetivas, como los cambios en la expectativa de vida, y siendo coherentes con el principio de la solidaridad intergeneracional y social, se debe plasmar los cambios graduales mínimos y necesarios para garantizar el sistema de pensiones y más servicios y prestaciones para las actuales y futuras generaciones de beneficiarios y jubilados. Así como en el pasado se hicieron los esfuerzos necesarios para la sostenibilidad y sustentabilidad del seguro social, ahora también debe darse esa contribución. A la final todo significa ahorro y previsión para las contingencias de la vida.
La reforma debe ceñirse a los intereses institucionales del seguro social, sus aportantes y beneficiarios, y de ninguna manera deben inmiscuirse intereses ajenos para beneficiar y saciar la voracidad del capital especulativo bancario y financiero nacional o internacional.
Todos los cambios tienen que enmarcarse en la Constitución, tanto en lo relacionado con los principios de aplicación de los derechos, como en las directrices constitucionales sobre el seguro social, tales como su carácter público y universal, la no privatización, protección y atención a necesidades contingentes de la población, a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales, pero también asegurarse los mecanismos de financiamiento.
Así como en el ámbito tributario se aplica el principio de proporcionalidad entre renta y contribución, así también debería analizarse bien la proporcionalidad en la financiación del seguro social campesino, porque es diferente la situación económica de una familia de un terrateniente disfrazado de campesino, de una familia de un mediano propietario rural o la de un campesino minifundista o una familia indígena o de un pescador artesanal. Así tiene pleno sentido la disposición constitucional referida a que “El seguro social campesino, que forma parte del IESS, será un régimen especial del seguro universal obligatorio para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal; se financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas y empleadoras del sistema nacional de seguridad social, con la aportación diferenciada de las jefas o jefes de las familias protegidas y con las asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo. El seguro ofrecerá prestaciones de salud y protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte. Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al financiamiento del seguro social campesino a través del IESS”.
Ahora bien, el gobierno nacional conformó una Comisión para la Reforma al Sistema de Pensiones, la misma que ha emitido su informe y propuesta que está socializándose sin que se haya presentado un texto con reformas legales.
Se conoce cuál es la inclinación ideológica de los integrantes de la referida Comisión, pero se debe dialogar y debatir en forma profunda y responsable dicha propuesta, pero debería integrarse en el debate nacional la formulación de una reforma integral que no solo se limite al sistema de pensiones, para lo cual debe incluirse en el debate el proyecto de reformas al IESS y BIESS presentado por iniciativa popular normativa con la dirección de Henry Llanes Suárez. En las circunstancias del IESS y del BIESS lo que cabe es un debate organizado, serio, objetivo, responsable y con propuestas normativas alternativas, para que sea tramitado en la próxima Asamblea Nacional en forma impostergable. Postergar su tratamiento contribuye a agudizar la crisis del IESS y curiosamente alentar los afanes privatizadores.
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