El pasado domingo 13 de agosto los ecuatorianos presenciaron el peor debate presidencial desde el retorno a la democracia, un espacio que le quedó debiendo al país a tal punto que la institución debate -como bien público- y el derecho al voto informado de los ciudadanos, han sido seriamente devaluados por una metodología confusa que marcó el compás de tres horas tortuosas, plagadas de ofertas con muchos qués y pocos cómos; interrumpidas en algunos tramos por el cruce de estribillos violentos entre candidatos del que no se salvaron ni siquiera los moderadores, quienes lucharon contra corriente al pretender que ese evento aparente ser lo que nunca fue, un debate con fluidez argumentativa, solvencia programática y ganador visible; cuya única herencia tangible hasta la presente, es un tsunami de memes y carcajadas producto de la incompatibilidad entre el lenguaje verbal y corporal de los candidatos, entre lo que dijeron y sus planes de trabajo, su manojo de nervios, y la incapacidad de algunos para expresar de manera diáfana sus acuerdos y disensos.
El resultado de este acto hilarante y bochornoso para propios y extraños salta a la vista. La opinión pública ya no habla de triunfadores, sino de perdedores y quizá el mayor de ellos es la ciudadanía; también dos o tres candidatos que no justificaron su presencia en la papeleta presidencial, pese a las maquinarias propagandísticas y financieras que operan a su favor -sin restricción- tanto en las calles como en las redes sociales; y, -por supuesto- los organizadores de este programa televisivo que, desde el año 2021, miran al debate electoral como un simple hito más a cumplir sin importar su calidad, un trago amargo con el que han tenido que lidiar los ciudadanos a pretexto de las infaltables excusas revestidas de “buenas intenciones” y del “aprendizaje” tutelado por la cooperación internacional.
Quieran o no, la institución debate electoral ha sido secuestrada por el propio Código de la Democracia y entregada -en bandeja de plata- a las personas menos indicadas.
En cuanto a las preguntas formuladas para los cinco ejes temáticos, estas fueron por excelencia demasiado ambiciosas, tanto, que arrojaron de los candidatos un sinnúmero de propuestas sin garantía de cumplimiento, con alta dosis demagógica y un perturbador trastorno de desrealización que elude por conveniencia la temporalidad que tendrá el nuevo binomio presidencial. ¿Si en cuatro años de gobierno los presidentes no cumplen con la totalidad de sus planes de trabajo, cómo aspiran estos siete individuos hacer maravillas en menos tiempo?
Sin embargo, este desastre televisivo se quedó corto frente a la contumaz indolencia institucional de quienes intentaron anular de la discusión presidencial -en lo público y en lo simbólico- el execrable hecho que acabó con la vida del candidato Fernando Villavicencio Valencia. Irónicamente sus pares -dos de los siete candidatos- llevaron en sus ropas los listones que el Estado electoral le negó al podio que iba a ocupar “Don Villa” en el debate; también cuatro de ellos mencionaron su nombre, pese a la notoria incomodidad de quienes se sintieron amenazados con cada una de sus críticas, expuestas incluso el mismo día de la inscripción de su candidatura.
¿Dónde quedó la empatía con el extinto candidato y con una democracia cada vez más vulnerable al odio y la criminalidad? Arrumada tras bastidores en un espacio no mayor de metro y medio, ahí -casi imperceptible- se colocó un pequeño listón de cartulina negra y rosas oscuras. Un espacio inobservado por el ajetreo de sus vecinos. En contraste, a las afueras del set de televisión, el candidato presidencial -reemplazo de Fernando Villavicencio- Christian Zurita, junto a un grupo de ciudadanos, pedían ingresar al medio de comunicación para que esa dignidad no quede confinada en el olvido. La negativa fue tajante y la razón es más que obvia: la excepcionalidad en la ley o su aplicación rígida, se deciden y moldean al calor de la supervivencia política y los intereses de sus administradores.
Finalmente, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de este 20 de agosto, el debate electoral dejó dos lecciones importantes a los ciudadanos que acudirán a las urnas: La primera, es que la aparente “solución” de algunos candidatos y ciertos partidos políticos frente a la situación de crisis que atraviesa el país, es abrazar cálidamente la aspiración refundacional que traería consigo un posible llamado a consulta popular, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, con miras a elaborar una nueva norma suprema, seguramente el traje a la medida de quien se siente en Carondelet.
La segunda, tiene que ver con la puesta en escena de la institución debate electoral que, ante la opinión pública, refleja las serias dificultades que tenemos los ecuatorianos para sentarnos a intercambiar ideas y defenderlas por fuera de los esquemas propios de las riñas personalistas de calle, la apología al odio y la venganza, y los guiones prefabricados sin un apéndice de originalidad; esta incapacidad para dialogar entre los candidatos -que muchos pudimos observar en el debate presidencial- es la sintomatología plausible de una grave crisis de identidad política e ideológica que ha hecho de los partidos organizaciones de alquiler -cascaras vacías- o espacios para la transacción de candidaturas improvisadas -sin mayor preparación ni solvencia moral- a costa de la voluntad de los electores.
¡Por el país, a sufragar con responsabilidad!…
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