¿Qué fenómeno destruye más a una sociedad: la inseguridad o la impunidad? La inquietud se hace necesaria frente al silencio que han guardado los dos finalistas en la carrera presidencial respecto de la descomposición del sistema de justicia. Ni Daniel Noboa ni Luisa González se han referido a la sistemática evasión judicial de la que se benefician políticos de turno, funcionarios públicos de alto rango o empresarios relacionados con actos ilícitos. Sobre todo, con la apropiación ilegal de recursos del Estado.
Daniel Noboa jamás tocó el tema de la evasión tributaria de los principales grupos económicos del país. Sería como nombrar la soga en casa del ahorcado. Las empresas de su familia tienen obligaciones con el Estado cuyo incumplimiento no resiste la más mínima justificación.
Luisa González, por su parte, guarda un vergonzoso silencio a propósito del monumental atraco al erario nacional perpetrado durante el gobierno del que formó parte. No piensa escupir al cielo. Peor aún luego de que ofreció a sus electores repetir lo que hicieron durante el gobierno de Correa.
Da la impresión de que ambos candidatos se pusieron de acuerdo en no empujarse a las arenas movedizas de la corrupción.
La corrupción es hermana siamesa de la impunidad. Esta no puede existir sin la otra. Inclusive en la impunidad que se consigue por la fuerza o la violencia –como aquella ligada a las dictaduras militares–, siempre aparece, en el fondo, algún beneficio económico. La liberación de criminales decidida por algunos jueces no se produce únicamente por miedo.
Aunque provoquen efectos similares, la inseguridad y la impunidad operan de formas distintas. La primera se parece a un perro rabioso: su amenaza es palpable, cruda, violenta. La segunda se parece más a un virus que infecta la confianza ciudadana hasta terminar contaminando a todo el organismo social. La impunidad no es tan brutal, pero es igualmente destructiva.
La prescripción del caso de los helicópteros DHRUV que acaba de declarar un tribunal de justicia grafica a la perfección esta lacra institucional. Que cuatro de siete aparatos se hayan caído es prueba suficiente para confirmar graves irregularidades en su adquisición. Pero, además, hay varios militares muertos de por medio, así como el asesinato de un general de la Fuerza Aérea. Un crimen con todos los ingredientes imaginables.
Sin embargo, con la decisión del tribunal se corre el riesgo de borrar los hechos de un plumazo. Dicho de otro modo, se puede tergiversar la realidad. Al no haber responsables, daría la impresión de que no existió el delito. Y, como siempre ocurre en estos casos, los imputados celebrarán con champán la sentencia final absolutoria.
El mensaje que se le deja a la sociedad es perverso, retorcido, monstruoso: los delitos contra las arcas públicas son un gran negocio porque es muy fácil burlar a la justicia.
Octubre 14, 2023
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