El pasado martes, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó de manera contundente el primer proyecto de ley económica urgente presentado por la administración del presidente [Nombre] Noboa. La reforma tributaria, oficialmente denominada «Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo», fue respaldada por 107 legisladores tras un debate que se extendió por más de cuatro horas.
La nueva normativa tiene como objetivo principal impulsar la eficiencia económica y fomentar la generación de empleo. Entre sus disposiciones más destacadas se encuentra la condonación de multas, intereses y recargos para aquellos contribuyentes que liquiden la totalidad de sus deudas vencidas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta la fecha de entrada en vigor de la ley.
Esta medida busca aliviar la carga financiera de los contribuyentes y estimular la actividad económica en el país. La implementación de los cambios propuestos comenzará tras su divulgación en los medios, permitiendo la aplicación inmediata de las reformas legislativas.
Además, el miércoles, el presidente Noboa envió al parlamento otro proyecto de ley urgente para abordar la crisis energética que afecta a la nación. En un comunicado dirigido al jefe del Legislativo, Henry Kronfle, el mandatario resaltó la importancia de la propuesta y explicó que los racionamientos actuales están afectando significativamente al sistema productivo y económico.
El proyecto de Ley de Competitividad Energética propuesto por el presidente Noboa busca superar la crisis del sector eléctrico, proyectando pérdidas económicas que podrían superar los 600 millones de dólares hasta finales de año. La iniciativa incluye reformas a las normas existentes y propone la creación de un fondo de eficiencia energética que abarcará campañas de ahorro, proyectos de recambio de equipos, maquinarias y electrodomésticos.
La propuesta también tiene como objetivo fomentar la autogeneración, impulsar la transición energética, reducir los costos de electricidad y posicionar a Ecuador como un competidor más fuerte en el ámbito energético.
Ahora, corresponde al Legislativo debatir la propuesta en un plazo de 30 días, marcando un paso crucial hacia la implementación de medidas que buscan fortalecer la economía y resolver los desafíos energéticos que enfrenta el país.
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