¡SÍ PODEMOS!
Al comenzar un nuevo año, los mensajes del gobierno son poco alentadores. Las tres propuestas principales, dos Leyes económicas urgentes y las preguntas para la Consulta Popular siguen un camino que no ha dado resultados. Las preguntas insisten en la estrategia fracasada de guerra contra el narcotráfico, con medidas que podrían tramitarse con decisiones legislativas o con simple voluntad política. Se deja de lado una política integral para enfrentar el problema y se desechan preguntas sobre los temas nacionales más urgentes.
Hay alternativas. El Ecuador tiene potencial, diversidad cultural y ambiental, inteligencia, creatividad y, por supuesto, capacidades suficientes para enfrentar todos los retos, como lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. Jamás nos rendiremos ante la desesperanza a la que nos llevan las elites económicas y políticas del país.
A partir de ese reconocimiento, presentamos a la sociedad ecuatoriana las siguientes propuestas, para enfrentar la profunda y multifacética crisis que atravesamos y evitar los típicos parches.
Primera orientación.
La guerra global contra las drogas ha fracasado luego de más de medio siglo de muerte y violencia; hay que enfrentar las drogas y el capital criminal de otra manera.
Las raíces estructurales de la actual ola delincuencial en el Ecuador nacen de un negocio altamente lucrativo, basado en la violencia y el control de la sociedad y en la articulación con carteles internacionales. Puede reproducirse porque se asienta en un vínculo íntimo de las mafias con los grupos de poder económico-político, locales y transnacionales, y con las estructuras del Estado. Para desmontar el negocio hay que partir de una estrategia integral, teniendo presente que el consumo de drogas es ante todo un tema de salud pública.
Debemos caminar a la despenalización controlada de la producción y el tráfico de drogas, y al combate de la acumulación de capitales ligada a estas actividades mafiosas. Requerimos un acuerdo internacional, primero de los Países Andinos, tanto para el control como para la despenalización. Para desmontar el vínculo orgánico del capital criminal con el poder hay que impulsar un proceso de reinstitucionalización democrática del Estado que parta de la depuración de los organismos de seguridad, la policía y la Fuerzas Armadas, una reforma estructural de la justicia y el combate a las diversas formas de corrupción de los grupos de poder articulados al capital criminal. La solución a los problemas de inseguridad no pasa por más represión o militarización de la sociedad, sino por más justicia social.
Requerimos una cultura comunitaria de paz, reconstituir el tejido social, crear poderes propios, y una auténtica reinserción-rehabilitación de las familias cooptadas por las bandas criminales. Impulsar una estrategia de liberar territorios de la violencia y el capital criminal, desde las organizaciones comunitarias y con políticas sociales preventivas, especialmente en las provincias más asoladas por el problema. La educación, salud y oportunidades de empleo para los jóvenes, son fundamentales. Hay que reorganizar el sistema carcelario bajo control de la sociedad y el Estado.
Segunda orientación.
Recuperación del sector energético, sobre todo eléctrico, a partir de la democracia energética.
La tarea no pasa simplemente por alentar la inversión privada en el sector eléctrico, como propone la ley de Competitividad Energética del presidente Noboa. Tampoco es suficiente incrementar la oferta desde el sector estatal. El punto de partida claro es la soberanía energética.
La energía es un derecho, no una mercancía. Para lograr la autosuficiencia energética, necesitamos eficiencia en el aprovechamiento, transformación y uso de la energía, requerimos diversificar las fuentes y las tecnologías energéticas, así como transformar también el consumo. Aquí pueden incluirse organizaciones sociales y gobiernos locales en comités locales de política energética hacia una creciente y efectiva democracia energética.
El nuevo sistema energético combatirá la “pobreza energética”, usará mejor el alto potencial hidroeléctrico y de energías alternativas, y promoverá el uso eficiente de la energía. Esta transición potenciará la mencionada democracia energética, es decir, la participación de comunidades de consumidores y consumidoras, emprendimientos generadores de energía, municipios y prefecturas, el gobierno central y, por supuesto, la integración regional.
La viabilidad del sistema energético tiene que darse en armonía con la Naturaleza y la sociedad, logrando un verdadero fortalecimiento legal e institucional.
Tercera orientación.
Reactivación económica con equidad, sustentada en la justicia social y ecológica.
Es indudable la gravedad de la crisis que atravesamos. Para enfrentar los problemas económicos, sobre todo el fiscal y de empleo, el gobierno propone una serie de paños de agua tibia, que, además, conforman un paquete de beneficios para los grandes grupos económicos. Su proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo propone, una vez más, la condonación de millonarias deudas en firme con el Sistema de Rentas Internas; profundiza el sistema de zonas francas, verdaderos archipiélagos de extraterritorialidad orientados a la exportación, en los que se desvanece la aplicación de los derechos laborales y las normas ambientales y se ofrecen significativos beneficios fiscales a los inversionistas. Además, se permitiría a los inversionistas vender parte significativa de su producción en el mercado doméstico, afectando a los productores nacionales.
Proponemos un giro de timón que permita dar paso a una efectiva reactivación económica sobre el respeto de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Entre otras medidas hay que empezar con las siguientes:
- Sobre la base del principio de quien más gana y más tiene, más contribuye, se debe subir el impuesto a la renta de las personas naturales que ganan más que el presidente de la República. Crear un impuesto extraordinario a las utilidades de la banca, un impuesto especial a las ganancias extraordinarias de los negocios dominados por grupos oligopólicos, volver al 5% el impuesto a la salida de divisas (ISD) y un impuesto a los grandes patrimonios.
- Hay que usar no menos de 1.500 millones de dólares de la reserva monetaria para reactivar la economía. Se entiende que hay que hacer un uso sensato de esos recursos.
- Retirar los subsidios que reciben las empresas mineras y los grandes grupos económicos. Se debe revisar y desmontar el paquete anual de exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios (por no menos de 2.000 millones de dólares al año) que van a los bolsillos de los segmentos más ricos de la población.
- Renegociar los contratos con las dos telefónicas extranjeras oligopólicas. Renegociar los contratos petroleros que son lesivos a la economía nacional, y dar paso a la reversión inmediata del Oleoducto de Crudos Pesados – OCP a manos de PetroEcuador. Ambas medidas permitirán recuperar dos mil millones de dólares.
- No podemos sacrificar el futuro del país para intentar sostener un pago de deudas que impiden recuperar la economía. A partir de ese principio se puede suspender el pago de dicha deuda hasta que se introduzcan ajustes que no afecten las inversiones sociales. La deuda interna puede renegociarse más fácilmente difiriendo los pagos del Ministerio de Economía y Finanzas al Banco Central.
- Para alentar la reactivación económica popular hay que reducir el costo de los créditos con la intervención directa de la banca estatal (Banecuador), la banca pública no estatal (BIESS), el Banco del Pacífico (que se debería entregar al IESS en dación de pago), las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas de ahorro comunal. Debe abrirse una reflexión sobre los límites del sistema monetario dolarizado que rige en el país
- Con el fin de ampliar la disponibilidad de recursos por el lado de la demanda, se puede reducir el IVA del 12% al 10 %.
- Con los recursos disponibles, el Estado impulsará un agresivo plan de inversiones para generar empleo y transformar la economía. Atención urgente a las demandas del agro, sobre todo al campesinado, las medianas y pequeñas empresas del campo y la ciudad, las cooperativas, asociaciones y comunidades. Los recursos deben invertirse en obra pública y en servicios del Estado: educación, salud, bienestar social, vivienda e inclusive seguridad ciudadana.
Cuarta orientación
Recoger, reivindicar y transformar en poder político el triunfo electoral del Yasuní y el Chocó Andino.
En las elecciones de agosto, los resultados de las dos consultas populares dieron un triunfo indiscutible a la lucha ecológica en el país. En un hecho singular en el mundo, decidimos democráticamente dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra y no permitir la explotación minera en el Chocó Andino. Un rotundo SI A LA VIDA retumbó en el mundo entero.
Más de cincuenta años de explotación petrolera dejaron en la Amazonía norte contaminación de los ríos, del aire, de las tierras cultivables; cáncer, desnutrición, explotación sexual, desempleo, narcotráfico, violencia y muerte. Mientras tanto, el país sigue sumido en la miseria y el subdesarrollo. Es el momento de transitar hacia un país postpetrolero y postextractivista. Este es el mayor desafío de los siguientes años. Para lograrlo, la unidad es el único método posible.
¡Por una economía y un suministro eléctrico al servicio de las grandes mayorías!
¡Por una sociedad que levante sólidas bases de seguridad ciudadana sin más represión!
¡Por un país que se piense y construya desde la equidad social y ecológica!
Ecuador, 8 de enero de 2024
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