Por Paulina Cepeda Pico
El 31 de enero del 2022, un devastador aluvión golpeo al barrio La Gasca en Quito, dejando 28 personas
fallecidas. Posteriormente, en marzo del 2023, Guayaquil se vio afectada por inundaciones que dejaron 18
fallecidos. El 26 de marzo del mismo año, un deslave en Alausí provocó la pérdida de 35 vidas. Nuevamente
en Quito, el 15 de julio del 2013, el viaducto de la calle Gualaquiza, ubicado en el antiguo aeropuerto,
colapsó, resultando en una víctima mortal. El 28 de mayo del 2020, una vivienda se desplomó en San
Roque, cobrando la vida de dos personas. Finalmente, el 24 de enero del 2024, un fragmento de concreto
se desprendió de un edificio en la zona de La Carolina y una persona falleció.
¿Qué sucede, pero, además qué pueden tener en común estos sucesos? Además de las tragedias individuales,
el denominador común es un desarrollo urbano incoherente y la persistencia de una lógica de planificación
tradicional desactualizada. Queda claro que nuestras ciudades siguen siendo planificadas y normandas
desde una perspectiva idealista y se evade la realidad de los territorios. Observamos tendencias de
localización que fomentan y reproducen la informalidad, así como la consolidación de atractivos que
intensifican la exclusividad. Además, hay una demanda de servicios para densificar y expandir, mientras
que otros servicios se subutilizan en áreas que comienzan a despoblarse.
En Quito, los rápidos y descontrolados procesos de urbanización tienen consecuencias significativas. Por
un lado, la expansión del territorio está directamente vinculada al aumento de la vulnerabilidad. Por otro
lado, la búsqueda de la densificación mediante incentivos al crecimiento inmobiliario en altura y su
cuestionado proceso edificatorio en zonas rentables también genera vulnerabilidad. Ambas dinámicas son
parte de procesos naturales de nuestras ciudades, pero la planificación y la política urbana vigentes intentan
restringir e hiper normar su implementación. Procesos que fallan en un intento de ir contranatura e incluso
los resultados son inversos a los esperados.
La producción inmobiliaria y urbana busca constantemente nuevas técnicas constructivas y planes urbanos
sostenibles, que promuevan la calidad de vida y la construcción de ciudadanía a través de espacios públicos
verdes y atractivos a la población e inversión. Sin embargo, la realidad es que desde 2012 se ha señalado
que el 65% de las viviendas en Quito han sido mal construidas, y en 2022 se advirtió que el 94% de las
construcciones no resistirían un terremoto. A pesar de no lograr la misma percepción de la inseguridad
ciudadana por violencia, vivimos en un riesgo constante por la condición edificatoria. ¿Qué hacemos al
respecto y quién asume la responsabilidad? ¿Al igual que un médico puede ser culpable de la muerte de un
paciente por un diagnóstico tardío, también lo puede ser un paciente por no tomar responsabilidad?
Hay reglas, pero no hay vigilancia
Antes del 2010, las discusiones sobre seguridad en la construcción se centraban en un sistema de registro y
aprobación de planos y licencias que carecía de severidad, además de estar vinculados a ciertas prácticas
corruptas y burocráticas. A partir del 2013, la creación de las entidades colaboradoras en el marco de una
asociación pública privada, inicialmente gremial, junto con la implementación de reglas técnicas rigurosas
(NEC), no solo agilizó los procesos, sino que también garantizó la construcción de edificaciones que
cumplen con estándares de seguridad, garantizando así la calidad de vida de los ocupantes.
En el proceso actual las Entidades Colaboradoras cumplen su función de aprobación, la Administración
Zonal otorga los permisos, y la Agencia Metropolitana de Control emite los certificados de habitabilidad,
supervisando el cumplimiento de los diseños previos. En consecuencia, la construcción formal ha
experimentado mejoras significativas en la última década. Sin embargo, surge la duda ¿Dónde y cómo falla
el proceso?
Los procedimientos de habitabilidad se centran en supervisar el cumplimiento final de los planos aprobados, sin considerar fases previas ni realizar pruebas y monitoreo de estructuras, acabados e instalaciones. Este enfoque de control insuficiente puede conllevar a generar una mayor vulnerabilidad y riesgo. Si bien el diseño puede cumplir con las normas, es en la ejecución y el control donde la rigurosidad puede genera prácticas que por reducir costos comprometen la calidad y seguridad. El incumplimiento de normas constructivas puede ser adaptaciones o evasiones menores en la forma, pero también pueden ser ajustes técnicos y estructurales de fondo que introducen nuevos riesgos. Este fenómeno en grandes escalas, ha dado lugar en otras regiones, como Ciudad de México, a una lógica de corrupción inmobiliaria que ha resultado en pérdidas humanas, y funcionarios y empresarios detenidos. Entonces, ¿Existe riesgo en la formalidad y formalidad en zonas de riesgo?
Vacíos y flexibilización en las reglas.
A este desafío se suman dos hechos técnicos y legales de relevancia. En primer lugar, durante ciertos
procesos de negociación, las inmobiliarias logran obtener un mayor número de pisos o cambios de uso de
suelo, aprovechándose de la planificación urbana que permiten la creación de normativas a la carta, mientras que las reglas nacionales no se han ajustado en consecuencia. Por otro lado, al momento de la venta, las constructoras traspasan legalmente su responsabilidad, y los propietarios tampoco asumen dicha
responsabilidad por una edificación que no construyeron, generando así un cuello de botella y un vacío en
las garantías.
En este contexto, resulta cruciales procesos posteriores de evaluación y control continuo de la formalidad,
considerando aspectos como calidad, antigüedad y materiales. No podemos pasar por alto que una
edificación residencial tiene en promedio una vida útil de entre 50 a 100 años, mientras que las grandes
infraestructuras de hasta 200 años. Tras el sismo de Manabí en 2016, Hugo Yepes, experto en riesgos,
destacó que ¨los terremotos no matan gente, los edificios mal construidos son los que matan gente¨. Por
tanto, no podemos limitar el problema a la lógica de legalización y regularización o a la informalidad de
asentamientos.
Al centrar el análisis únicamente en la informalidad, dejamos aspectos importantes por fuera de la ecuación.
Por ejemplo, el barrio Solanda, considerado un asentamiento formal, se encuentra en riesgo desde 2017.
Además, barrios formales como La Gasca, El Condado, La Comuna, San Carlos están amenazados por
riesgos a deslizamiento, y hasta el momento no han tomado medidas al respecto. Así que, ¿Es la mera
regularización la opción adecuada para garantizar la calidad y seguridad habitacional de los quiteños? La
cuerda floja en este dilema se ubica alrededor de la problemática de desarrollo urbano, la flexibilización de
normativas y la falta de responsabilidad en la construcción, desde una dudosa ética y responsabilidad
técnica. Donde se evidencia un escenario donde los intereses políticos y privados compiten con la prioridad
y demanda social.
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