En Ecuador -como en otros países de la región y el mundo- los mecanismos de democracia directa que se activan desde arriba, es decir, desde el Ejecutivo, cumplen una doble función: por un lado, sirven para evaluar el rendimiento y la calidad del sistema decisional y político del Estado, así como la eficiencia y efectividad de la democracia representativa y su institucionalidad; y, por otro, son de utilidad para prefabricar una plataforma electoral destinada a medir con votos la aceptación del “gobierno candidato” en el próximo Referéndum y Consulta Popular del 21 de abril de 2024. De esta manera, las 4 preguntas de referéndum y 6 de consulta popular, buscarían -al menos en teoría y sin un efecto inmediato- resolver el desencuentro entre un anacrónico y golpeado sistema de seguridad estatal, y una nueva normalidad marcada por el recrudecimiento de la violencia, el terrorismo urbano operativizado por más de una veintena de bandas narco-delincuenciales y la puja constante por el restablecimiento de la armonía social.
Temas que -paradójicamente- nunca ocuparon la centralidad de las propuestas de campaña del ahora presidente Daniel Noboa y que, pese a ello, al calor de la gestión gubernamental y de la coyuntura social, son la razón de Estado del “Proyecto Noboa” que impulsa la unidad nacional en torno a la paz, y cuyo principal framing de campaña (el “Caballo de Troya electoral”) para este referéndum y consulta popular, así como para la venidera elección presidencial de 2025, es el robustecimiento de su legitimidad de origen patrocinada por la “guerra interna”: un estado de excepción prolongado que alimenta sentimientos de seguridad y protección en los ciudadanos.
Tan bien posicionada está la narrativa del Gobierno Nacional sobre la “guerra interna”, que en nombre de ella los históricos desafectos ciudadanos hacia los impuestos quedaron relegados bajo la consigna de que es mucho más conveniente que la gente entregue su dinero al Estado -a través del incremento permanente al Impuesto del Valor Agregado (IVA) del 12% al 13%, con la posibilidad de que el Presidente modifique la tarifa dentro del rango del 13% al 15% mediante Decreto Ejecutivo, antes que destinarlo a malandrines drogodependientes y vacunadores. Consigna bélica que, con el mismo paso del tiempo y de no existir contrapesos, se podría convertir en un peligroso “dejar hacer y dejar pasar” en constante coqueteo con el hiperpresidencialismo autoritario.
En este escenario, ¿cuál es el mérito de Noboa? Su practicidad. Sin ser ni de lejos un estadista -como generosamente el ex presidente Osvaldo Hurtado lo calificó- Noboa puso el dedo en la llaga, no solo anuló al precandidato marketeado de la seguridad (Jan Topic, cuarto en las elecciones anticipadas 2023) para apropiarse de su eje de campaña, sino que hizo suya la tarea irresuelta por unas élites devaluadas y beneficiarias de la democracia representativa que priorizaron -casi exclusivamente- el reparto del Legislativo antes que el sintonizar con la preocupación central de la mayoría de ecuatorianos: la inseguridad, al menos así lo considera el 44,5% de ciudadanos encuestados por la empresa Comunicaliza, en su último estudio del 28 de enero de 2024, cifra que se empareja con el 25,5% que creen que la lucha contra la delincuencia debe ser la mayor prioridad en la que tanto el Ejecutivo y como el Legislativo deben trabajar, incluso por encima de la lucha contra la corrupción (17,3%).
En sí, este Referéndum y Consulta Popular del próximo 21 de abril puede marcar el inicio de una lid electoral de mediana y larga duración, al menos si los resultados le son favorables al Presidente Noboa, ya que la democracia directa representa el primer elemento de una triada integrada también por la obtención del partido político propio (el partido de gobierno que hoy no existe) al amparo de un sistema electoral clientelar y la ansiada reelección del mandatario en 2025. Si este andamiaje opera de manera coordinada y sin contratiempos políticos, los ecuatorianos asistiremos a un nuevo periodo de extensa estabilidad (al menos cinco años y medio), liderado por un “gobierno candidato” que abraza el populismo de derecha y que mira en los criterios de política pública de los ciudadanos su puerta de ingreso a la continuidad.
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