La consulta popular convocada por el gobierno de Daniel Noboa puede ser abordada desde tres ópticas. Una primera se refiere al contenido de las preguntas. Un asunto importante, aunque no prioritario a la luz de las experiencias pasadas y considerando la situación del país.
Los contenidos de las consultas populares adolecen de dos problemas. Por un lado, solo se los aplica en función y a la medida de las conveniencias del poder de turno. Ya sean aprobadas o rechazadas en las urnas, siempre se busca la forma de estirar al máximo la interpretación jurídica. Para muestra un botón: las reacciones para escamotear los resultados de las consultas del Yasuní y del Chocó Andino evidencian el desapego democrático e institucional de los grupos de poder.
Por otro lado, todas las consultas echan mano de una perversa ambigüedad a fin de desnaturalizar su esencia democrática. Las preguntas “gancho” constituyen la tónica para intentar pasar de agache los temas de mayor interés para los sectores interesados en obtener algún beneficio. Y eso obliga a los votantes a realizar unos ejercicios de malabarismo o de contorsión complicadísimos. O de abierta esquizofrenia.
En lo que ocurre a propósito de las preguntas para referéndum en la próxima consulta. La extradición de ecuatorianos y la eliminación del mercado de garantías jurisdiccionales (casilleros B y C) pueden contar con el apoyo de sectores sociales que, sin embargo, estarán absolutamente en contra de someter al país a los arbitrajes internacionales o aplicar el trabajo por horas (casilleros D y E). Estas últimas dos preguntas atentan flagrantemente contra los derechos del Estado ecuatoriano y de los trabajadores. Pero como en la lógica electoral únicamente se impondrán las opciones por el SI o el NO a todas las preguntas, resulta imposible ejercer un voto coherente y responsable con las necesidades del país.
El segundo abordaje tiene que ver con la pertinencia de la consulta. Consultar al pueblo en medio de un estado de excepción es un absoluto contrasentido. Ni siquiera se sabe qué va a suceder con el conflicto armado interno luego de la consulta. Si la violencia criminal recrudece y el gobierno se ve obligado a intensificar la represión, podría ocurrir que no se puedan poner en práctica los resultados de la consulta.
Y si el presidente Noboa pensaba ratificar su aceptación ciudadana, no necesitaba convocar al pueblo a las urnas. Con los índices de popularidad que ostenta, y con una sociedad encandilada por la militarización del espacio público, debería más bien dedicarse a resolver los graves problemas que afectan a la sociedad y que no requieren de una consulta popular. Además, las seis preguntas de consulta pueden ser procesadas y resueltas con otros dispositivos institucionales.
El tercer abordaje –y este sí el más importante– se refiere al verdadero sentido de la consulta. No se requiere de mucha inteligencia para darse cuenta de que la consulta popular es el primer peldaño en la escalera hacia la reelección de Noboa en 2025. En ese sentido, de ser un instrumento para decisiones cruciales para el futuro del país, la consulta queda reducida a un adminículo electoral. Poco importan su pertinencia ni mucho menos sus contenidos. Lo fundamental para el gobierno es ganar y arrancar con más fuerza hacia la siguiente elección.
En esas condiciones, la consulta popular de abril de 2024 se vuelve inoficiosa.
Marzo 18, 2024
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