Las candidatas y candidatos a la Vicepresidencia de la República no pueden seguir siendo mimos que reparten sonrisas y señas en la campaña electoral, tampoco administradores de un edificio colonial del centro histórico de Quito, o, peor aún, figuras desechables del gobierno de turno.
Por ello, ante la negativa silenciosa, premeditada y convenida de un Estado en constante conflicto entre su rol de árbitro electoral y su papel de candidato; la sociedad civil y la academia deben asumir el debate vicepresidencial como un bien público al servicio de los ciudadanos. Solo así, se podrán romper el anonimato y las barreras impuestas por una visión totalmente atrabiliaria y prejuiciosa que estimula la censura y la discriminación contra los candidatos a esta dignidad -la mayoría mujeres- quienes tendrán la dura tarea de cambiar un histórico ciclo de discordias y odios institucionalizados, pero también de conspiraciones, cuya etapa más degradante ha sido -precisamente- la actual transición.
Consecuentemente, este evento gozaría de alta incidencia en la opinión pública si -con el apoyo de los medios de comunicación y en consenso con las y los candidatos- se realiza una semana antes de la segunda vuelta presidencial (si la hubiera), es decir el 16 de marzo de 2025; ya que aumentaría el nivel de expectativa en el balotaje con miras a que los aspirantes a Carondelet amplíen, reafirmen o incluso rectifiquen lo dicho por los vicepresidenciales.
Solo así, los votantes tendrán la oportunidad de conocer -de manera integral- los méritos, perfiles, trayectoria y, sobre todo, la función que desempeñará cada candidato a la Vicepresidencia en caso de llegar al poder. Situación que le permitirá a los ciudadanos medir el grado de compromiso y coordinación del binomio presidencial en su conjunto, pero también, pondría en evidencia prematuras contradicciones y disfuncionalidades de esta fórmula electoral; un riesgo que no quieren correr, tanto los candidatos improvisados como aquellos que aspiran a quedarse en el poder.
Pero realizar un debate vicepresidencial tiene un valor agregado, sería el primer careo entre quienes -por mandato constitucional- están obligados a asumir las riendas del gobierno y del Estado, en ausencia temporal o definitiva del Presidente de la República. Algo que no es poca cosa, si consideramos el constante clima de inestabilidad e improvisación política que existe en el Ecuador, por la forma irresponsable y antidemocrática con la que los dueños de los partidos conforman varias de las listas electorales.
Sin embargo, para que exista un verdadero debate vicepresidencial, no basta solo la buena predisposición de un proponente, ni la aceptación explicita de las y los intervinientes en sus respectivas redes sociales (X); porque -al amparo de la no obligatoriedad de este evento y de una lectura conformista del Código de la Democracia- algunas candidatas y candidatos pudieron escribir cualquier cosa con tal de no quedar mal ante la respuesta favorable de la ciudadanía. Aquí, al igual que en el debate presidencial, la metodología juega un rol crucial para no maquillar los errores del pasado al amparo de cualquier reforma, por más consensuada que esta sea.
En este sentido, la materialidad de voluntades digitales a favor del debate vicepresidencial solo se hará efectiva con el activismo y la gestión política de carne y hueso. Es decir, a través de acuerdos firmados -por escrito- que trasciendan las diferencias políticas e ideológicas (los “ismos”) de cada candidato y candidata. De lo contrario, todo esfuerzo, por más loable que sea, perecerá ante la eutanasia estatal de la negligencia y el conformismo electoral.
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