La criminalidad en América Latina y el Caribe cuesta un 3.5% del PIB anual, según informes del BID y FMI. Además de afectar la economía con pérdida de productividad y turismo, fomenta desigualdad. Urgen estrategias basadas en datos para combatir este impacto.
Por InSight Crime
Los altos índices de criminalidad en América Latina y el Caribe cuestan miles de millones de dólares anuales a las economías de la región, según dos nuevos informes que llegan a la misma conclusión utilizando métodos diferentes.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó recientemente una edición actualizada de sus informes de 2015 y 2017, titulada “Los costos del crimen y la violencia”, que busca cuantificar el impacto económico de la violencia y la delincuencia en América Latina y el Caribe para sentar las bases de soluciones eficaces.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) también publicó un informe que examina la relación entre el crimen, la inseguridad y la macroeconomía en la región.
Ambos documentos demuestran que el crimen y la violencia perjudican a las economías locales y nacionales, reforzando conclusiones anteriores. A continuación, examinamos cómo estos estudios profundizan nuestra comprensión del daño económico causado por el crimen organizado y sus posibles implicaciones políticas.
¿Cuánto cuesta el crimen?
Ambos informes coinciden en que los costos de la criminalidad son enormes.
El BID enmarca los costos en términos de PIB, concluyendo que el precio directo promedio del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe es del 3,5% del PIB. En una región cuyo PIB colectivo anual es de billones de dólares, esto se traduce en cientos de miles de millones de dólares en pérdidas económicas anuales para toda la región.
Para Brasil, que tiene la economía más grande de la región, eso significó una pérdida de US$76.000 millones en 2023 y casi US$63.000 millones para México, la segunda más grande.
Por otra parte, el FMI señala que cuando los homicidios aumentan un 10%, la actividad económica local disminuye un 4% a nivel municipal. El informe encontró que la percepción sobre el crimen también importa. Un aumento del 10% en la proporción de noticias relacionadas con crímenes se asocia con una contracción del 2,5% en la producción industrial. La organización resalta la importancia de examinar los datos a nivel local, señalando que los homicidios varían significativamente dentro de los países y que los promedios nacionales ocultan importantes diferencias regionales.
Los homicidios impactan directamente a la economía, ya que las víctimas dejan de participar en el mercado como trabajadores o consumidores. Las víctimas que no mueren a causa de los delitos a los que están expuestas también suelen dejar de trabajar temporalmente. Los delincuentes que son capturados y encarcelados no contribuyen a la economía legal. Del mismo modo, delitos como la extorsión, el robo y el contrabando sacan dinero de la economía legal y lo ponen en los bolsillos de los delincuentes.
Además, la violencia y el crimen suprimen la actividad económica al obligar a las empresas a evitar zonas de alta criminalidad o a trasladarse fuera de ellas. La criminalidad también puede contribuir a una disminución de la productividad laboral, afectando a la capacidad de los trabajadores para llegar a sus puestos de trabajo o realizarlos de forma segura. Los altos índices de criminalidad también pueden producir otros impactos económicos, como la disminución del turismo o el fomento de la emigración.
Los recursos destinados a la seguridad también tienden a aumentar tanto en el ámbito público como en el privado. El FMI calcula que el gasto público en seguridad asciende a casi el 2% del PIB regional.
“Son recursos que en un escenario sin crimen y sin violencia podrían destinarse a fines alternativos para aumentar el bienestar social”, según el BID.
El crimen también puede contribuir a la inestabilidad y la desigualdad, creando un círculo vicioso en el que cada fenómeno alimenta a los demás.
¿Cómo medir el costo del crimen?
Los informes del BID y del FMI experimentan con nuevos métodos para cuantificar el impacto económico del crimen. Mientras que el BID intenta cuantificar el costo a nivel regional, el FMI examina la percepción de la delincuencia a un nivel más local.
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