Por
“El negocio de la droga es lo más capitalista que se pueda imaginar. La ilegalidad significa un negocio sin regulación, sin seguridad laboral, sin control de calidad, sin impuestos, sin regulaciones medioambientales, sin convenios colectivos, sin sindicatos o leyes antimonopolio. Este negocio multimillonario se desarrolla exclusivamente según la ley del más fuerte (el libre mercado en su máxima expresión). Las condiciones marco, bajo las cuales operan los actores/cárteles se renegocian continuamente con dos instrumentos: corrupción para el control a largo plazo y estallidos de violencia específicos para expandir o defender el área de negocios. La represión del Estado -o de aquella parte de las fuerzas de seguridad que no han sido sobornadas, o que lo hayan sido por otra organización- es parte calculada en el negocio de cada actor. Pero el mercado siempre puede fiarse de algo: la demanda nunca se reduce”.
-Bernd Pickert (redactor del diario alemán Taz)
Ecuador sorprendió al mundo con un estallido de violencia que se venía cocinando desde hace varios años. Un país considerado como “una isla de paz”, se ha transformado en un polvorín en llamas. En poco tiempo se dispararon los índices de violencia, en todos los ámbitos de la vida, incluyendo las de género, pero sobre todo las violencias criminales. De ser uno de los países más seguros en la región, el año 2023 concluyó a la cabeza de la lista de las naciones más violentas, con 47 homicidios por cada cien mil habitantes.
Aquí cabe preguntarnos cómo llego Ecuador a esta dolorosa realidad. Sin pretender fijar un punto indiscutible y menos caer en aquellas lecturas obtusas que quieren endilgar el problema a uno o a otro grupo político, bien podemos decir que la pandemia y su manejo, así como la política económica de los últimos años -que busca reducir el tamaño del Estado-, incluyendo los cambios en el negocio transnacional de la droga, aceleraron el deterioro.
Ecuador, en relativamente poco tiempo, se transformó en una suerte de centro logístico o plataforma del crimen organizado. Este país ubicado entre Colombia y Perú dejó de cumplir un papel relativamente secundario en la narco-economía internacional. Ecuador, incluso, pasó a ser otro productor y suministrador de droga, al tiempo que adquirió relevancia internacional por la presencia de grupos mafiosos transnacionales, especialmente de México y Europa. Particularmente, el puerto de Guayaquil se convirtió en el punto de partida de la mayor cantidad de cargamentos de droga a Europa, sobre todo mezclados con el banano (conocido como narcobanano), el principal producto de agroexportación ecuatoriano a ese continente.
A partir de esta constatación, con un Estado que actúa por excepción a favor del bienestar de su población, analicemos los efectos de la propuesta de militarizar la sociedad para enfrentar esta creciente inseguridad.
Entretelones de una crisis impredecible…
El 23 de noviembre de 2023 asume la presidencia de la República del Ecuador Daniel Noboa Azin, para un breve periodo de gobierno tras la muerte cruzada decretada por el gobierno de Lasso y la consiguiente llamada a elecciones anticipadas presidenciales y legislativas. Entre el 7 y 8 de enero de 2024, el gobierno se percata de la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Fabricio Colón Pico, líderes de dos de los grupos de delincuencia organizada más poderosos del país y con conexiones con el crimen transnacional dedicado al narcotráfico (Choneros y Lobos, respectivamente). Ese mismo día se retienen a guías penitenciarios y se amenaza con asesinarlos, entre otros incidentes violentos registrados en las cárceles del país. Estos hechos de violencia se suman a una serie de actos brutales que venían escalando en el país desde la primera masacre carcelaria registrada en 2023, con un saldo de 413 presos asesinados. El 9 de agosto de 2023 en plena campaña electoral ya había sido asesinado el candidato presidencial Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia.
Ante la crisis de seguridad desatada, el mismo 8 de enero de 2024, el presidente Noboa decreta el primer “estado de excepción”, de los 8 suscritos por su gobierno en 10 meses; una práctica muy repetida en el gobierno anterior de Guillermo Lasso, que recurrió 11 veces a ese tipo de decretos en sus casi 2 años de gestión; lo que indica que la presencia militar en las calles ya tiene casi cuatro años. El 9 de enero un grupo de delincuentes se toman durante un breve lapso de tiempo el canal gubernamental TC televisión, hecho trasmitido en vivo (y no totalmente aclarado), que creó mucha zozobra en la sociedad. De manera inmediata a lo sucedido, el presiente Noboa por decreto presidencial número 111 reconoce en Ecuador la existencia de un conflicto armado no internacional.[3] Por el mismo se dispone la movilización de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, las 22 organizaciones terroristas reconocidas en el decreto y otros actores estatales no beligerantes. Esta respuesta del gobierno va delineando su política de seguridad que luego se confirmará con el resultado del Referéndum y Consulta Popular del 21 de abril del 2024.[4]
La mayoría de la población ecuatoriana, agobiada por un ambiente de inseguridad totalmente sorpresivo, decidió que se reforme la Constitución, entre otros temas, para que la FFAA apoyen las funciones de la Policía Nacional en el combate al crimen organizado, y que realicen controles permanentes en todos los accesos autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. Igualmente, en este proceso electoral se ampliaron aún más las penas para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia, todo en el marco de un creciente populismo penal.[5]
A partir de la declaratoria del conflicto armado interno y de los resultados del Referéndum, el Gobierno despliega una política de seguridad basada en el abuso de los estados de excepción y la permanente militarización de las cárceles y del país mismo. En atención a lo expuesto, es interés nuestro hacer un breve análisis crítico de los efectos y resultados de esta política, desde la declaratoria del conflicto armado no internacional hasta el día en que se redacta este artículo.
Unas preguntas preliminares
Antes de entrar a leer los efectos que los estados de excepción y la militarización del país ha tenido en la vida social y sobre todo en la aplicación y garantía de los Derechos Humanos, es necesario plantear como premisa de nuestro análisis que la crisis de seguridad que atraviesa el Ecuador tiene dos causas extructurales:
1. El desarrollo y expansión del capital criminal en toda la región, articulado a la economía del narcotráfico principalmente al negocio de la cocaína.
2. La aplicación agudizada del neoliberalismo pre y pos pandemia que ha empobrecido fuertemente a la sociedad y ha debilitado la institucionalidad estatal.
Es importante hacer este doble señalamiento en razón de comprender que la violencia criminal que se ha desatado en el Ecuador no responde a un hecho circunstancial, eventual y transitorio. No estamos hablando de violencia subjetiva solamente sino fundamentalmente objetiva, no se trata solo de la operación de grupos de delincuencia organizada nacionales, sino de una estructura criminal internacional vinculada a la actual reproducción del capital criminal cada vez más atado a la lógica de funcionamiento del resto de la economía.
Hecha esta necesaria aclaración, presentada como premisa de nuestro análisis, cabe hacerse la pregunta: ¿La política desarrollada por el gobierno de Noboa a partir de reconocer un conflicto armado no internacional es una política de seguridad ciudadana? Es decir, ¿se trata de delinear acciones inmediatas, mediatas y de largo plazo para satisfacer las demandas de la ciudadanía individual y colectiva, mejorar las condiciones de vida de toda la población y a partir de ello configurar comportamientos, valores y hábitos que se correspondan con los códigos de justicia, equidad y pacificación de nuestra sociedad? ¿Se identifican las causas estructurales de la inseguridad ciudadana, la violencia, la delincuencia y el crimen que afecta a toda la sociedad, entendiendo que éstas causas son problemas de orden público y no privado, y que se debe tomar decisiones interinstitucionales y destinar todos los esfuerzos de múltiples actores, así como recursos físicos, económicos y jurídicos adecuados?
¿O, se trata de una política de seguridad del Estado basada en el ámbito militar y centrada no en el ser humano como el eje beneficiario sino en el propio aparato estatal? ¿Se impulsa acaso una seguridad del Estado para garantizar la reproducción actual del capital que se caracteriza por la imbricación entre capital legal y capital ilegal?
Téngase presente que en Ecuador gobierna el hijo de una de las más grandes fortunas del país.
Del dicho al hecho, un doloroso trecho
En los dos primeros meses en que los militares asumieron el control de las cárceles y el patrullaje en el territorio nacional hubo una reducción en la tasa de muertes violentas, la misma que fue nuevamente creciendo desde el mes de marzo hasta llegar a su tope máximo en el mes de junio donde se perpetraron 592 asesinatos. Así también, según la Policía Nacional se registran una duplicación de los crímenes de extorsión y secuestro respecto al año 2023. Otro dato importante es la incautación de 204 toneladas de cocaína durante lo que va del año 2024, un 25% más que en el año anterior. Estos datos oficiales nos indican que, si bien la criminalidad ha dejado de crecer por primera vez desde el año 2019, la militarización no ha logrado bajar el nivel de violencia criminal ni reducir las operaciones de acopio y exportación de cocaína en el país. Es decir, no es una política que combata eficientemente la violencia criminal, en especial vinculada al negocio del narcotráfico.
Entre el mes de agosto y septiembre de 2024 han sido asesinados 4 funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), por orden de los grupos de delincuencia organizada que siguen con el control de las cárceles militarizadas.
No es difícil entender, además, que la permanencia prolongada de los militares en las cárceles conlleva su penetración y corrupción por las redes criminales igual que ha pasado con la Policía Nacional y el mismo SNAI. Si bien no se han registrado masacres carcelarias, por enfrentamientos de los grupos criminales, varios presos han fugado, siguen ingresando celulares, droga y armas a las prisiones y desde allí se ordenan asesinatos en las calles. Todos estos datos son indicadores de que la presencia de los militares en las cárceles -con el fin de controlar y eliminar las redes criminales que operan dentro y fuera de las mismas- muestra su fracaso.
A 9 meses de la declaratoria de guerra interna y la militarización del país, el Comandante General de la Policía Víctor Hugo Zárate reconoce que no se ha desarticulado a ninguno de los 22 grupos criminales declarados como terroristas.[6] Este reconocimiento es la aceptación del fracaso de la política de seguridad que se abrió con el conflicto armado interno y los recurrentes estados de excepción. Ni como política de seguridad ciudadana y ni como política de seguridad nacional, la militarización del país no ha servido para controlar el avance de la violencia ligada a las operaciones del capital criminal y sus organizaciones delictivas.
Sin embargo, lo que si ha provocado la militarización de las cárceles es un aumento de los casos de violación de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad. Los organismos de los derechos humanos han denunciado maltratos, torturas, muertes por falta de atención alimentaria y sanitaria y asesinatos perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas. Asesinatos a golpes que se reportaron como muertes por paro cardiaco, torturas con descargas eléctricas, gas pimienta, simulacro de ahogamiento, agresiones sexuales y un largo etc. Xavier Gracia murió el viernes 20 de septiembre tras un cuadro agudo de desnutrición y anemia producto de la falta de alimento en las prisiones. Todos estos crímenes de Estado que se han denunciado no tienen la respuesta en investigación ni sanción según el octavo informe del Comité de la ONU contra la tortura, presidido por el mexicano Claude Heller. [7]
A esto se suman las amenazas a defensores de derechos humanos, periodistas y funcionarios públicos que denuncian la violación sistemática de los Derechos Humanos que se viene dando bajo los estados de excepción y la declaratoria de guerra interna. Las calles del país no han escapado de los patrullajes militares de consecuencias mortales, el caso más emblemático es de Carlos Javier Vega: el 2 de febrero de 2024, el joven de 19 años recibió cuatro impactos de fusil militar que acabaron con su vida; ¿qué crimen cometió? Pasar con su mascota al veterinario por un retén de control militar. La respuesta inmediata de los militares fue que era terrorista que se había resistido, tres, meses después aseguraron que fue un error. Otro caso representativo de la violencia estatal es la desaparición forzada de David Loor a manos de las FFAA. Violaciones a jóvenes sin ninguna vinculación a los grupos de la delincuencia organizada hay algunos casos ya denunciados. Respecto a miembros de los grupos se han reportado 91 ejecuciones en acto, que indican la aplicación de hecho de la pena de muerte que no está en la Constitución ecuatoriana, a partir de que el presidente ordenara “el uso legítimo de la fuerza”.
Para cerrar este punto debe quedar claro que, a los grupos criminales y a sus integrantes, con la declaración del conflicto armado interno, se les transformó en “actores no estatales beligerantes”, sujetos a las normas internacionales relativas a la guerra. Como anotó el destacado jurista y exjuez constitucional, Ramiro Ávila Santamaría: “esto es un error jurídico garrafal. Admisible estar en guerra como retórica política. Pero en derecho internacional es otro cantar. Están dando status de combatiente a criminales que no tienen un mando capaz de cumplir el derecho internacional humanitario”.[8]
La lectura de una compleja realidad
Es de conocimiento que las FFAA no están entrenadas para proteger a la ciudadanía, su entrenamiento es para la guerra en defensa del territorio nacional, frente a amenazas o agresiones de un enemigo externo. No conocen de los asuntos de seguridad interna ni tienen el entrenamiento para tratar con la ciudadanía, de ahí que el apoyo que puedan dar a la Policía no puede ser ni extendido en las competencias y menos aún en el tiempo. La actuación de los militares, al ocuparse de competencias de seguridad que no son las suyas y entendiendo que no existe en rigor una guerra interna como lo dicta el derecho internacional, tiende a derivar en violencia estatal violatoria de los Derechos Humanos de las poblaciones que son expuestas a la acción militar. En este caso, las víctimas son -en primera línea- las personas privadas de la libertad, los jóvenes racializados de las provincias, ciudades y barrios más empobrecidos del país donde opera el crimen organizado.
Cuando los militares pasan demasiado tiempo en las cárceles, como ya lo anotamos, corren el riesgo de ser cooptados por las redes del crimen igual que fue cooptada la Policía cuando, a través del SNAI, se hicieron cargo de las cárceles sin ninguna red interinstitucional de apoyo, como es su momento fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, desde hace algunos años atrás se ha denunciado que altos mandos de las FFAA, así como de la Policía Nacional, eran parte del crimen organizado. Hay que tomar en cuenta que cuando se declara la guerra interna y se ordena a los militares patrullar el territorio nacional, previamente no hubo ningún proceso de depuración de esta institución. Entonces: ¿cómo se puede confiar en las cúpulas de mando que fueron señaladas en su momento como vinculadas al narcotráfico por la propia inteligencia antinarcóticos de los Estados Unidos?, dicho por su embajador en Ecuador. En prácticamente todos los ámbitos de la institucionalidad estatal hay una inmensa puerta giratoria por la que cruzan personajes, intereses, órdenes… relacionadas con el crimen organizado.
Otro problema, no menos importante, es la imagen de los militares ante sus propios ojos y a los de la población. No tiene el mismo valor ser las Fuerzas Armadas que ser un apoyo de la Policía Nacional, mucho menos ser convertidas en simples guías penitenciarios. En el imaginario de la sociedad, las FFAA son la institución estatal más respetable del país. Esa aceptación genera una confianza metafísica en su poder frente a cualquier peligro que atente contra la existencia de la nación. Son vistas, por amplios segmentos de la población, como el último recurso que tiene la sociedad para defenderse, de ahí que su fracaso sería, desde dicho punto de vista, como el fracaso de la nación y esto no es poca cosa.
El fracaso de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado es la derrota del Estado mismo, de ahí que, un estado fallido tiene como termómetro de su falla el fracaso de las FFAA. Más allá de estas lecturas subjetivas, el deterioro de la imagen de las FFAA es el deterioro de la imagen del Estado, sea porque pierde la guerra contra el narcotráfico o porque termina enredada con el mismo.
El Ecuador está en ese límite, al borde del fallo estructural del Estado que coincide con el fracaso de la política de seguridad basada en la militarización del país. Este proceso de militarización a ultranza demanda más y más de la misma “medicina”. Tanto es así que, frente al avance de la violencia y la inseguridad, el presidente Noboa ha presentado una propuesta para reformar la Constitución y autorizar bases extranjeras en el territorio nacional.
Está claro que no es cualquier base extranjera, sino una base estadounidense por su claro alineamiento a la política norteamericana. Esta idea ha generado mucha controversia, pese a que el presidente ha ratificado los acuerdos de cooperación militar firmados con Estados Unidos en el gobierno de Guillermo Lasso. En los acuerdos relativos al Estatuto de las Fuerzas y el que trata las Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas se brindan inmunidad a las operaciones que sus miembros realicen en nuestro territorio; acuerdos que no fueron analizados y aprobados en la Asamblea Nacional como ordena la Constitución.[9]
¿Qué hay detrás de toda esta operación a nombre de la seguridad y el combate al narcotráfico, cuando el fracaso de la política estadounidense de la guerra contra las drogas ha sido reconocido por el mismo presidente Barak Obama? Ejemplos de este fracaso son el Plan Colombia y el Plan Mérida de México. Es más, si damos crédito a las palabras del embajador norteamericano Todd Chapman expresadas hace cinco años en una entrevista pública, con las nuevas tecnologías ya no serían necesarias bases para combatir el narcotráfico.
Sea como sea, la historia se repite. Recordemos que, a fines del siglo pasado, durante el gobierno de Jamil Mahuad, cuando el Ecuador vivía una de sus mayores crisis, sin el conocimiento del entonces Congreso Nacional, se permitió la instalación de un “puesto de avanzada” de las fuerzas armadas de EEUU, conocido como la Base de Manta. Algo similar aconteció en 1941, cuando se toleró la arbitraria instalación de bases norteamericanas en Salinas y en Baltra, en el archipiélago de Galápagos, con un Ecuador hundido en una profunda depresión política, con parte de su territorio ocupado por tropas peruanas, en medio de la segunda Guerra Mundial.[10]
El peso del narcodólar en un complejo entorno socioeconómico
Este breve análisis de la realidad ecuatoriana y del impacto de la militarización de su sociedad demanda ver algunos rasgos de la compleja situación social y económica que atravesaba y atraviesa este país andino.[11] A fines del año 2023 se registraba un enorme déficit fiscal, las reservas habían caído a niveles históricos, la ejecución presupuestaria del plan nacional de inversiones públicas apenas superaba 10% y la deuda pública engullía gran parte del presupuesto del Estado. En línea con lo que la política desplegada desde el gobierno de Lenín Moreno, en abril del 2024 firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cuarto desde marzo de 2019, buscando, además, abrir líneas de financiamiento con otros organismos multilaterales. El FMI, en la práctica se ha transformado en una suerte de prestamista de última instancia de esta economía dolarizada.
En una primera parte de su gestión, Daniel Noboa, contando con el respaldo del correismo y del socialcristianismo, consiguió que se aprueben leyes que apuntalaban el manejo económico; incluso volvió a las conocidas como “amnistías tributarias” que han terminado por condonar deudas tributarias multimillonarias en beneficio de los grandes grupos económicos, tal como lo hizo Rafael Correa, Lenín Moreno. Igualmente, en medio de severos problemas de suministro de electricidad, con el mismo respaldo legislativo, consiguió la aprobación de una ley para abrir más la posibilidad de inversiones privadas en el sector eléctrico; un sector que atraviesa uno de sus momentos más críticos como resultado de la combinación de la improvisación y la inexperiencia gubernamentales, con la intención de favorecer la total privatización del sistema eléctrico desplegada en los últimos tres gobiernos: en este contexto el Ecuador sufre de racionamientos del fluido eléctrico que pueden llegar hasta a 10 horas al día, un asunto que agrava más aún las condiciones de inseguridad.[12]
A continuación de la aprobación de las dos leyes mencionadas, en una jugada legislativa poco transparente, el gobierno consiguió que la Asamblea le autorice el alza del IVA de 12% a 15%, en el marco de lo que se definió como la ley para financiar el conflicto interno armado. Poco más tarde, con decreto presidencial se incrementó el precio local de las gasolinas; manteniendo, por lo pronto, el subsidio al diésel, usado en el transporte de pasajeros y carga.
Estas medidas, en otras épocas, habrían desatado vigorosas protestas populares, como las que se registraron en los años 2019 y 2022, para recordar las más recientes, lideradas por el movimiento indígena cumplió. Esta “pasividad social” bien podría entenderse en el marco del miedo derivado de la inseguridad generada por el crimen desatado en Ecuador. También ayuda a entender esta inmovilidad social el hecho que el Ecuador se encuentra inmerso en un nuevo proceso electoral, que en realidad arrancó con la misma posesión del presidente Noboa, como consecuencia de la mencionada “muerte cruzada” que abrió la puerta para elecciones anticipadas. Este entorno explicaría que el presidente Noboa haya mantenido relativamente elevada su aceptación social, quien busca sacar provecho de algunas acciones con golpe de efecto mediático[13] derivadas de su “guerra interna”, al tiempo que despliega una serie de medidas asistencialistas en su empeño por ser reelegido en las elecciones del 2025, como subsidiar las tarifas de electricidad a los sectores populares.
Punto a considerar es el peso del narcotráfico y el crimen organizado en la economía ecuatoriana a través del lavado de activos, estimado en unos 3.500 millones de dólares, un 3% del PIB, de los que un 75% van a lo que se podría considerar como economía formal, según Fernando Carrión.[14] La presencia del crimen en todas sus manifestaciones puede representar incluso valores mucho más altos; el economista Andrés Albuja Batallas estima una cifra de hasta cinco veces superior o más.
Estas cifras deben ser ubicados en esta economía dolarizada, que resulta muy atractiva para todo tipo de actividades ilícitas. El saldo es que el narcodólar sostiene tanto la dolarización, como la economía de este pequeño país andino. Todo en un ambiente de complicidades diversas con las élites políticas y empresariales del Ecuador. Basta ver cómo la acción del crimen organizado está presente -directa o indirectamente- en la banca, grandes exportadores, banca, inmobiliarias, empresas comercializadoras e inclusive en ámbitos de la economía popular. Además, están a la orden del día los delitos contra la administración pública, que se dan por la evasión tributaria y diversas formas de contrabando. Es más, de acuerdo a Carrión, los 22 grupos delincuenciales, vinculados de una u otra manera a los cárteles y bandas internacionales, ofrecen opciones de empleo y de supervivencia a unas 50 mil personas.
Tengamos presente que el entorno social presenta un acelerado deterioro como resultado de una doble pandemia: la del Covid-19 y de un austericidio provocado por las políticas neoliberales. Así, un 66% de la población económicamente activa no tiene un empleo adecuado, con índices muchos más altos en la juventud. Poco menos de 5 millones de personas tienen un ingreso diario de menos de 3 dólares al día; casi 2 millones de personas sobreviven con menos de 1,7 dólares diarios. Existe una creciente y desesperada emigración de miles de compatriotas, que inclusive arriesgan su vida pasando a pie por el estrecho del Darién.
En este contexto, los grandes grupos económicos, a la cabeza la banca privada, no han dejado de acumular: a modo de botón de muestra, tengamos presente que el patrimonio personal del presidente-banquero Guillermo Lasso, durante sus 900 días de gestión, aumentó en 21 millones de dólares.
Este complejo entramado se explica y se complica aún más por la fragilidad de la institucionalidad política ecuatoriana: gobierno central y gobiernos descentralizados, justicia, legislatura, función electoral y partidos políticos, así como las instancias de control del Estado; actores cada vez más infiltrados por los tentáculos del crimen organizado.
Ensayamos una hipótesis para el debate
El fracaso de la Fuerzas Armadas, tras la militarización del país en la guerra contra el crimen organizado vinculado al narcotráfico, es el camino a su readecuación en una fuerza de represión interna en la lucha contra posibles focos insurgentes o, lo que ya está sucediendo, para imponer “a sangre y fuego” la ampliación de la frontera minera, por ejemplo. Este devenir nos recuerda aquellos viejos principios de la Seguridad Nacional, orientados a fortalecer esquemas de contrainsurgencia -quién sabe si también apuntalados con agrupaciones paramilitares-, que se los puede maquillar como de lucha contra el crimen organizado. A lo mejor estamos viviendo los prolegómenos de una suerte de Plan Cóndor del siglo XXI para toda Nuestra América cobijado por el enfrentamiento contra el narcotráfico.[15]
En este contexto y en el marco de las instituciones de los estados nacionales, el país con la reformulación del papel de las FFAA pierde un actor que, en algunos momentos de su historia, incluso desde el gobierno -1925: modernización del Estado; 1938: avanzado código del trabajo; sesentas y setentas: reformas agrarias; setentas: estatización de gran parte de la actividad petrolera-, contribuyó para la cohesión de la nación soberana: Hoy se hace vulnerable al convertirse de facto en una herramienta neocolonial de los Estados Unidos. Pero eso no sería todo, veamos lo que acontece en Costa Rica, que carece de FFAA: allí, cuando se preguntó a los costarricenses ¿quién les protegería frente al crimen del narcotráfico si no cuentan con FFAA?, respondieron que para eso está el ejército de Estados Unidos.
Vale recordar que la base norteamericana en Manta, en los 10 años de su presencia, no contribuyó a resolver el flagelo del narcotráfico. Durante su existencia la tasa de criminalidad se disparó. Los envíos de droga se triplicaron. Decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos de parte de soldados norteamericanos. En suma, se registraron varias violaciones a los Derechos Humanos, como denunció un informe del INREDH, en el año 2007.[16] Es más, como se demostró, las acciones de los aviones norteamericanos no se ciñeron a los términos del convenio pactado, pues en muchos casos estaban orientadas a la lucha contra la insurgencia en Colombia y a la interdicción de emigrantes ecuatorianos.
Lejos quedó el sueño de transformar a Manta en una suerte de Miami en el Pacífico. Los empleos que se crearon tuvieron la duración de la remodelación de las instalaciones del aeropuerto, o sea ocho meses, y luego los trabajos ofrecidos fueron en labores de limpieza y transporte de carga. El crecimiento del turismo y el comercio que se esperaba llegó para pocos, en un escenario en el que aumentaron algunos bares, discotecas y cabarets. Es más, las tropas allí instaladas, que gozaban de privilegios diplomáticos, consumían escasos productos locales.
También cabría traer a colación que luego del desmantelamiento de la Base de Manta, los norteamericanos establecieron dos bases más en Colombia, en donde en la actualidad ya existen 7 bases, sin que se haya logrado parar el crimen organizado, ni narcotráfico; es más, la producción de cocaína sigue en alza en el territorio colombiano y también en el peruano, en donde funcionan 5 bases militares norteamericanas; algo que ya sucedió en Afganistán durante la presencia de los norteamericanos. Los EEUU cuentan con cerca de un millar de bases e instalaciones militares en el mundo, con las que asegura su poder y bienestar económico, sin que se haya restringido la expansión de la droga.
Si nos atenemos a las experiencias en México y Colombia, con sus guerras en contra del narcotráfico, bien podemos anticipar el fracaso de la estrategia belicista asumida por el gobierno de Noboa. Sin embargo, hay otros objetivos: ahora con el apoyo de tropas norteamericanas, se consolidará aún más la militarización de la sociedad, que viene de la mano de una creciente neoliberalización de una economía dolarizada desde un hace ya un cuarto de siglo.
Como para redondear este breve análisis cabría anotar el posicionamiento del gobierno de Daniel Noboa a favor de objetivos e intereses norteamericanos. Mientras cada vez más gobiernos levantan al menos su voz de preocupación e incluso de rechazo por las brutales violaciones de derechos humanos desatadas por el sionismo en contra del pueblo palestino, el gobierno de Noboa apoya la posición del gobierno de Netanyahu y profundiza la cooperación en el ámbito de la represión que recibe Ecuador de Israel. Igualmente, el hecho de que este gobierno haya intentado entregar arnas de origen ruso y ucraniano a los EEUU -que las habría enviado a Ucrania- a cambio de nuevo armamento norteamericano, implica asumir una posición en ese conflicto europeo, que tiene, sin lugar a dudas, series repercusiones en la geopolítica mundial. No falta, por cierto, la renovada declaración oficial de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Preguntémonos qué significa permitir la operación militar en nuestro territorio de Estados Unidos sin ninguna restricción en medio de una guerra geopolítica, tecnológica, financiera, económica, comunicaciones de dimensiones nucleares. Si se cristaliza esta propuesta, que tendrá que ser debatida en dos instancias en la Asamblea Nacional y luego aprobada en un Referéndum por el pueblo ecuatoriano, los Estados Unidos no se conformarán con una base como la de Manta, pues todo indica que su mira está puesta en las islas Galápagos como en los años cuarenta, cuando ocuparon la isla de Baltra con el fin de impedir la expansión del imperio nipón.
En la actualidad los Estados Unidos necesitan recuperar el control sobre los países de América Latina, muchos de los cuales se han distanciado de su eje de influencia y, de una u otra manera, se han acercado al proyecto de los BRICS o directamente a los intereses de Rusia y de la China. En concreto, Ecuador estaría involucrándose en un escenario de potencial confrontación bélica nuclear de dimensiones planetarias sin que tenga nada que ver es ese conflicto. Se pasaría de una guerra en contra del crimen organizado del narcotráfico a ser un peón activo en una contienda geopolítica mundial. Y todo esto atravesado por el control de los bienes naturales de Ecuador y del resto de la región, tal como la reconocido sin tapujos la jefa del Comando Sur de las FFAA norteamericanas, Laura Richardson.
¿Qué hacer?, una pregunta indispensable
Concluyamos que el régimen democrático en Ecuador y otros países de la región se encuentra asfixiado por una tenaza conformada por el crimen organizado, por un lado, y por los militares por otro, que desplazan más y más a las instituciones civiles. Más militarización de la sociedad, conducirá a menos democracia.
Sin minimizar la necesidad de enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, la salida de esta compleja encrucijada no pasa por la represión militar y el populismo penal, que terminan por crear las condiciones para seguir persiguiendo a grupos empobrecidos y racializados, transformando su lucha inclusive en una acción contrainsurgente. Tampoco es tolerable la transformación del Ecuador en una suerte de protectorado de Washington.
El enfrentamiento a las bandas y carteles no puede obviar el desmantelamiento de todas aquellas estructuras delictivas infiltradas en el Estado y en toda la economía. Tratándose de organizaciones criminales transnacionales se requiere respuestas de genuina cooperación policial y judicial sobre todo sur-sur para enfrentar lo que Fernando Carrión considera la “red global del crimen”, que en ningún caso menoscaben la soberanía de los países, y que propugnen simultáneamente respuestas orientadas a la despenalización de la droga y al tratamiento del consumo como una cuestión de salud pública.
Además, es indispensable mejorar sustantivamente las condiciones de vida de la población tradicionalmente marginada y explotada, reduciendo los insultantes niveles de concentración de la riqueza. Por igual, se deben respetar las diferentes preferencias culturales. Y en todo momento se deben garantizar los equilibrios ecológicos. Estos son apenas algunos de los elementos para construir una estrategia que asegure la seguridad al pueblo ecuatoriano. En definitiva, ese es el principal campo estratégico de acción, que demanda siempre más democracia nunca menos.
Quito – Tübingen, 14 de octubre del 2024
Notas:
[1] Socióloga ecuatoriana. Siempre en la lucha de los pueblos por su autonomía. Profesora investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Comunera del colectivo de pensamiento Comuna. Autora de varios libros y artículos.
[2] Economista ecuatoriano. Compañero de lucha de los movimientos sociales. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (2012-2013). Autor de varios libros y artículos.
[3] El decreto presidencial está disponible en https://www.comunicacion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/01/Decreto_Ejecutivo_No._111_20240009145200_20240009145207.pdf
[4] Consejo Nacional Electoral Ecuador, Preguntas de referéndum y consulta popular, https://www.cne.gob.ec/consulta-popular-y-referendum-2024/ .
[5] Sobre este proceso se puede consultar en Alberto Acosta (2024); “Ecuador en medio del capitalismo de guerra – Una consulta envenenada y unos resultados agridulces”. Disponible en https://rebelion.org/ecuador-en-medio-del-capitalismo-de-guerra/os
[6] Diario Expreso (17.09.2024): “No se han desmantelado a los grupos calificados de terroristas, reconoce la Policía”, https://www.expreso.ec/actualidad/han-desmantelado-grupos-calificados-terroristas-reconoce-policia-213895.html
[7] Jennifer Vega (26.07.2024); “La ONU alerta que persisten deficiencias en la investigación de las torturas en las prisiones de Ecuador. Disponible en https://zaracaytv.com/?p=15000
[8] Wambra Medio de Comunicación Comunitario: “Conflicto armado interno en Ecuador Una explicación a varias voces”, https://wambra.ec/conflicto-armado-interno-ecuador-que-implica/
[9] Erich Saumeth (2024); “Ecuador ratifica acuerdos militares con Estados Unidos”. Disponible en https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4725333/033-ecuador-ecuador-ratifica-acuerdos-militares-estados-unidos
[10] Alberto Acosta (2024); “Ecuador, un protectorado yanki en ciernes – El peso de la historia “. Disponible en https://rebelion.org/ecuador-un-protectorado-yanki-en-ciernes/
[11] Alberto Acosta (2024); “Ecuador, un volcán enerupción”. Disponible en https://rebelion.org/ecuador-un-volcan-en-erupcion/
[12] Alberto Acosta (2024); “Los apagones exacerban la sinvergüencería – Propongo un texto para alumbra frente a tanta oscuridad.” Disponible en https://rebelion.org/los-apagones-exacerban-la-sinverguenzeria/
[13] En este empeño por impactar electoralmente en la sociedad se puede incluir el brutal asalto a la Embajada de México, justo antes de la consulta popular y el referéndum de abril del 2024.
[14] Fernando Carrión (2024); “Estallido Armado en Ecuador, situación y perspectivas”. Disponible en https://www.facebook.com/watch/?Mibextid=rs40ab7s9ucbxw6v&v=698836168985882.
[15] Alberto Acosta (2024); El imperio contrataca en la mitad del mundo ¿Plan Cóndor del siglo XXI en marcha?. Disponible en https://rebelion.org/plan-condor-del-siglo-xxi-en-marcha/
[16] Luis Ángel Saavedra, Liset Coba (2007); “¿Operaciones de avanzada o base militar operativa?, Un análisis de la Base de Manta”, Quito, INREDH. Disponible en https://www.inredh.org/archivos/manta.pdf
Enlace a la revista: https://img1.wsimg.com/blobby/go/0e7a4d39-5b8c-4564-ab6f-2944d834cc52/downloads/9ff5131c-62ff-46ca-bae2-fae43c9266e5/SIERRA~1.PDF?ver=1735525209913
Be the first to comment