Por Erik Larson / Bloomberg
Traducción: Decio Machado
Un juez bloqueó el acceso del recién creado equipo de eficiencia de Elon Musk a cierta información del Departamento del Tesoro después de que un grupo de 19 estados, en su mayoría liderados por demócratas, demandaran al presidente Donald Trump y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por permitirlo.
Trump y Bessent violaron la ley federal al permitir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental accediera temporalmente a información del Departamento del Tesoro que contenía datos personales de millones de estadounidenses, según una demanda presentada el viernes por la noche en Nueva York. El juez federal de distrito Paul Engelmayer emitió la orden de bloqueo la madrugada del sábado.
Los acusados »tienen prohibido otorgar acceso a todos los nombramientos políticos, empleados gubernamentales especiales y empleados gubernamentales designados por una agencia fuera del Departamento del Tesoro», dijo el juez.
Engelmayer también ordenó a quienes tenían prohibido tener acceso a la información del Tesoro, pero lo hizo desde el 20 de enero, que «destruyeran inmediatamente todas y cada una de las copias del material descargado de los registros y sistemas del Departamento del Tesoro». El juez fijó una audiencia para el 14 de febrero.
El caso, junto con una queja similar presentada a principios de esta semana por los sindicatos, podría retrasar lo que el presidente dice es un plan para identificar y recortar el gasto innecesario.
El presidente Trump creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca mediante orden ejecutiva y nombró a Musk para liderar lo que describen como un esfuerzo para modernizar la tecnología federal e identificar recortes de gastos. Pero la medida inmediatamente generó preocupaciones legales.
Los fiscales generales de estados como Nueva York y California alegaron que Trump y Bessent pusieron en riesgo los datos personales de millones de personas, así como miles de millones de dólares en pagos que los estados reciben a través de la Oficina de Servicios Fiscales del Tesoro (BFS).
«La implementación por parte de Bessent de la nueva política de acceso más amplio del Tesoro, que permite a Musk y su equipo DOGE acceder a los sistemas de pago de BFS, se adoptó sin ningún anuncio o explicación pública», argumentaron los estados. «Los demandados no han proporcionado ningún motivo para justificar la nueva política, ni el Tesoro realizó una evaluación del impacto en la privacidad antes de implementar el cambio».
Desafíos legales
La demanda es la última de una ola de impugnaciones a las órdenes ejecutivas y otras acciones del presidente desde que asumió el cargo el mes pasado. Eso incluye su intento de detener los préstamos y subvenciones federales, deshacerse de la llamada ciudadanía por nacimiento e identificar a los agentes y fiscales del FBI que ayudaron a presentar casos penales contra Trump y sus partidarios.
Los críticos han estado haciendo sonar las alarmas durante semanas sobre el papel de Musk desde que el personal de DOGE comenzó a ingresar a las instalaciones de varias agencias para obtener acceso a sistemas informáticos y espacios físicos. La Casa Blanca dice que Musk, la persona más rica del mundo que dirige varias empresas, incluida Tesla Inc., es un empleado gubernamental especial: un funcionario o empleado de la rama ejecutiva del gobierno federal que normalmente sirve por un período de tiempo limitado.
Harrison Fields, subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que la demanda presentada por los estados muestra que los demócratas “no tienen un plan sobre cómo recuperarse de su vergonzosa pérdida” en las elecciones de noviembre.
“En lugar de trabajar para convertirse en un partido que se centra en la voluntad del pueblo, están empeñados en mantener la cabeza en la arena y enfrascarse en la misión ampliamente apoyada de DOGE”, dijo Fields. “Reducir el despilfarro, el fraude y el abuso, y convertirse en mejores administradores de los dólares ganados con tanto esfuerzo por los contribuyentes estadounidenses, podría ser un delito para los demócratas, pero no es un delito en un tribunal de justicia”.
En la demanda de los estados, los fiscales generales afirman que Trump y Bessent violaron la Ley de Procedimientos Administrativos federal de numerosas maneras, incluso al exceder su autoridad legal y tomar decisiones que fueron “arbitrarias y caprichosas”.
Están buscando una orden de restricción temporal, así como una orden judicial que impediría que el Tesoro concediera acceso a los datos de pago a personas designadas políticas o «empleados gubernamentales especiales». Los estados también quieren que cualquier persona a la que se le conceda acceso pase verificaciones de antecedentes y reciba las autorizaciones de seguridad adecuadas.
Antes de que se presentara la demanda, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que DOGE buscaba obtener acceso a los datos de pagos específicamente para detener el flujo de fondos federales a «programas esenciales».
«Como el hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan ‘no’, pero en nuestro país nadie está por encima de la ley», dijo James en un comunicado. «El presidente no tiene el poder de revelar nuestra información privada a quien él elija, y no puede recortar los pagos federales aprobados por el Congreso».
En la demanda interpuesta por los sindicatos, un juez estadounidense limitó temporalmente el jueves el acceso al sistema de pagos del Tesoro. Los sindicatos acusaron a Bessent de compartir ilegalmente la información de sus miembros con DOGE. El juez está considerando una pausa más prolongada en el acceso por parte del equipo de Musk mientras se desarrolla la demanda de los sindicatos.
El caso es New York v. Trump, 25-cv-1144, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
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