Este domingo, 13 de abril, Ecuador decidirá en las urnas quién ejercerá como máximo mandatario del país durante los próximos cuatro años. Los sondeos de opinión manifiestan un empate técnico entre las candidaturas del magnate presidente conservador Daniel Noboa y la opositora progresista Luisa González.
Por Decio Machado
Investido como máximo mandatario el 23 de noviembre de 2023, Daniel Noboa encabeza un gobierno transitorio carente de éxitos en su casi año y medio de gestión presidencial.
De la crisis multifacética que hoy flagela al Ecuador, la inseguridad ciudadana y la crisis económica son las dos principales preocuaciones ciudadanas. Respecto a la primera cuestión y tras incrementar el IVA del 12% al 15% en abril del pasado año con el objetivo de fortalecer la recaudación fiscal para reforzar el combate al crimen organizado, este primer trimestre del 2025 marca los indicadores de violencia y homicidios intencionados más altos de la historia del país. En lo concerniente al ámbito económico, en un país que hoy es 10 puntos porcentuales más pobre de lo que era diez años atrás, durante el período de gestión noboísta se registra una pérdida de cerca de 300 mil empleos adecuados y un incremento proporcional del empleo informal en el país. De hecho, lo que salvó la economía nacional durante el año 2024 fueron los 6.500 millones de dólares que ingresaron al país en concepto de remesas provenientes de la migración ecuatoriana en Estados Unidos, rubro superior a los 5.800 millones de dólares provenientes de organismos multilaterales durante ese mismo año y producto de la política de endeudamiento acelerado que viene teniendo lugar en Ecuador.
En este pequeño país andino, cuyo número de habitantes ronda los 18 millones de personas, 450.000 mil niños y adolescentes de entre tres y diecisiete años están fuera del sistema escolar; el Ministerio de Inclusión Económica y Social le adeuda seis meses de sueldos a sus educadores; el sistema público de salud se encuentra inmerso en una crisis de fase terminal con hospitales desabastecidos de los médicos y medicamentos necesarios; los derrames de crudo se suceden uno tras otro con cada vez mayor impacto ambiental fruto de la falta de inversión para el mantenimiento de las cada vez más deterioradas instalaciones y oleoductos petroleros; la infraestructura vial, portuaria y aeroporturia se encuentra cada vez más deteriorada; el indicador de pobreza se elevó hasta alcanzar al 28% de la población y el de extrema probeza el 12,7%.
Pese a ello, a pocos días de la jornada electoral de balotaje, todos los sondeos de opinión sitúan las diferencias entre los dos candidatos presidenciales -Daniel Noboa y Luisa González- dentro del margen de error del ±3%, preveyéndose un “desenlace foto finish”.
Este clima de incertidumbre política se enmarca en lo que ha sido la campaña electoral más turbia que ha tenido lugar en Ecuador desde el año 1979, momento en el que el país volvió a la democracia tras casi una década de dictadura militar.
Pese a su corto período de gestión, Noboa hoy controla todos y cada uno de los poderes del Estado y el conjunto de instituciones de control de la democracia. A la par, la estrategia de comunicación noboista ancló una de sus aristas en la cooptación de los principales medios de comunicación del país mediante contratos para el pautaje de distintas campañas de propaganda gubernamental.
Así las cosas, esta campaña electoral se ha caracterizado por la complicidad de los órganos de control electoral -especialmente del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral- con la estrategia electoral de la candidatura de Daniel Noboa por su reeleción presidencial. Enmarcado en lo anterior, a finales del pasado mes de noviembre el Tribunal Contencioso Electoral descalificaba sin mayor justificación la candidatura de Jan Topic, otro joven millonario heredero de un imperio económico vinculado al sector tecnológico, que se presentaba como principal rival y divisor del voto de Daniel Noboa dentro del ámbito ideológico conservador. De igual manera y pocos días después, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional del Ecuador autorizaban al mandatario vulnerar el artículo 93 del Código de la Democracia, el cual establece que todos los funcionarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deben solicitar una licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral.
En paralelo y mientras el candidato-presidente Daniel Noboa ejercecía su campaña haciendo uso, sin pudor alguno, del patrimonio público para fines personales-electorales, el conjunto de los medios de comunicación más importantes del país se alineaban en torno a un relato -carente de respaldo probatorio- que vinculaba a la candidata Luisa González y su entorno político con las redes delincuenciales del narcotráfico que hoy operan en el país.
Régimen de guerra
Entender como, con la complicidad de las instituciones responsables, se llegó a la violación sistemática de la normativa electoral y del orden constitucional vigente durante la actual disputa presidencial, pasa por comprender el proceso de consolidación de un “regimen de guerra” al interior del país durante el actual mandato noboísta.
En respuesta a la espiral de violencia que transversaliza al país, el 9 de enero del pasado año el presidente Noboa declararía de forma oficial la existencia de un “conflicto armado interno”. Mediante el decreto ejecutivo se dispuso la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, para combatir “el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”.
Lo anterior permitió la militarización del país, el fin de toda movilización social en espacios públicos y la escalada de una “guerra sucia” contra el narco que tuvo su momento de climax en diciembre del pasado año, con la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de cuatro niños pobres de origen afroecuatoriano a manos de un escuadrón militar que patrullaba un barrio periférico urbano marginal de la ciudad de Guayaquil. Con posterioridad a dicho caso, se desvelaron múltiples denuncias de características similares que englobarían una treinta de falsos positivos distribuidos por diversas ciudades del Ecuador.
En encubrimiento sistemático por parte del Ejecutivo y la Fiscalia General del Estado de este tipo de casos conllevaría la fidelización de las Fuerzas Armadas a la figura del presidente Noboa, así como el consiguiente resquemor a que ante un posible cambio de gobierno se inagurasen sin número de procesos de investigación que develaran múltiples casos similares.
En un país en crisis profunda e incapaz de mantener el orden interno, las fronteras entre lo económico, lo democrático y lo militar se hicieron rápidamente cada vez más difusas, alterándose tanto la retórica política como las prácticas represivas que terminarían consolidando un “régimen de guerra” enmarcado en la creciente militarización de la vida económica, social e institucional, así como en la creciente alineación de estas con las exigencias de la seguridad nacional.
Lo anterior implicaría, no solo un recorte de libertades bajo los criterios de un estado de excepción permanente, sino también el sometimiento en la práctica de los distintos poderes del Estado e instituciones autónomas al poder Ejecutivo.
Es a partir de ahí donde establece una clara conexión entre el ethos militarista de parte de una sociedad transversalizada por el miedo, tanto a la inseguridad como a un futuro carente de horizonte económico positivo, y el apoyo de esta a las jerarquías sociales dominadas por una fracción de las élites que capturó el Estado y puso a su servicio.
Legitimidad del proceso electoral
En este contexto y más allá de la cancha inclinada en la que tuvo lugar esta disputa electoral, existe un miedo generalizado en amplios sectores de la sociedad ecuatoriana respecto a que su voluntad expresada en las urnas no sea respetada.
Todo régimen de guerra actua en contra del principio de la división de poderes y los “checks and balance” establecidos en todo Estado moderno y reconocidos en la carta magna ecuatoriana. A su vez, todo régimen de guerra tiende a la centralización y concentración del poder bajo lógicas autocráticas, atenta contra los principios de transparencia y se transforma en herramienta de destrucción de los fundamentos de la democracia.
Más que por convicción ideológica, son estos los factores que llevaron al movimiento indígena y a otras organizaciones sociales y populares a determinar su apoyo en segunda vuelta a la candidatura correísta encabezada por Luisa González. Pero a su vez, son estos factores también los que generan dudas sobre la “limpieza” en el recuento de votos que tendrá lugar el próximo domingo, máxime en una coyuntura donde la diferencia de entre una y otra candidatura en primera vuelta fue inferior a veinte mil votos.
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