La ofensiva de los sectores empresariales se ha desatado luego del triunfo electoral de Daniel Noboa. Y no es para menos. Ahora suponen que el camino para las políticas públicas favorables a sus intereses está allanado.
Los análisis y propuestas de sus principales voceros no se han hecho esperar. Sobre todo, en cuanto se refiere al nuevo modelo económico que esperan poner en práctica. Un modelo cuya impronta se inspira en la mayor flexibilidad posible para potenciar sus negocios e incrementar sus ganancias. Trabajo por horas, apertura indiscriminada e irracional a la inversión extranjera y reducción de impuestos son los mantras que repiten con fe de peregrinos.
Supuestamente, estos cambios conducirán al Ecuador hacia un paraíso de equidad y progreso general que nos sacará del atraso y la pobreza. Si nuestros empresarios fueran calvinistas holandeses del siglo XVII, habría cómo creerles; el problema es que son empresarios ecuatorianos, acostumbrados a irrespetar incluso las propias reglas que ellos aprueban. En esencia, no son ni siquiera capitalistas serios, como aquellos que Max Weber ponderaba en sus estudios.
En ese sentido, quienes cuestionan estas tesis económicas tienen mucha razón. Si los empresarios ecuatorianos no cumplen con normas fundamentales como el pago de tributos, las aportaciones a la seguridad social o la transparencia contable, ¿qué nos hace pensar que van a cumplir con el nuevo marco legal o constitucional propuesto? La flexibilización laboral o el sometimiento del país a los arbitrajes internacionales –solo por citar dos puntos relevantes– podrían convertirse en el escenario propicio para la devastación de varios derechos básicos.
El tema tiene especial relevancia a la luz de las iniciativas de cambios constitucionales que están en el debate público. El presidente Noboa, y los principales voceros del gobierno, han sido categóricos al respecto. Lo único que está pendiente son los mecanismos para viabilizar esos cambios.
Pero hasta la fecha, el régimen no ha dado pistas claras sobre el derrotero que pretende aplicar; al menos, para los próximos cuatro años. Navegamos en un mar de generalidades, intuiciones y suposiciones. Durante la campaña electoral, Daniel Noboa habló de una asamblea constituyente, pero nunca especificó ni cómo ni para qué. Y los eventuales cambios insinuados, como la eliminación del CPCCS o la colaboración de fuerzas militares extranjeras en la lucha contra el crimen organizado, pueden resolverse por la vía de las enmiendas o las reformas constitucionales.
Toca presumir, en este contexto, que la principal preocupación del gobierno es la transformación del modelo económico. A fin de cuentas, a los empresarios nacionales solamente les preocupan las condiciones para asegurar la reproducción del capital y el incremento de sus ganancias. Lo demás es la típica hojarasca jurídica con la que nos tienen entretenidos en discusiones bizantinas.
Mayo 6, 2025
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