Si existiera un récord Guinness para los países que inventan disparates jurídicos, el Ecuador estaría liderando la competencia. Hace unos años inventamos la insólita figura de la renuncia obligatoria, un absurdo jurídico y conceptual que se impuso por obra y gracia de los delirios refundacionales del correato. Algo parecido a la instauración del culto a la noche soleada.
Hoy, el gobierno de Daniel Noboa, en la misma línea de contradecir la realidad desde la verborrea jurídica, ha propuesto la figura del indulto diferido, otra aberración jurídica y conceptual cuyo único propósito apunta a viabilizar una ley de control de la sociedad que supuestamente nos sacará del infierno de la inseguridad.
¿Cómo se puede diferir un indulto? Hasta a los legos en temas jurídicos nos parece un auténtico despropósito, empezando porque un perdón presidencial (que a eso se refiere la norma) solo es viable cuando existe un delito sancionado mediante sentencia en firme y admitido por el culpable. Lo otro equivale a la medieval figura de la compra de indulgencias.
No obstante, el gobierno le propone al país un recurso para exonerar de responsabilidad anticipada a cualquier servidor de las fuerzas del orden que quizás-tal vez-a lo mejor cometió un delito.
La suplantación de la realidad por los relatos se está imponiendo cada vez con mayor fuerza en todo el mundo. Pero en sociedades carcomidas por una informalidad crónica como la nuestra, esta cultura de la tergiversación tiene demasiados antecedentes y aristas. Justificaciones descabelladas, charlatanería, demagogia desbordada y eufemismos de toda laya pueblan la vida cotidiana de los ecuatorianos. Y con resultados impresentables: cuando a las personas recluidas en las cárceles se las denominaba con el pedestre vocablo de internos no se producían las masacres de la era de las personas privadas de la libertad (PPL). Cínicamente, el poder de turno nos vendió la fantasía de que bastaba con cambiar las definiciones para asegurarles a los presos un paraíso de dignidad, bienestar y respeto.
Desde hace mucho tiempo los discursos oficiales tienden a vaciarse de sentido. Los problemas del país son tan graves, complejos y urgentes que ni siquiera las políticas concretas lograrían resolverlos con la inmediatez y la facilidad que nos ofrecen las autoridades. Menos aún lo harán desde la retórica. Sin embargo, los gobiernos siguen insistiendo en la misma estrategia estéril. Se formulan leyes frecuentemente inaplicables; cuando se las aplica, no se las cumple.
¿Qué nos hace pensar que hoy todos los actores políticos, sociales y económicos del país nos someteremos de buena gana a las dos últimas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, la de combate al crimen organizado y la de inteligencia? ¿Gracias a qué intervención milagrosa los ecuatorianos hemos renunciado a nuestra cultura de suspicacia, desconfianza e informalidad?
Al nuevo Ecuador le hace falta mucho de realidad y coherencia para dejar de ser un slogan prematuramente envejecido.
Junio 12, 2025
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