Cargamontón, al apuro, a la voz del carnaval. Así se está legislando en el Ecuador. El atropello abusivo de leyes contradictorias y dispersas está creando un escenario jurídico caótico. Peor que el que históricamente hemos padecido. Nuestros legisladores están remedando un traje en lugar de rehacerlo: si se olvidaron de ponerle bolsillos, simplemente le añaden y pedazo de tela que cumpla con esas mismas funciones.
En el marxismo clásico, las leyes son parte de la superestructura del Estado. Una especie de disfraz que se coloca por encima de la realidad social y económica, con el propósito de proyectar una imagen de justicia e igualdad en el seno de la sociedad. En nuestro caso particular, el galimatías jurídico que está promoviendo el régimen equivale a ponerle a un gato un disfraz de elefante. Al final, el animal no será ni gato ni elefante, sino todo lo contrario.
Toca entonces preguntarse si el desorden jurídico generado responde a una estrategia deliberada o si solo es una consecuencia de la informalidad política en la que se debate el país. ¿Distractor, cortina de humo o globo de ensayo para mantenernos entretenidos? ¿O caos jurídico sobre el cual los poderes reales se desplazan a sus anchas?
Tras año y medio de ejercicio del poder, el gobierno de Daniel Noboa sigue brillando por su improvisación. La avalancha de leyes inconexas que propone pretende compensar la ausencia de una hoja de ruta medianamente coherente. Se trata de leyes que pueden servir para todo y para nada a la vez, porque muchas adolecen de una burda inconstitucionalidad, mientras que otras son de difícil aplicación. Únicamente una opción autoritaria podría volverlas viables. Tal es el caso de la imputación penal como adultos a los adolescentes infractores, o el indulto diferido, o el uso de gastos reservados, o la violación de la privacidad en aras de la lucha contra el crimen organizado. Hasta los sectores políticos más insospechados (v.g. la derecha) han activado las alarmas.
Es por demás obvio que la cultura de la informalidad que permea nuestra política criolla facilita estos ejercicios retóricos del gobierno. Y siempre se encuentran los mecanismos para justificarlos. Ahora resulta que la recaptura de alias Fito se debe a la aprobación de las últimas leyes, sin importar que, de manera simultánea, alias Fede se haya escapado de la Penitenciaría del Litoral. El gobierno le apuesta a la propaganda sofocante a fin de posicionar un relato que siga justificando las leyes aprobadas y las que estarían por aprobarse.
Pero la realidad es más tozuda que lo que nuestras autoridades imaginan. Al terminar el primer semestre de 2025 vamos a imponer un récord de muertes violentas en América Latina. Y los grupos de delincuencia organizada casi se han duplicado en los últimos dos años.
Los ciudadanos de a pie nos preguntamos, con sobrada razón, si tantas leyes servirán para combatir una amenaza que, de acuerdo con todos es expertos en el tema de la violencia criminal, necesita de otras medidas.
Junio 25, 2025
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