Por Boris Ríos Brito
En estos tiempos electorales turbulentos, ha resurgido el “antievismo” con nuevos matices, aunque sustentado en los mismos argumentos clasistas y racistas históricos contra la “indiada”: la presunta «incapacidad inherente, inmoralidad y corrupción del indio».
Durante la década de los 90, en pleno periodo neoliberal (1985-2005), la irrupción del movimiento campesino constituyó el hecho político más relevante del campo popular por su proyección, propuestas y consolidación como nueva vanguardia tras la derrota del movimiento obrero en la Marcha por la Vida (1986).
El sector cocalero del Chapare, parte de este movimiento, ganó notoriedad por su capacidad organizativa —herencia del sindicalismo minero—, su reivindicación identitaria, la defensa de la hoja de coca y su capacidad de movilización. Esto equiparó a sus líderes con los de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), máximo referente campesino, e incluso con la debilitada Central Obrera Boliviana (COB). En este contexto, emergió la figura de Evo Morales, quien en los debates nacionales impulsó determinaciones radicales: reconocer al movimiento indígena-originario-campesino como sujeto histórico de la revolución boliviana; construir un instrumento político —no un fin— articulado con otros instrumentos (culturales, económicas); y defender un horizonte anticolonial, antiimperialista y anticapitalista hacia el “socialismo comunitario”.
Así se abrió un proceso de acumulación de luchas populares que en 2005 sería capitalizado por Morales, su partido (MAS) y su proyecto, generando una base de detractores encarnada principalmente por los defensores del modelo neoliberal.
La resistencia del movimiento cocalero al neoliberalismo, particularmente en la defensa de la hoja de coca, enfrentó una violencia sistemática del Estado —promovida por EE.UU.— con detenciones arbitrarias, represión y centenares de víctimas. Esta lucha catapultó a Morales, quien fue estigmatizado por la derecha como “terrorista”, “Bin Laden andino” o “guerrillero”, inaugurando la primera etapa del antievismo.
Una segunda fase se articuló bajo Carlos Mesa (marzo de 2005), quien asumió la presidencia tras la huida de Sánchez de Lozada (2003) y convocó a las “clases silenciosas” contra los bloqueos, culpando a Morales y Abel Mamani. La respuesta reeditó el apoyo civil a las dictaduras: mujeres adultas mayores con pañuelos blancos que rápidamente derivaron en paramilitares. Mesa reabrió la fascistización social en el país y dio lugar a discursos conservadores, anticampesinos, antiindígenas y antiobreros que alertaban sobre el “peligro comunista” y la necesidad de “salvar a Dios, la familia y la patria” de los “salvajes” encarnados en Morales.
Pese a ello, las condiciones favorecieron al movimiento popular y Mesa siempre dubitante renunció, por lo que, en un ambiente de conflicto social, se adelantaron las elecciones donde el MAS obtuvo una contundente victoria electoral en 2005. No obstante, la victoria no fue total y permitió que la violencia derechista y la fascistización de algunos sectores germinara, explotando años después en el “Enero negro” cochabambino (2007) y en las tensiones separatistas impulsadas por terratenientes y la agroindustria oriental (2008), hasta el referéndum constitucional de 2009. Esta tercera etapa antievista culminó con el triunfo popular, aunque con concesiones que luego pasarían factura.
En 2016, el referéndum para la reelección de Morales y García Linera fue ganado por el “No” (2.6% de diferencia), precedido por una campaña mediática sin precedentes basada en noticias falsas. Se fabricó un escándalo moral acusando a Evo de haber tenido un hijo con una entonces menor y tráfico de influencias —hechos luego desmentidos—, pero el daño a su imagen fue irreversible. El gobierno desconoció el resultado apelando al “derecho humano a ser elegido” y una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), alimentando la cuarta etapa antievista.
Esta fase combinó protestas callejeras, ataques mediáticos y un discurso que denunciaba la “dictadura evista”, la “pedofilia” y un supuesto “fraude electoral” para 2019. Tras los comicios, la derecha —de pitas a armas— copó las calles con paramilitares, policías y militares que pidiendo la renuncia renuncia de Morales concretaron un golpe de Estado. El racismo explícito respaldó el autonombramiento de Jeanine Áñez, cuyo gobierno evidenció incapacidad, corrupción y violencia servil al imperialismo. Llama la atención que grupos ultraizquierdistas, en un papel ridículo de quinta rueda, secundaron la revuelta conservadora tildando al MAS de “proburgués” y arengando junto a la derecha y el paramilitarismo.
Tras el desastre del régimen de Añez, el MAS retornó al poder en 2020 con Arce y Choquehuanca. Este último, en 2021, planteó una “renovación” dirigencial contra el liderazgo de Morales, aunque sus figuras eran viejos cuadros masistas sin sustento ideológico, salvo un discurso “indigenista” marginal.
La quinta etapa antievista se cristalizó cuando el gobierno de Arce desplegó una campaña estatal contra Morales. Sectores “arcistas” de clase media y de una izquierda claudicante y oportunista dividieron organizaciones sociales, mientras la guerra judicial perseguía a Evo y criminalizaba la protesta social. Así, la represión policial-militar violó sistemáticamente derechos humanos para imponer al arcismo.
A este escenario se sumó la escisión de Andrónico Rodríguez (presidente del Senado), exdirigente cocalero apadrinado por Evo. Su oportunismo —con retórica liberal y matices machistas— intentó fracturar el núcleo evista sin éxito, carente de capital político propio.
El virulento resurgimiento antievista confirma dos hechos: la política boliviana aún gira en torno al proyecto de Morales, y el verdadero blanco de la derecha no es su persona, sino lo que simboliza —la vindicación popular-indígena-campesina-obrera—, profundizando la polarización.
El antievismo, en su evolución cíclica, se revela como la expresión orgánica de las élites bolivianas ante la irrupción histórica de los sectores subalternos. Lejos de ser una mera oposición personalista, constituye la reacción estructural —racista, clasista y colonial— contra el proyecto de descolonización que Morales encarnó. Sus mutaciones tácticas (del paramilitarismo al lawfare) no han logrado erradicar su núcleo ideológico: el pánico ante la redistribución del poder político y simbólico. La persistencia de esta contradicción, hoy agudizada por la fractura interna del oficialismo, confirma que la resolución de la crisis boliviana pasa ineludiblemente por resolver la tensión entre el proyecto popular encarnado en el evismo y las fuerzas que buscan restaurar el viejo orden. Cualquier salida que ignore esta dialéctica reproducirá la violencia fundante de la nación.
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