Una de las peores irresponsabilidades del poder es creer que la liga de la prepotencia puede estirarse de forma ilimitada. Es la lógica de los hechos consumados. Se atropella la ley y los derechos ajenos bajo la premisa de que todo es remendable. El que pega primero pega dos veces, es la consigna, como si la democracia fuera una pelea callejera.
La ofensiva minera propiciada por las empresas transnacionales, las élites nacionales adscritas a esos intereses globales y los gobiernos de turno desde hace 25 años no tiene la más mínima contemplación social, cultural ni ambiental. Dan por hecho que la ilusión del crecimiento económico y la generación de ingresos neutralizan cualquier cuestionamiento a la devastación territorial. Las comunidades rurales, los pueblos ancestrales y la naturaleza deberían estar agradecidos por la expansión indiscriminada y brutal de capitalismo.
La disputa por la minería en el Azuay está alcanzando niveles explosivos. El desconocimiento de hecho de dos consultas populares por parte de las empresas mineras y el gobierno amenaza con llevar el conflicto a situaciones extremas. No solo las organizaciones sociales y ambientales reclaman el respeto a la decisión soberana y democrática del pueblo; este rato, instituciones como la iglesia católica acaban de plegar a una demanda que trasciende toda consideración política o ideológica, porque se refiere a la defensa misma de la vida: no contaminar le agua para consumo humano.
Y los argumentos no son únicamente locales. En la invitación que hace la Arquidiócesis de Cuenca a la peregrinación en defensa de los páramos de Kinsacocha se invoca la exhortación que hace el Papa León XIV en favor del cuidado de la creación, un compromiso irrenunciable con la vida, la justicia y el futuro de las nuevas generaciones. Desde una visión teológica se resalta la maravilla que subyace a la existencia de nuestra casa común, y se la conecta con una realidad concreta, actual y urgente. La crisis ambiental se evidencia aquí y ahora, y amenaza con aniquilar la vida en la Tierra.
Que la iglesia católica se solidarice con estas exigencias sociales y ambientales implica que el problema tiene connotaciones más profundas y complejas que las que los empresarios mineros quieren reconocer. No se trata de grupitos radicales que quieren alborotar el escenario, como suelen afirmar los voceros empresariales. Estamos frente a un problema que afecta no solo a las comunidades adyacentes al proyecto minero, sino a una ciudad entera. Los informes técnicos elaborados por prestigiosos investigadores e instituciones alertan sobre la contaminación irreversible del agua que consumirá la ciudad de Cuenca en las próximas décadas.
¿Hasta dónde piensan estirar la liga de los atropellos políticos los grupos de poder interesados en el negocio minero? La zona de Kinsacocha ya está cercada y militarizada; la arremetida mediática a favor de la minería está en marcha; la estrategia para cooptar y dividir a las comunidades rurales cuenta con excelente financiamiento; y el desconocimiento de las decisiones judiciales en favor de los derechos colectivos se ha vuelto moneda corriente.
¿Está el poder dispuesto a imponer la minería a sangre y fuego, como en la colonia? ¿Supone que el crimen es, por ahora, una posibilidad? ¿Va a minimizar y ridiculizar le resistencia general de la ciudadanía, incluida la iglesia católica?
Cuando se produzca una explosión social, seguramente les echarán la culpa a los terroristas, a los agentes infiltrados por algún gobierno extranjero hostil, a los indios, o a todo aquel que tenga una pizca de apego por la vida.
Julio 18, 2025
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