Un puñado de noveleros sin historia convirtió a la Asamblea Nacional en una guardería bajo la falsa premisa de que el cambio generacional en la política implicaba, únicamente, la sustitución de rostros y, el resultado, fue mucho peor, porque crearon una infantocracia corrupta y alza manos, que no gobierna ni en sus propios despachos ni aporta con proyectos de ley importantes para el país, ya que estos asambleístas han dedicado buena parte de su tiempo a repartirse la Función Legislativa como un botín de guerra, tendiendo redes familiares de trabajo para acomodar a padres y madres, hermanos, tíos, allegados -y posiblemente hasta enamorados- en puestos estratégicos a fin de beneficiarse de los recursos del Estado, a espaldas de los ciudadanos que les entregaron su voto de confianza en las urnas.
Sin embargo, más allá de la reforma al artículo 7 del Reglamento Interno de Talento Humano de la Asamblea Nacional, que ahora prohíbe la contratación de familiares de asambleístas y funcionarios públicos en ese espacio, y de identificar el modus operandi del joven legislador Dominique Serrano, del partido de Gobierno, ADN, y de otros corruptos como él, a los cuales el presidente de la Función Legislativa, Niels Olsen, no quiere desenmascarar por una supuesta reserva de la información que carece de sustento legal, porque no se enmarca dentro de las causales que justifican la confidencialidad por razones de seguridad del Estado, pese a que podría existir en esa misma información responsabilidades penales por tráfico de influencias.
Lo de fondo, es que tenemos una Asamblea secuestrada por clanes que -por encima de las etiquetas partidarias- utilizan como pretexto la política para llegar a puestos de poder e instalar sus negocios familiares ganando sumas de dinero nada despreciables con la denominación de “asesores”; recursos que, seguramente, nunca obtendrían emprendiendo por cuenta propia o en relación de dependencia con el sector privado.
Pero la infantocracia con angurria de dinero ajeno no es el único mal de esta Asamblea de menos de 100 día de vida, también está la familiocracia con la que se construyeron las candidaturas de los partidos políticos, la cual pasó plenamente inadvertida por la campaña electoral, la cual mostró como algunos asambleístas principales llegaron al cargo acompañados de familiares cercanos —especialmente de sus hijos— que también fueron candidatos, pero no como sus propios suplentes, sino como suplentes de otros colegas dentro del mismo bloque político. Mecanismo antiético que materializó el intercambio de favores familiares entre candidatos y, desde luego, la ausencia rotunda de democracia interna y, peor aún, de partidos democráticos, porque en ausencia de cuadros propios, de militantes formados y capacitados para el ejercicio político y legislativo, los dueños de estos negocios de alquiler prefirieron abrir el camino a la parentela de uno u otro conocido con tal de participar y ganar, sin que les importen las consecuencia políticas y jurídicas de estos actos.
Por ello, los ciudadanos y los medios de comunicación no pueden ni deben permitir que la gestión de los asambleístas quede fuera de su escrutinio público. Más aún cuando el país necesita una Asamblea Nacional que sea un espacio de alta deliberación, dedicado a la formulación y aprobación de leyes que realmente mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos, y no una maquinaria de nepotismo y corrupción disfrazada de política, como lamentablemente ocurre en la actualidad.
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