Establecer si el gobierno nacional financió las vallas de la infamia con las que se busca ultrajar a los jueces de la Corte Constitucional viene a ser un acto secundario, accesorio, innecesario. En la práctica, la acción está en perfecta concordancia con la estrategia del régimen para dinamitar la democracia. Parece un apéndice. Es más: si el gobierno estuviera consciente de la brutalidad de la iniciativa, ya habría salido a condenarlo. Pero el que calla, otorga, como dice el refrán.
El linchamiento oficial es un ingrediente consustancial a los proyectos políticos autoritarios. En el Ecuador tenemos tres ejemplos emblemáticos, suficientemente frescos como para recordarlos. Durante la administración de León Febres Cordero se difundían imágenes en los medios de comunicación con el rostro de aquellos opositores a quienes el gobierno consideraba subversivos. Era una instigación frontal a la violencia colectiva y a la agresión pública. Pero, sobre todo, era una apelación al miedo, ese recurso tan preciado por los gobernantes con alma de tiranos.
Durante la administración de Rafael Correa, sistemáticamente se utilizó el espacio de las sabatinas para linchar desde el gobierno a críticos, opositores y antagonistas políticos. Hubo una predilección especial por los periodistas, sobre todo con aquellos que desnudaban las miserias y mediocridades del caudillo.
Ahora le tocó el turno a Daniel Noboa. Su deriva autoritaria empieza a desencadenar lo que se conoce como síndrome del esbirro. Es decir, esa tendencia de algunas personas a realizar acciones reñidas con la moral o con la ley con tal de hacer buena letra frente al jefe. El primer mandatario no tiene que disponer que coloquen las vallas; siempre habrá un funcionario, o un militante del oficialismo, o algún simpatizante que se encargue de interpretar sus deseos no manifiestos. Y siempre irá más allá de cualquier sensatez. Ejemplos sobran en la historia y en el mundo.
Pero el linchamiento oficial en contra de los opositores es tan solo un ingrediente de la fórmula autoritaria. El objetivo central es el sometimiento de todas las expresiones divergentes, sean estas de la sociedad civil o del mismo Estado. En este caso, la administración de justicia se vuelve una obsesión. Su control implica absolver a los amigos y perseguir a los adversarios.
Febres Cordero rodeó con tanquetas las Corte Nacional de Justicia para impedir la posesión de jueces que no eran de su agrado. Correa convocó a una consulta popular para, literalmente, meterle mano a la justicia, uno de cuyos resultados fue la tristemente célebre corte cervecera. Noboa pretende remplazar por la fuerza a los actuales jueces de la Corte Constitucional. En el fondo, se trata del mismo patrón autoritario: para ellos, la justicia es un estorbo, la ley un forúnculo, la democracia una impertinencia.
Agoto 12, 2025
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