Por Juan Cuvi
Quienes hace una década advertíamos que el estallido del primer coche bomba en el Ecuador marcaría un punto de inflexión en la escalada violenta del crimen organizado y del narcotráfico, no lo hacíamos porque gocemos de alguna forma de clarividencia. Un simple ejercicio de extrapolación permitía anticipar lo que podía ocurrir a futuro. Bastaba revisar la historia de Colombia para confirmarlo.
En 2018 estalló un coche bomba junto al destacamento policial de San Lorenzo. La noticia fue relativizada porque se trataba de un territorio fronterizo, inseguro, permeado por la guerrilla colombiana y por los carteles de la droga y, sobre todo, alejado de los centros urbanos del país. La sociedad ecuatoriana podía presumir que ese tipo de incidentes no llegarían a incomodar la plácida y apática paz a la que estaba acostumbrada. Un bombazo en pleno centro de Guayaquil era inconcebible, demencial.
Pues bien, acaba de ocurrir. Y las respuestas de las autoridades, y de la denominada clase política, oscilan entre el desconcierto, la impotencia y la insensatez (por no decir algo más grosero). No han encontrado mejor estrategia que utilizar el episodio como insumo para desprestigiar a los rivales políticos.
En una penosa demostración de desertificación neuronal, el expresidente Rafael Correa insinuó que el coche bomba junto al mall del Sol sería un autoatentado del gobierno para sacarle provecho a la crisis generada por el paro indígena. Ni cortos ni perezosos, algunos altos funcionarios del régimen insinuaron, en la misma tónica, que el coche bomba estaría directamente relacionado con las organizaciones indígenas y sociales que se han movilizado en la provincia de Imbabura.
A ninguno de los protagonistas de estas versiones delirantes se le ocurrió la idea más simple, elemental y básica de advertirle responsablemente al país de lo que se puede venir a futuro. La ramplonería de nuestra política criolla se sobrepone a toda forma de racionalidad, de sensibilidad con las víctimas de la explosión, de empatía con una ciudadanía que empieza a exteriorizar graves síntomas de miedo y angustia general.
¿Pensarán estos personajes que la política que quieren poner en práctica tiene alguna posibilidad en un país devastado por la violencia de los grupos criminales? En Colombia, una buena parte de los políticos que se lanzaron de candidatos a la presidencia de la república terminaron asesinados. El último, y más reciente, fue el senador Miguel Uribe Turbay. Y aquí en nuestro país sucedió lo mismo con Fernando Villavicencio.
¿Creen estos adalides de la mediocridad política que son inmunes a las balas, que poseen alguna patente de inmortalidad, que pueden blindarse contra las amenazas del crimen organizado? ¿Llevan consigo algún talismán misterioso que les concede poderes sobrehumanos sobre las contingencias de la inseguridad nacional?
El mensaje del último coche bomba no puede ser más claro: es una interpelación brutal e insolente a la sociedad, no solo al Estado. Es un desafío a la convivencia social. Es una advertencia a quienes pretendan gobernar este país. ¿Eso no pueden entender estos geniales personajes de la política nacional?
Octubre 21, 2025
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