Por Max Blumenthal / The Grayzone
La acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el líder secuestrado en Venezuela, Nicolás Maduro, es una diatriba política que se basa en gran medida en el testimonio coaccionado de un testigo poco fiable. A pesar de las diferentes ediciones del Departamento de Justicia, podría terminar exponiendo a más estadounidenses a la propia historia de tráfico de drogas de la CIA.
La incursión militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores fue seguida por la publicación, por parte del Departamento de Justicia, de su acusación sustitutiva contra los dos secuestrados, así como contra su hijo, Nicolasito Maduro, y dos aliados políticos cercanos: el ex ministro de Justicia Ramón Chacin y el ex ministro de Interior, Justicia y Paz Diosdado Cabello. El Departamento de Justicia también ha involucrado al líder del cártel de Tren De Aragua (TDA), Héctor «Niño» Guerrero, al batiburrillo de acusados, situándolo en el centro de su narrativa.
La acusación equivale a una diatriba de 25 páginas que acusa a Maduro y Flores de conspiración para traficar con «miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos», basándose fundamentalmente en el testimonio de testigos coaccionados sobre supuestos envíos que en gran medida tuvieron lugar fuera de la jurisdicción estadounidense. Se acusa a Maduro de «haberse asociado con narcoterroristas» como el Tren de Aragua (TDA), ignorando una reciente investigación de la inteligencia estadounidense que concluyó en que dicho personaje no tenía control sobre la organización criminal venezolana. Finalmente, los fiscales apilaron la acusación incriminando a Maduro por «posesión de ametralladoras», una ofensa ridícula que podría aplicarse fácilmente a cientos de miles de estadounidenses amantes de las armas bajo una anticuada ley de 1934.
Los fiscales del Departamento de Justicia evitan cuidadosamente los datos precisos sobre las exportaciones de cocaína venezolana a los Estados Unidos. En un momento dado, describen «toneladas» de cocaína; en otro, se refieren al envío de «miles de toneladas», una cifra astronómica que hipotéticamente podría generar cientos de miles de millones de dólares en ingresos. En ningún momento mencionan el fentanilo, el fármaco responsable de las muertes por sobredosis de cerca de 50.000 estadounidenses en 2024. De hecho, la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la DEA emitida bajo la supervisión de Trump este año apenas menciona a Venezuela.
Al recurrir a un lenguaje vago y deliberadamente expansivo cargado de términos subjetivos como «corrupto» y «terrorista», el Departamento de Justicia ha construido una narrativa política contra Maduro en lugar de un caso legal concreto. Aunque se refiere repetidamente a Maduro como el «gobernante ilegítimo de facto del país», el Departamento de Justicia no demuestra que es de iure ilegítimo bajo el criterio de la ley venezolana y, por lo tanto, no podría eludir el precedente legal internacional establecido que otorga inmunidad a los jefes de Estado.
Además, la acusación se basa en testigos coaccionados y poco fiables como Hugo «Pollo» Carvajal, un ex general venezolano que llegó a un acuerdo secreto para reducir su sentencia por tráfico de drogas suministrando información poco confiable que permita encausar judicialmente a Maduro. Se decía que Carvajal era una figura clave en la llamada red de drogas «Cartel of the Suns«, que según el Departamento de Justicia estaba dirigida por Maduro. Sin embargo y cuando aparezca para testificar en contra del líder venezolano secuestrado, la defensa de Maduro responderá informándole al público estadounidense de que dicho «cártel» no fue fundado por el depuesto presidente venezolano o alguno de sus aliados, sino por la CIA para traficar drogas a las ciudades estadounidenses.
Por descuidada que sea y politizada que esté la acusación del Departamento de Justicia contra Nicolás Maduro, el hecho en sí ha permitido a Donald Trump enmarcar su controversial «Doctrina Donroe» como una política agresiva de aplicación legal sin ley que la respalde, animando al presidente estadounidense a incrementar sus amenazas de secuestro o agresión a otros jefes de estado que se interponen en su objetivo de despojo de recursos naturales en América Latina. Este parece ser el verdadero propósito del espectáculo que veremos en los próximos meses en las audiencias del tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se juzga a Maduro.
Armar el engaño del narcoterror
La mayor parte del caso contra Maduro se basa sobre la acusación de que «participaron en el tráfico de drogas e incluso en asociación con grupos narcoterroristas». Según el Departamento de Justicia, Maduro conspiró con el TDA, así como con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas para traficar drogas entre 2003 y 2011. Sin embargo, estos cárteles no fueron designados por la administración Trump como Organizaciones Terroristas Extranjeras hasta febrero de 2025, una medida obviamente diseñada para justificar el actual secuestro de Maduro y legitimar la acusación.
En su intento por condenar a Maduro, el Departamento de Justicia sin duda enfrentará dificultades para superar la conclusión a la que llegó un memorando del 7 de abril de 2025 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), donde se indica que el líder venezolano no controlaba el TDA y que efectivamente desmanteló, a través de una incursión masiva de la policía militar de 2023 en la prisión de Tocorón, la infraestructura que hasta entonces sirvió como base de operaciones de la banda criminal. Un informe del medio InSight Crime, financiado por el Departamento de Estado, también complica el caso forjado desde el Departamento de Justicia, pues indica que «los pocos crímenes atribuidos a presuntos miembros de Tren de Aragua en Estados Unidos parecen no tener conexión con el grupo más grande o su liderazgo en Venezuela».
De hecho, muchos de los supuestos crímenes por los que se acusa a Maduro tuvieron lugar fuera de las fronteras y la jurisdicción de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia alega, por ejemplo, que en septiembre de 2013 «funcionarios venezolanos enviaron aproximadamente 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Maiquetia al Aeropuerto Charles de Gaulle de París».
En 2018, cinco ciudadanos británicos fueron condenados en un tribunal francés por orquestar este cargamento de drogas con la ayuda de pandilleros de Colombia e Italia, pero no de Venezuela. En el momento del incidente, el gobierno de Maduro reconoció que funcionarios venezolanos corruptos de bajo nivel habían permitido que las drogas pasaran por los filtros de seguridad del aeropuerto de Caracas. Las fuerzas de seguridad venezolanas finalmente arrestaron a 25 personas, incluidos miembros del ejército y un gerente de Air France por este caso, un hecho destacado y omitido en la acusación del Departamento de Justicia contra Maduro y resto de encausados.
La evidencia de la participación de Maduro en el escándalo, según el Departamento de Justicia, fue que el cargamento de drogas tuvo lugar «pocos meses después de que [Maduro] llegara a la presidencia venezolana». No se ofrece ninguna otra prueba para demostrar su culpabilidad.
La acusación continúa alegando que Maduro «facilitó el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática» para evitar el escrutinio policial cuando aterrizaron en México. Citando el testimonio coaccionado de un disidente del gobierno venezolano que acusa a Diosdado Cabello de coordinar un cargamento de 5,5 toneladas de cocaína en un avión DC-9 a México. Ninguna de estas afirmaciones debería mantenerse en un tribunal estadounidense.
Como explicó la defensora pública y analista legal Eliza Orlins: «Los vuelos cuyo origen tienen lugar dentro de Venezuela no atraviesan el espacio aéreo estadounidense, no implican el territorio aduanero de EEUU y, por sí solos, no violan la ley estadounidense». La acusación intenta introducir estos supuesto movimientos de sustancias ilícitas en la jurisdicción penal estadounidense afirmando que la cocaína involucrada estaba destinada en última instancia a los Estados Unidos. Así las cosas, no son los hechos sino la intención el pilar fundamental sobre lo que se sostienen las acusaciones del Departamento de Justicia.
Debido a que la mayoría de los incidentes específicos citados en la acusación ocurrieron dentro de México bajo los mandatos presidenciales de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Departamento de Justicia implica inadvertidamente a estas tres administraciones pro-estadounidenses en la causa, todas ellas -sin excepción- dieron forma a sus políticas antinarcóticos en coordinación con Washington. De hecho, el mando policial principal durante los dos primeros gobiernos, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Genaro García Luna, fue condenado en un tribunal federal de Estados Unidos en 2023 por liderar una conspiración multimillonaria en complicidad con el cártel de Sinaloa. A su vez, el ex embajador de Estados Unidos en México, Robert Jacobson, reconoció que Estados Unidos sabía todo sobre los lazos del cártel de García Luna, pero insistió en que «teníamos que trabajar con él».
El doble rasero hondureño
El Departamento de Justicia también implica también al gobierno pro-estadounidense del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, refiriéndose a Honduras como un punto de transbordo «en el que los traficantes de cocaína que operan en esos países pagaron una parte de sus propias ganancias a los políticos que los protegían y ayudaban».
Hernández fue condenado en un tribunal federal de Estados Unidos en 2023 por traficar más de 400 toneladas de drogas a Estados Unidos, pero recibió el indulto del presidente Donald Trump el pasado mes diciembre, tras una sostenida operación de cabildeo articulada por los principales donantes de la campaña electoral del actual mandatario de los Estados Unidos y cuyo fin no era otro que mantener el refugio criptográfico desregulado de la ciudad-estado de Próspera, un experimento que financiado con capital riesgo de inversionistas estadounidenses que busca llevar a la práctica la teoría libertario anarcocapitalista de las llamadas «ciudades startups» o «ciudades chárter» en la paradisíaca isla de Roatán, frente a las costas del caribe hondureño.
Durante su conferencia de prensa del 3 de enero anunciando el secuestro de Maduro y su esposa, Donald Trump defendió agresivamente su decisión de indultar a Hernández, alegando que había sido «perseguido de manera muy injusta». Sin embargo, el mismo fiscal del Departamento de Justicia que escribió la acusación original contra Maduro en 2020, el leal trumpista Emil Bove, fue responsable también de la acusación contra Hernández. En contraste con el caso contra Maduro, la acusación de Hernández contenía pruebas concretas de su colaboración con los principales cárteles transnacionales, incluyendo documentación fotográfica y videos.
Hernández presentó su caso a Trump en 2025, mediante una carta donde alegaba haber sido sometido a un «juicio amañado» y condenado en «base a declaraciones no corroboradas de narcotraficantes convictos».
Su cuestionable afirmación también podría aplicarse al enjuiciamiento de Maduro por parte del Departamento de Justicia, ya que muchas de las acusaciones más dramáticas contenidas en la acusación contra el ex presidente venezolano provienen de un narcotraficante convicto, el ex general también venezolano Hugo «El Pollo» Carvajal, el cual que llegó a un acuerdo secreto con los fiscales estadounidenses para reducir su propia sentencia a cambio de testificar contra Maduro.
El «testigo estrella» coaccionado llega a un acuerdo secreto con los fiscales estadounidenses
Carvajal, jefe de inteligencia militar bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez durante el período comprendido entre los años 2004 y 2011, es citado siete veces en la acusación del Departamento de Justicia del 3 de enero como testigo de supuestos actos criminales cometidos por Maduro y su círculo íntimo. Carvajal fue arrestado por primera vez en 2014 en Aruba acusado de tráfico de drogas, pero fue devuelto a Venezuela para disgusto de las autoridades estadounidenses. En 2017, cuando se enfrentó a nuevas acusaciones en Estados Unidos, el general se volvió repentinamente contra Maduro, a quien por primera vez calificó como dictador. Carvajal respaldó abiertamente el proyecto de cambio de régimen del «presidente interino» controlado por Estados Unidos, Juan Guaidó, en 2019, posicionándose abiertamente como desertor mientras ofrecía a Washington su supuesto conocimiento del estado profundo venezolano.
Ese mismo año, cuando Carvajal buscaba asilo en España, Estados Unidos exigió formalmente que Madrid lo entregara. Ahora, frente a la perspectiva de la extradición, protagonizó una serie de entrevistas reveladoras a medios como el New York Times, haciendo todo lo posible para legitimar prácticamente todas las acusaciones que la administración Trump trata de armar contra Maduro.
El entonces senador Marco Rubio apenas pudo contener su entusiasmo ante la posibilidad de exprimir al informante chavista para que testificara en un futuro caso contra Maduro. Carvajal «pronto vendrá a los Estados Unidos para proporcionar información importante sobre el régimen #Maduro», tuiteó Rubio el 12 de abril de 2019. «Mal día para la familia #MaduroCrime.»
No fue hasta 2023 que Carvajal fue finalmente extraditado y llevado a juicio en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Después de declararse culpable de «narcoterrorismo» en junio de ese mismo año, el Miami Herald informó que había llegado a un acuerdo de culpabilidad que le otorgaría «una considerable reducción de la sentencia si proporciona una asistencia sustancial» a las investigaciones estadounidenses.
El acuerdo aún secreto de Carvajal revela el juego desarrollado desde que se posicinó públicamente como desertor. Sus acusaciones contra Maduro habían sido presentadas bajo coacción, todas diseñadas para satisfacer a sus posibles carceleros en los Estados Unidos. Desde entonces se ha entregado a una de las teorías de conspiración favoritas de Trump, alegando en una carta enviada en junio de 2025 al presidente de los Estados Unidos que Maduro manipuló los sistemas de votación Smartmatic de Venezuela para manipular los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020 a favor de Biden.
La desvergonzada complacencia de Carvajal hacia Trump y el acuerdo secreto con la fiscalía deberían ser suficientes para poner en cuestión su credibilidad como testigo contra Maduro en dicho proceso.
En su acusación del 3 de enero contra Maduro, el Departamento de Justicia afirmó que Carvajal y Diosdado Cabello «trabajaron con otros miembros del régimen venezolano» para «coordinar el envío» de 5,5 toneladas de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a Campeche (México), en un jet privado en 2006. Este caso sigue siendo la fuente de una intensa intriga, ya que la propiedad del avión DC-9 vinculado a dos sombrías compañías estadounidenses apunta en dirección a la inteligencia estadounidense.
Si bien los detalles de la posible participación encubierta del gobierno estadounidense en el cargamento de drogas de 2006 siguen siendo turbios, es un hecho establecido que la CIA fundó y operó el «Cartel de los Soles» que el Departamento de Justicia ahora acusa a Maduro, Cabello y otros altos funcionarios venezolanos de controlar.
Cartel de los Soles: creado por la CIA, armado por el Departamento de Justicia
En la acusación original contra Maduro, el Departamento de Justicia acusó explícitamente al ex mandatario venezolano de liderar un cártel de narcotráfico llamado «Cartel de los Soles», haciendo referencia a dicha organización criminal más de 30 veces.
La acusación revisada del Departamento de Justicia contra Maduro revelada el pasado 3 de enero afirma: «A partir de 1999 o alrededor de 1999, Venezuela se convirtió en un refugio seguro para los traficantes de drogas dispuestos a pagar por protección y apoyar a los funcionarios civiles y militares venezolanos corruptos, que operaban fuera del alcance de la policía colombiana y las fuerzas armadas reforzadas por la ayuda antinarcóticos de los Estados Unidos». Y continúa: «Las ganancias de esa actividad ilegal fluyen hacia funcionarios corruptos civiles, militares y de inteligencia, que operan en un sistema de patrocinio dirigido por aquellos en la cima, denominados el Cartel de Los Soles o el Cartel de los Soles».
La red informal de oficiales militares corruptos fue, de hecho, establecida por la CIA bajo gobiernos venezolanos pro-estadounidenses durante las décadas de 1980 y 1990. Los estadounidenses descubrieron esta incómoda verdad no a través de algún periodista de investigación disidente, sino por el New York Times y el periodista televisivo Mike Wallace a través de una exposición de 60 minutos transmitida en 1993.
Tres años antes, funcionarios de Aduanas de Estados Unidos en Miami habían interceptado un cargamento de 1000 libras de cocaína pura procedente de Venezuela. Pero pronto los superiores del gobierno de EEUU les dijeron que los envíos habían sido aprobados por Langley. Según el Times, la CIA trató de permitir que la cocaína entrara a los Estados Unidos sin ser incautada, buscando disipar toda posible sospecha. La idea era reunir la mayor información posible sobre los miembros de las bandas de narcotraficantes.
«Realmente me opongo al hecho de que llegaron 1000 kilos, financiados con el dinero de los contribuyentes estadounidenses», comentó Annabelle Grimm, entonces adjunta de la DEA a Venezuela, a lo que agregó: «Me pareció particularmente espantoso.»
Para organizar los envíos desde Venezuela, la CIA reclutó generales de la Guardia Nacional venezolana que fueron entrenados por los Estados Unidos. Debido a que los oficiales de la Guardia Nacional llevaban parches en sus uniformes con el símbolo de un sol, la red informal de drogas fue calificada como «El Cartel de los Soles».
En los años posteriores a la exposición del cártel dirigido por la CIA en los medios estadounidenses, este desapareció, solo para ser revivido cuando el gobierno de los Estados Unidos comenzó a acosar al general Carvajal, quien pronto se ofrecería como testigo clave contra Maduro. Aunque la corrupción sigue estando presente en el ejército venezolano, hay poca evidencia de algo parecido a un Cartel de los Soles entre sus filas.
Como dijo a CNN Phil Gunson, analista del International Crisis Group, con sede en Caracas: «El Cartel de los Soles, per se, no existe». Es una expresión periodística creada para referirse a la participación de las autoridades venezolanas en el tráfico de drogas.
Un ex alto funcionario estadounidense se hizo eco de Gunson, describiendo a Cartel of the Suns como «un término inventado que se usa para describir a un grupo ad hoc de funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas a través de Venezuela. No tiene la jerarquía ni la estructura de mando y control de un cártel tradicional.»
El funcionario le dijo a CNN que la DEA o la Agencia de Inteligencia de Defensa habían proporcionado a Trump una evaluación «puramente política» del cártel con el fin de apoyar su ataque a Venezuela.
El descubrimiento otorgado a la defensa en el juicio de Maduro y Flores corre el riesgo de avergonzar gravemente al gobierno de los Estados Unidos, en caso de presentarse más pruebas del tráfico de drogas de la CIA. Esta puede ser la razón por la que el Departamento de Justicia suavizó su lenguaje sobre el Cartel de los Soles, refiriéndose a ello en la acusación del 3 de enero como una mera «red de patrocinio» en lugar de como un sindicato criminal cohesivo, y pasando a mencionarlo solo dos veces.
Durante su primera comparecencia ante el tribunal ese mismo día, el líder venezolano secuestrado solo pudo hablar por un breve momento. «Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy Presidente…» suplicó Maduro antes de ser interrumpido por su abogado.
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