La excepción como norma en el gobierno de Noboa

10 de febrero 2026

Hay países en donde se gobierna desde la democracia y la ley, buscando el bien común, y otros desde la urgencia y sus narrativas de crisis, atadas a los intereses de los grupos dominantes. El Ecuador contemporáneo ha dado un paso más inquietante: aquí se gobierna desde la suspensión permanente de la ley, poniendo en jaque la vida misma.

Bajo el gobierno de Daniel Noboa (2023–…), el estado de excepción ha dejado de ser un recurso extraordinario para convertirse en arquitectura estable del poder. Con 12 estados de excepción decretados en poco más de dos años (incluido el emitido el 1 de enero de 2026 y aún vigente), en diversas provincias, el país ha vivido aproximadamente 720 días bajo regímenes excepcionales; es decir, casi dos años completos gobernados bajo estados de excepción, mediante decretos, militarización y suspensión de garantías.

La excepcionalidad ya no opera como respuesta temporal a la crisis, sino como forma ordinaria de gobierno. No estamos ante una desviación coyuntural del Estado de derecho, sino ante su reconfiguración estructural bajo un régimen de urgencia permanente. El filósofo italiano Giorgio Agamben advirtió que la excepción es ese espacio paradójico donde el derecho se suspende para pisotear la vida. En Ecuador, ese “espacio vacío” ha dejado de ser transitorio: se ha vuelto régimen. El decreto ha sustituido a la ley; leyes de urgencia económica pretenden sustituir a la Constitución; la emergencia ha reemplazado a la deliberación democrática. En paralelo, la seguridad se ha impuesto como principio organizador de lo político. En suma, la excepción ya no protege el orden constitucional: lo reemplaza. Y todo se cobija con el cultivo del miedo como herramienta de dominación.

Aquí converge la vieja intuición de Carl Schmitt con la racionalidad del neoliberalismo tardío. El soberano ya no decide excepcionalmente sobre la excepción: la administra cotidianamente. Noboa no gobierna a pesar del estado de excepción, sino a través de él. La suspensión de derechos no es un efecto colateral; es el medio mediante el cual se reorganiza la relación entre Estado, población y economía.

La derrota en la consulta popular impulsada por Daniel Noboa (celebrada a finales de 2025, en la que se expresó una amplia mayoría cansada de soluciones punitivas y de tanta excepcionalidad) constituye un punto de inflexión político clave para entender el recrudecimiento del giro autoritario. La consulta, presentada como un mecanismo para “recuperar la seguridad” y “modernizar el Estado”, incluía un paquete heterogéneo de reformas que combinaban regreso de bases militares extranjeras (norteamericanas, se entiende), reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional, eliminación del financiamiento a partidos políticos por parte del Estado y la posibilidad de redactar una nueva constitución acorde con los intereses de las oligarquías, que siempre estuvieron en contra del texto constitucional, que por primera vez en la larga historia constitucional de Ecuador se aprobó mayoritariamente en las urnas, en el año 2008. Hablamos de oligarquías funcionales a los intereses transnacionales, algunas ligadas a las empresas de la familia del presidente Noboa. Lejos de ser un ejercicio neutral de democracia directa, la consulta buscaba relegitimar por vía plebiscitaria un proyecto de poder que ya mostraba signos de agotamiento social.

El rechazo ciudadano no fue únicamente un voto negativo a las cuatro preguntas específicas; fue una derrota política y simbólica del relato gubernamental. La población expresó su hartazgo y fastidio frente a la promesa de que, más castigo, más fuerza pública en las calles y menos controles democráticos conducirían a mayor bienestar. En ese sentido, la consulta no fracasó por falta de pedagogía, como sostuvo el oficialismo, sino porque evidenció una brecha creciente entre el gobierno y una sociedad que comenzaba a percibir la securitización permanente como parte del problema y no de la solución. El “no” fue, ante todo, un límite político impuesto desde abajo. El pueblo demostró que la diversidad, la creatividad y el compromiso son base potente para acciones transformadoras. En esa gran minga democrática se priorizó el bien común. Se marginaron los individualismos y los egoísmos. Así, este triunfo popular sobre los intentos de profundizar el proyecto liderado actualmente por Noboa no puede ser asumido por ningún grupo político, ni ningún caudillo en particular.

Es precisamente después de esta derrota que el Ejecutivo profundiza, aún más, su desplazamiento desde la legitimidad electoral hacia la legitimidad de la urgencia “económica”. Incapaz de reconstruir consenso social y derrotado en el terreno plebiscitario, Noboa opta por gobernar crecientemente por decreto, más y más con leyes económicas urgentes y bajo estados de excepción, replegándose sobre el poder ejecutivo, la fuerza armada y la administración tecnocrática. Un accionar que, a todas luces, asoma cada vez más sumiso a las pretensiones del trumpismo que se expande por Nuestra América, como parece ser la sorprendente y torpe decisión de imponer aranceles a los productos colombianos, que ha derivado en un complejo enfrentamiento entre los dos gobiernos.

La excepción aparece entonces no solo como respuesta a la violencia, sino como sustituto de la política, como mecanismo para neutralizar el conflicto social y avanzar reformas securitarias y extractivas, sin mediación democrática. La derrota de la consulta no modera al gobierno: lo embrutece, empujándolo a consolidar un régimen donde el desacuerdo se gestiona no con deliberación, sino con una creciente suspensión de derechos o con violaciones abiertas de disposiciones constitucionales, como se sucede con los dos proyectos urgentes presentados al finalizar enero.[1]

En este complejo contexto, la inseguridad aumenta de forma imparable, demostrando el fracaso gubernamental.

La contabilidad necropolítica del orden

Las cifras no son simples indicadores de inseguridad; son la contabilidad de una necropolítica en funcionamiento. El año 2025 cerró con 9.143 homicidios intencionales, la cifra más alta de la historia republicana, con tasas superiores a 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, con picos que superan los 60 en provincias de la costa. De esta manera Ecuador se convirtió, en muy pocos años, en el país más violento de la región.

No se trata de un simple “fracaso” de la mano dura: se trata de su compatibilidad estructural con la muerte masiva. Como señala Achille Mbembe, la necropolítica no consiste en matar, sino en decidir qué vidas son prescindibles. En Ecuador, la “guerra interna” ha producido una geografía diferencial de la muerte: jóvenes pobres y racializados, habitantes de periferias urbanas, personas privadas de libertad, trabajadores informales y comunidades empobrecidas, incluyendo muchas mujeres, que son quienes concentran el costo humano del orden securitario. El número de personas desaparecidas aumenta.

La militarización de la sociedad redistribuye y a la vez concentra la violencia, la desplaza fuera del centro político-mediático, al tiempo que se concentra en los sectores más marginados, y la normaliza como paisaje cotidiano. La muerte deja de ser escándalo: se convierte en ruido de fondo. Inspirados en el pensamiento de Hannah Arendt: la violencia no puede ser vista como una costumbre natural, sino una herramienta instrumental del poder, que aparece y se agudiza cuando este se debilita; normalmente es un medio para alcanzar un fin a corto plazo.

El Estado no pierde el control. Redefine la forma de ejercerlo.

El sistema penitenciario ecuatoriano es hoy el paradigma del “campo” agambeniano. Bajo control militar, las cárceles han dejado de ser espacios de rehabilitación o incluso de contención: se han convertido en territorios de abandono organizado. El sistema penitenciario ecuatoriano se ha convertido en el laboratorio más crudo de esta forma de gobierno. Según datos oficiales del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), en 2024 se registraron 322 fallecimientos en centros de privación de libertad a escala nacional. La situación se agravó dramáticamente en 2025: entre enero y septiembre, 760 personas privadas de libertad murieron en el sistema penitenciario, de acuerdo con un informe institucional difundido por la prensa. Estas cifras no corresponden únicamente a episodios de violencia intracarcelaria, sino también a muertes asociadas a enfermedades, desnutrición, abandono médico y condiciones estructurales de hacinamiento y control militarizado. El caso de la Cárcel del Encuentro, todavía en construcción en la costa ecuatoriana, es paradigmático en tanto centro en donde se violan Derechos Humanos de forma sistemática, como ha reconocido públicamente el ministro del Interior.

El preso es el homo sacer  (retomando a Agamben) contemporáneo: un cuerpo sobre el que todo puede ejercerse sin consecuencias proporcionales. Golpeado, torturado o asesinado, su muerte rara vez activa una respuesta judicial real. La cárcel funciona como dispositivo pedagógico del miedo: enseña al resto de la sociedad cuál es el destino de quienes quedan fuera del orden productivo, disciplinado y útil…

Este giro autoritario se expresó con especial crudeza en el castigo ejemplar aplicado contra la protesta indígena. A más de muertos y heridos, durante el paro de octubre de 2025, entre 137 y 206 personas fueron detenidas según registros policiales, muchas de ellas integrantes del movimiento indígena, acusadas de terrorismo y paralización de servicios públicos, figuras penales desproporcionadas que buscaban criminalizar la movilización social. La represión incluyó traslados punitivos e inconstitucionales: manifestantes detenidos en  Otavalo, en la serranía, fueron enviados a cárceles costeñas de Portoviejo y Esmeraldas (cárceles conflictivas que han tenido motines y decenas asesinados), lejos de su territorio y familias. Y se los mantuvo detenidos pese a órdenes judiciales que exigían su retorno; solo tras fuertes presiones se dispuso su traslado a Ibarra, como en el caso de los llamados “12 de Otavalo”.

La Fiscalía, durante este paro, abrió alrededor de 140 procesos penales, mientras el propio Noboa advertía públicamente, que quienes “siembren el caos” podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión. El paro se levantó el 23 de octubre de 2025, no por diálogo político, sino tras una represión denunciada como brutal por la CONAIE, que condicionó cualquier salida a la liberación de los detenidos. La excepción volvió a operar aquí como dispositivo de escarmiento, enviando un mensaje inequívoco: protestar puede equivaler a ser tratado como enemigo interno. Y la Fiscalía sigue amenazando públicamente con represión a quienes se atrevan a protestar contra el Estado.

Esta lógica no es una anomalía penitenciaria. Es un ensayo general del orden social que se proyecta hacia el exterior: vigilancia total, suspensión de derechos, normalización de la violencia estatal.

Dejar morir: la necropolítica silenciosa

La necropolítica no se ejerce solo con fusiles. También opera mediante la gestión diferencial del acceso a la vida, particularmente en el sistema de salud. Mientras el presupuesto de defensa y seguridad creció sostenidamente entre 2024 y 2025 (el cual no se ejecutó en su totalidad), la salud pública entró en un colapso progresivo. A finales de 2025, el desabastecimiento de medicamentos esenciales superaba el 60% en varias redes públicas, incluyendo medicinas de su cotidiano, no se diga para oncología y enfermedades raras.

Aquí el Estado no mata directamente: deja morir. La vida se jerarquiza según capacidad de pago, territorio y utilidad económica. El paciente espera, se deteriora y muere. No hay decreto ni gestión pública que lo ordene, pero tampoco hay Estado que lo impida. Esta es la forma menos espectacular, pero más persistente, del autoritarismo neoliberal: la violencia lenta del abandono. Todo esto configura la parte económica de la necropolítica. Una suerte de necroeconomía que “normaliza” la política de dejar morir a las personas de esos segmentos sociales marginados y a la misma Naturaleza, todo para sostener una economía devastadora, sobre todo vía reducción sistemática de las inversiones sociales, la depredación del trabajo y los extractivismos.

Nada de esto es improvisado. La crisis funciona como oportunidad política, tal como lo describió Naomi Klein en la doctrina del shock. Violencia, miedo, colapso institucional y urgencia fiscal crean el escenario perfecto para imponer reformas que, en condiciones normales, encontrarían una resistencia social masiva. La excepción no responde al shock: lo gobierna y lo aprovecha.

El estado de excepción se convierte así en tecnología central de gobierno. No busca resolver la crisis, sino administrarla. La repetición de decretos de doce estados de excepción en poco más de dos años produce acostumbramiento. La excepción se vuelve costumbre. La ciudadanía, especialmente en la costa, deja de preguntarse si es legítimo que el ejército patrulle barrios, controle cárceles o suspenda derechos, se ha cansado; tristemente tampoco se pregunta cuándo será el próximo decreto y cuánto durará, simplemente espera – inútilmente – que algún día funcione esta fallida lógica securitizadora, mientras aumentan de forma imparable las cifras de víctimas de la violencia.

Este es el mayor éxito del régimen de Noboa: naturalizar lo excepcional.

Excepción, militarización y extractivismo: el mismo proyecto

En este punto, la lógica securitaria revela su función más profunda. La excepción no solo ordena cuerpos, pues, como vemos, reordena territorios y relaciones de poder económico. En Ecuador, la militarización y el extractivismo minero-energético no son políticas paralelas: son dos dimensiones del mismo proyecto.

La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, presentada a la Asamblea Nacional del Ecuador el 28 de enero del 2026,  como “urgente en materia económica”, se inscribe plenamente en este ensamblaje. Bajo la promesa de estabilidad fiscal, soberanía energética y eficiencia estatal, la norma reduce controles, flexibiliza permisos, acelera concesiones y debilita evaluaciones ambientales. El problema deja de ser el control efectivo de la activa extractiva; pasa a ser cualquier regulación que la ralentice o pueda bloquearle.

Aquí la excepción económica se articula directamente con la excepción securitaria. Varias zonas declaradas bajo estado de excepción (Imbabura, Cotopaxi, Azuay, territorios amazónicos) coinciden con áreas de alto interés minero y energético. La violencia estatal acompaña, protege y garantiza el extractivismo. La protesta ambiental se redefine como amenaza; el defensor del agua se convierte en sospechoso o inclusive en terrorista. A pesar de los contundentes resultados de dos consultas populares en la provincia del Azuay y de la marcha en Cuenca, realizada en septiembre del 2025, con más de 100 mil participantes (pobladores urbanos y comunidades campesinas unidas) defendiendo las cuencas hídricas, los páramos de Kimsakocha, frente a los intereses extractivistas mineros, el gobierno se mantiene en su afán de realizar la explotación minera. Inclusive vía decreto de amenaza con represión a la organización comunitaria y urbana, incluyendo a las ONGs, que se oponen a la minería, con lo que la participación ciudadana se pone en riesgo, al tiempo que la misma democracia se debilita.

El abuso de la “urgencia económica”, amparada en el uso y el abuso del artículo 140 de la Constitución ecuatoriana, completa el dispositivo. Este gobierno, en menos de un año de gestión, ya lleva ocho  proyectos de ley económica urgente, con los que, incluso violando la Constitución, quiere imponer la lógica de hechos consumados. Este abuso reduce el debate parlamentario, limita la deliberación pública y concentra el poder en el Ejecutivo. La excepción se duplica: securitaria en el territorio, económica en la ley. Ambas convergen en blindado políticamente y militarmente lógicas propias de la necroeconomía, como son los extractivismos, en donde los beneficios se privatizan y los costos sociales y ambientales se socializan. La excepción y la urgencia se convierten en un dispositivo permanente de gobierno acelerado que suspende la deliberación democrática bajo el argumento del manejo adecuado de la economía, léase de las imposiciones de política económica impuestas por el FMI -convertido casi en prestamista de última instancia de esta economía dolarizada- y de los acreedores de la deuda externa, que crece aceleradamente.

En paralelo se blande la muletilla de la seguridad jurídica empresarial garantizada por decretos, militares y procedimientos acelerados (muchos de ellos por vía telemática, con un gobernante en constantes giras internacionales: hasta enero del 2026, Noboa ha realizado una treintena de viajes internacionales y ha acumulado cerca de 150 días fuera del país desde el inicio de su mandato). Seguridad jurídica empresarial que abre la puerta a tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, como el suscrito en diciembre de 2025 con Emiratos Arabes Unidos, en el que se pretende introducir el arbitraje internacional constitucionalmente prohibido.

Con esta necroeconomía, patrocinada por el FMI e impuesta a través del manejo de la “deuda eterna”, se olvida de que la seguridad jurídica es también un derecho de la ciudadanía, de pueblos y nacionalidades indígenas, de trabajadores y trabajadoras, de consumidores y consumidoras, de gobiernos autónomos, del gobierno central y demás organizaciones sociales, políticas y económicas… es decir, de todos los miembros del Estado. Hablamos de una seguridad integral que incluye a la Naturaleza, que también es por Constitución sujeto de derechos, representados por individuos, comunidades, pueblos y nacionalidades

Un país en el umbral

Ecuador no atraviesa solo una crisis de seguridad. Cruza un umbral político de deterioro sistemático y cada vez más acelerado de su democracia. Cuando la excepción deja de justificarse y comienza a reproducirse a sí misma, lo que está en juego ya no es el orden, sino la forma misma de lo político. La democracia no muere de golpe: se diluye decreto a decreto, ley a ley, bajo el telón de fondo de estados de excepción masivos o localizados, la creciente militarización de una sociedad y la imposición de leyes de urgencia económica.

La pregunta decisiva no es cuántos estados de excepción más vendrán, ni cuánta inversión extractiva se atraerá con esta necropolítica. La pregunta es qué queda de la vida cuando gobernar consiste en suspenderla. Recuperar la política implica algo radical: desarmar el lenguaje de la guerra, romper la alianza entre miedo, mercado y militarización, y devolver centralidad a la vida común radicalizando la democracia.

* Pascual García Macías. Economista mexicano. coeditor de Yeíyá estudios críticos, Londres.

Alberto Acosta Espinosa. Economista ecuatoriano, presidente de la Asamblea Constituyente 2007-2008.

Texto publicado primero en VIENTO SUR  https://vientosur.info/cronica-de-una-democracia-moribunda/

[1] Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía; Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

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