Según el Ministerio del Interior, en lo que va del 2026 se han registrado 274 menores de edad detenidos en operativos a nivel nacional, una cifra que evidencia el agravamiento de la delincuencia juvenil en Ecuador y plantea urgentes desafíos para la política de seguridad y los derechos de la infancia.
El informe del Ministerio del Interior, publicado el 12 de marzo de 2026, muestra que 274 menores entre 12 y 17 años fueron aprehendidos en diversas provincias del país. De esos casos, 257 corresponden a detenciones en flagrancia, mientras que 17 fueron producto de órdenes judiciales previas. La mayor parte de los hechos (83) están catalogados como robos contra la propiedad, seguidos por 63 infracciones contra la seguridad pública, que incluyen tenencia ilegal de armas. Otros delitos destacan el microtráfico de drogas (52 menores) y delitos contra la libertad personal, como secuestros o extorsiones (15 casos).
Una vez detenido, el menor es puesto a disposición del juez de garantía, quien decide la medida de protección integral o la imposición de libertad asistida, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proceso judicial para menores es más breve que el de adultos: la audiencia preliminar debe celebrarse dentro de los 10 días siguientes a la captura y, de confirmarse la responsabilidad, el juzgamiento penal especializado tiene un plazo máximo de 60 días. El Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de la Niñez (INN) deben acompañar el caso con planes de reintegración escolar y social.
El experto en seguridad y docente universitario Andrés Pazmiño señaló que “el abandono escolar y la falta de empleo son la raíz del reclutamiento de jóvenes por bandas organizadas”. Por su parte, la bancada progresista de la Asamblea Nacional, liderada por la diputada María Fernanda Ortiz (M‑Ecuador), exigió al Ejecutivo la creación de un fondo de prevención destinado a fortalecer programas de educación y empleo en zonas vulnerables. En contraste, representantes del bloque conservador advirtieron que “sin endurecer las penas, la criminalidad juvenil seguirá en aumento”.
El aumento de la participación de menores en delitos afecta directamente el derecho a la educación, la salud y la protección frente a la violencia, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador. Además, la presencia de menores en actividades delictivas impacta la percepción de seguridad de la población, sobre todo en comunidades costeras y en la Amazonía, donde la falta de recursos estatales agrava la vulnerabilidad. Garantizar un proceso judicial respetuoso de los derechos infantiles y ofrecer alternativas de inserción social son esenciales para romper el ciclo de criminalización.
El Gobierno anunció que presentará ante la Asamblea Nacional, antes del 30 de abril de 2026, una propuesta de reforma al sistema de justicia juvenil, que incluirá la ampliación de programas de mediación y la creación de centros de atención integral en Guayas, Manabí y Pichincha. Los observadores recomendarán seguir de cerca la implementación de estas medidas y la evolución de los indicadores de reincidencia entre menores.
Fuentes
Ministerio del Interior – Informe de Detenciones de Menores 2026 – 12 mar 2026 – https://www.interior.gob.ec/estadisticas/menores-2026
Fiscalía General del Ecuador – Procedimientos Penales Especiales para Menores – 5 feb 2026 – https://www.fiscalia.gob.ec/juicio-juvenil
Asamblea Nacional – Declaraciones de la diputada María Fernanda Ortiz – 20 mar 2026 – https://www.asambleanacional.gob.ec/comunicados/ortiz-reforma-juvenil
Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC) – Análisis de la Delincuencia Juvenil en la Costa – 28 mar 2026 – https://www.osc.gob.ec/reportes/delincuencia-costera-2026
Instituto Nacional de la Niñez (INN) – Guía de Protección Integral de la Infancia – 2025 – https://www.inn.gob.ec/guia-proteccion-integral
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