La nueva democracia obradorista sólo existe en la retórica y en la imaginación de los fieles. No en la realidad político-institucional.
Con el nuevo presidente, México no ha llegado a un nuevo régimen político nacional. No hay nuevo régimen democrático ni autoritario, no se ha verificado ni una transición al autoritarismo ni a otro tipo de democracia. Tampoco se ha consolidado el régimen democrático ya existente. Hay lo que había: la continuación del deterioro de la democracia vigente.
Tal ha sido el efecto político sistémico de un gobierno que ha empeorado y se ve más autoritario: más deterioro, sin sustitución propia del sistema de instituciones que definen al régimen. Es falso que se hayan hecho reformas de democratización –reformas ha habido, ninguna ha democratizado al régimen político– porque no se refieren realmente a ese ámbito (régimen) o porque no se mueven en ese sentido (democracia).
La nueva democracia obradorista sólo existe en la retórica y en la imaginación de los fieles. No en la realidad político-institucional, surcada por el deterioro contenido en varias medidas, decisiones y procesos, por ejemplo:
El “Bonillazo”, nombre coloquial de un caso extraordinario: en la provincia de Baja California, un empresario político cercano a López Obrador (Jaime Bonilla) intenta que su gestión de 2 años, obtenida por elección, sea definitivamente transformada en una de 5, “ganando” 3 años sin proceso electoral –yendo contra el que lo hizo gobernador– y gracias a una extraña, tramposa y oscura decisión del Congreso local. La decisión final, ratificatoria o no, está en la Suprema Corte. Pero deterioro ya ocurrió y sólo podría “estabilizarse” o empeorar.
No hay complicación conceptual ni se merecen eufemismos: lo de Bonilla es un robo; la Corte haría un daño enorme a la democracia si tolera que una mayoría legislativa cómplice decrete que el Ejecutivo en turno se extiende gratuitamente por 3 años más.
Hablando de la Corte: en un año, AMLO tuvo tres oportunidades de nominación; las tres se convirtieron en designaciones muy cuestionables: dos ministras y un ministro muy cercanos al presidente, ninguno jurista destacado ni experto en derecho constitucional. Los casos de las ministras son los más graves: una, Yazmín Esquivel, es esposa de un empresario amigo y colaborador del presidente; otra, Margarita Ríos-Farjat, era jefa de los servicios tributarios federales, es decir, empleada del presidente (fue parte de una terna que incluyó a la viceministra del Interior en funciones, lo que habla del proyecto obradorista).
Nótese cómo López Obrador nomina más mujeres que hombres en un intento de contrarrestar la crítica por proponer personas sin independencia ni excelencia. Los tres nuevos ministros representan deterioro contra la división de poderes. En vez de reformar antipartidistamente y prodemocráticamente el artículo 95 constitucional, López Obrador hace lo que otros hicieron, con agravantes: tres veces en un año y con más agresividad y descaro.
Otra designación que deteriora al régimen es la de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con ilegalidades, la mayoría del partido Morena en el Senado nombró a quien el presidente quería: Rosario Piedra, militante real de ese partido, por el que fue candidata a una diputación, entre otras cosas que la hacen una colaboradora de AMLO y una mala noticia para la Comisión.
El oficialismo repite con afán justificante que Piedra es familiar de una víctima de violaciones a derechos humanos, pero eso no es mérito profesional ni garantía de nada. Ante el fracaso de tan débil defensa, critican el pasado de la Comisión, pero son ilógicos: cualesquiera que sean sus problemas, no se resuelven partidizando.
De modo más general o secundario o indirecto, el proceso de no consolidación democrática-deterioro democrático (una moneda, dos caras) se expresa o apoya en otros datos: la pésima relación del presidente con la prensa, la gran antidemocracia interna de Morena, la continuidad de la corrupción –AMLO insiste en reivindicar al corrupto Manuel Bartlett–, la falta de Estado de derecho y la conservación esencial de la devastadora “guerra contra las drogas”.
Los defensores presidenciales apelan a dos elementos: la celebración de “consultas populares” y la aprobación de la revocación de mandato (por vía de consulta popular). Pero así como ni unas ni la otra son resultados de una nueva democracia, tampoco apuntan hacia un cambio democrático de régimen. No cualquier cosa nueva que haga un gobierno nuevo significa cambio de régimen político, y si en el caso obradorista lo significaran las consultas y la reforma de revocación de mandato no se trataría de un régimen democrático.
Las “consultas populares” que ha hecho el obradorismo no son democráticas, son una farsa. Como he demostrado en otro texto, las experiencias más grandes y relevantes –casos Texcoco y Baja California– tuvieron una participación menor al 2% de los posibles ciudadanos electores y, consecuentemente, dieron menos del 2% de apoyo ciudadano a las opciones gobiernistas. Son lo que llamo “consultas de ratificación protegida”. No son ejercicios de democracia directa ni pasos hacia una mayor y mejor democracia.
La reforma de revocación de mandato es otra cosa, una apuesta: López Obrador hace suposiciones y calcula que aún tendrá mucha popularidad en 2021, traducida en una mayoría que en una consulta no le revocaría el mandato y lo ratificaría ampliamente, impulsando a su partido en la elección intermedia del mismo año y reduciendo más el margen de operación de sus opositores. Ése es todo el fondo intencionado de una supuesta gran reforma.
Tanto las “consultas populares” como “la revocación” son cambios en el estilo de gobernar por un presidente que quiere que su gobierno sea lo mismo que un cambio de régimen –que no es– o todavía no es.
Recientemente, Mario Vargas Llosa dijo que ve en el gobierno de AMLO el riesgo de otra “dictadura perfecta” como según él fue el sistema del PRI. El gran escritor peruano siempre ha sido impreciso en el uso de la palabra dictadura sobre México. Lo que no es impreciso es que sí hay riesgo de que la democracia mexicana caiga, poco a poco, por acumulación de deterioro combinada con reformas antidemocráticas por antipluralistas. Esa transición autoritaria no ha sucedido, no se ha concretado, ni es inevitable, pero no es imposible. Es un riesgo. Por la ruta de los deterioros, en instituciones y prácticas, del primer año obradorista.
Si sucede, no será de inmediato, no se concretaría en 2021, y México no se volvería una nueva Venezuela, “regresaría” a una versión del régimen autoritario (no dictatorial) del PRI que formó a López Obrador: concentración excesiva o creciente de poder en el presidente, elecciones gubernamentalizadas o poco competitivas, partido hegemónico o predominante, federalismo menguante o artificial.
La moneda sigue en el aire, no ha caído, pero el riesgo de que caiga en mal lugar sí existe, es real.
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