por Jorge Iván González
Entre los economistas es usual hacer predicciones sobre el futuro. Y es frecuente que los ministros de Hacienda anuncien la tasa de crecimiento que tendrá el PIB, la inflación del año siguiente, el precio del petróleo en los próximos años, etcétera. Estas proyecciones se formalizan en el Marco Fiscal de Mediano Plazo1. Allí se presenta la dinámica que tendrían las principales variables de la economía hasta el 2030. Dos meses después de publicado el documento, ya eran evidentes los errores de las proyecciones. Por ejemplo, el dólar llegaría a 3.450 pesos en el 2026. Ahora, en febrero de 2020 el dólar está a 3.456. El error de las proyecciones es evidente. Y, no obstante, el Ministerio de Hacienda insiste en que logrará conseguir las metas que se propuso el año pasado cuando publicó el Marco Fiscal. El Gobierno, a su vez, sigue afirmando que cumplirá con las proyecciones fiscales a pesar de que todos sus cálculos comenzaron a fallar 2 meses después del ejercicio de futurología realizado por el ministro de Hacienda.
La terquedad del Gobierno no le permite aceptar que cualquier reflexión sobre el futuro es incierta. Siempre es posible, como dice Taleb2, que aparezcan cisnes negros, que son los fenómenos absolutamente inesperados, y que tienen gran impacto en la sociedad. Estos hechos pueden tener una incidencia considerable en la actividad económica.
El cisne negro más reciente es el coronavirus. Un acontecimiento sorpresivo. El virus continúa expandiéndose, y comienza a tener repercusiones en la bolsa de Shangai, en el precio del petróleo, en el valor del dólar, en el turismo, en el intercambio comercial entre China y el resto del mundo, y en numerosas esferas de la sociedad. A raíz de su rápida expansión, se han puesto en tela de juicio los mecanismos (internacionales y nacionales) de prevención, la institucionalidad de la salud, la coordinación entre los gobiernos, etc.
Puesto que siempre habrá cisnes negros, las observaciones sobre el futuro apenas son relatos que pueden ayudar a mejorar las convenciones y los acuerdos institucionales, con el fin de amortiguar los golpes causados por los cisnes negros. Los imaginarios futuros que construimos los seres humanos apenas son puntos de referencia, pero nada garantiza que en el futuro se vayan a cumplir.
El coronavirus afecta de manera directa la economía colombiana. Sus efectos se expresan en un menor precio del petróleo, en una mayor tasa de cambio (pesos por dólar), en la agudización del déficit en cuenta comercial (más importaciones que exportaciones). Es imposible predecir el comportamiento de la economía, porque no hay manera de conocer con anterioridad a los cisnes negros y, mucho menos, saber cuáles serán sus consecuencias. No obstante, es importante construir un relato, que independientemente de su poder predictivo, sí puede servir para corregir algunos problemas. El 2020 comienza con una economía frágil en varios sentidos.
La lucha estratégica contra el desempleo y la pobreza
La dinámica de la la economía ha sido débil. Durante el 2019 el PIB apenas creció 3,4 por ciento. El Gobierno ha considerado que esta tasa de crecimiento es muy buena, porque está por encima del promedio de América Latina. Se trata de una satisfacción mediocre porque no examina las características estructurales del aparato productivo nacional. El desempleo se ha agudizado, y se estancó la tendencia descendente que traía la reducción de la pobreza. Los dos fenómenos están estrechamente relacionados, ya que el menor empleo se refleja en una caída de los salarios, y en una disminución de la capacidad de compra de los hogares.
Hay varios problemas básicos. El primero es el crecimiento de sectores que no generan empleo. En la estructura del PIB se destacan las dinámicas del petróleo, la minería y las finanzas. Estos sectores contribuyen al aumento del PIB, pero como no son intensivos en mano de obra, su crecimiento puede estar acompañado de un mayor desempleo.
Cada vez es más claro que no basta con que el PIB crezca. Su dinámica es engañosa. El mayor PIB no significa que haya mejoras en el empleo y en el bien-estar. El PIB puede crecer por muchas razones: aumento del precio de los hidrocarburos y los minerales, mayores utilidades de los bancos, etc. El empleo en estos sectores no aumenta al mismo ritmo que el PIB. Las condiciones de vida de las personas se pueden deteriorar, aún cuando el PIB esté creciendo. El éxito financiero de los bancos, por ejemplo, no se refleja en mejores condiciones de vida de los hogares. Por el contrario, a los bancos les va bien porque el crédito es caro, así que el excedente de los intermediarios financieros puede ir en contra del bien-estar de los consumidores.
Se podrían sacar dos conclusiones. La primera es el débil crecimiento del PIB, ya que apenas fue del 3,3 por ciento. Y la segunda es la poca incidencia que tienen las actividades extractivas y mineras en la calidad de vida de las personas. La protesta de las comunidades contra las explotaciones mineras son la expresión de la insatisfacción causada por la incapacidad que ha tenido el Estado colombiano de sembrar las bonanzas, y de dirigir los excedentes hacia las comunidades y hogares más pobres.
En lugar de continuar afirmando que la economía va bien, el Gobierno debería hacer un mínimo esfuerzo por descomponer la estructura del PIB, y examinar los problemas intrínsecos. El análisis debe comenzar con el reconocimiento de los daños que ha causado la economía extractiva. Para cambiar esta situación es necesario superar la dependencia del petróleo y de los minerales. Se debe avanzar hacia una matriz energética que sea sostenible. Sin esta transformación estructural no es posible generar empleo de largo plazo. Es fundamental que el país consolide una estructura productiva diferente, en la que predomine la economía verde.
El cambio de la matriz energética implica mayores intervenciones del Estado. Los privados difícilmente tomarán la iniciativa. En el corto plazo estas inversiones no son rentables, y las firmas privadas no están dispuestas a arriesgar su capital.
No se están diseñando políticas estratégicas que permitan reducir la dependencia de los hidrocarburos y de la minería. Al contrario, el Gobierno busca estimular el fracking, sin tener en cuenta sus efectos, que son dañinos, según diversos informes de países donde ya han experimentado esta técnica de extracción de petróleo. Todavía no se han diseñado con claridad las medidas que palien sus efectos sobre los territorios y la población local. Además, no se han diseñado mecanismos financieros para que una parte de los excedentes sirva para apalancar proyectos amigables con el ambiente (conservación y recuperación de cuencas, paneles solares, energía eólica, transporte eléctrico, etcétera). Todavía no hay lineamientos claros que permitan consolidar una reforma agraria, que contribuyan a mejorar los niveles de productividad de las pequeñas y medianas fincas. Y que, además, contribuya a reducir la importaciones de alimentos básicos. Se debe buscar la recuperación del campo como despensa alimentaria del país, dejando atrás la importación de todo aquello que puedan producir los pequeños y medianos agricultores. Este proceso se debe realizar de tal manera que estimule la producción limpia, sin agrotóxicos y sin semillas transgénicas, entre otros).
El cambio en la matriz energética tiene impactos significativos en la vida de las ciudades. La renovación urbana debe ir acompañada de alternativas ambientalmente sostenibles. Por ejemplo, todas las nuevas construcciones deberían tener paneles solares. Es necesario castigar al transporte que contamina. Se deben incorporar tranvías, trenes con recorridos en corredores conurbanizados y similares. Las redes fluviales deberían incrementarse. Los impuestos al carbono deben aumentar, de tal manera que se sancione de manera efectiva a las empresas contaminantes.
Los impuestos al carbono y los bonos de carbono son recursos con enormes potencialidades, pero por ahora no son tan relevantes. Con la reforma tributaria de finales de 2016 el gobierno nacional puso en marcha el impuesto al carbono. En el primer año, el recaudo fue de $476 mil millones. La tarifa es de US$5 por cada tonelada de carbono, equivalente en el 2018 a $15.764. Para Stiglitz y Stern3 este valor es muy bajo, y no es suficiente para modificar la matriz energética. En su opinión, en el 2020 debería ser de US$40-US$80 por tonelada de CO2, y en el 2030 tendría que subir al rango de US$50-US$100 por tonelada.
La economía verde es la condición para que el proceso sea incluyente en términos de empleo. Y, además, para que sea sostenible.
La economía seguirá abierta hacia adentro
El déficit con el sector externo no se cierra. El país continúa importando más bienes de los que exporta. Los acuerdos de libre comercio que se firmaron con varios países, se han traducido en déficit de las cuentas comercial y corriente de la balanza de pagos. Esta apertura se podría decir que es “hacia adentro”.
Actualmente el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos es de 4,3 por ciento del PIB. Este nivel es alto, y muestra el sesgo anti-exportador. Desde el gobierno de Gaviria (1990-1994) se está diciendo que la apertura mejoraría la productividad y la competitividad, y que el país terminarían exportando más de lo que importa. No ha sucedido así.
En lugar de haber consolidado las exportaciones, y la producción nacional, la apertura y las bonanzas posteriores –sobre todo la de hidrocarburos y minería– no se han aprovechado. Las bonanzas no se sembraron. Puesto que no se desarrollaron instrumentos para fortalecer la industria y la agricultura domésticas, los excedentes terminaron financiando importaciones, y resquebrajando la producción interna.
Y la equidad no llega…
Todos los gobiernos insisten en la equidad. Y la priorizan en los discursos de los planes de desarrollo. En lugar de una sociedad más igualitaria, la riqueza cada vez está en manos de un menor número de personas. La concentración es alarmante, tal y como se desprende del texto de Garay y Espitia4. La reforma tributaria de 2019 es regresiva y agudiza aún más la concentración.
A pesar de la contundencia de la desigualdad, los últimos gobiernos no han hecho casi nada para disminuirla. La riqueza y la tierra se siguen concentrando. De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario, realizado en el 2014, el Gini de concentración de la tierra es de 0,9. Al mismo tiempo, se ha presentado una leve mejora en la distribución de los ingresos laborales. Sobre todo, porque la tributación se ha cargado hacia los grupos de ingresos medios.
Después de leer el estudio de Garay y Espitia se le debería exigir a la Dian, que cada año, a partir de las declaraciones de renta, publique el coeficiente de concentración (Gini) de la riqueza. Y similar petición se le debería hacer a la Bolsa de Colombia, para que informe sobre la distribución de la propiedad accionaria. Y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) sobre las desigualdades de la propiedad de la tierra. Desgraciadamente, por ahora nada indica que la equidad vaya a mejorar. De todas maneras, los ciudadanos tenemos el derecho de estar bien informados sobre los aspectos distributivos.
1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2019. Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019, Ministerio de Hacienda, Bogotá.
2 El cisne negro fue un fenómeno inesperado. Se conoció en Australia y dejó sin piso la afirmación “todos los cisnes son blancos”. El libro de Taleb es un homenaje a Popper, quien advierte sobre la inconveniencia de hacer afirmaciones con carácter universal. Ver, TALEB Nassim, 2007. The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Ramdon House, New York.
3 Stiglitz Joseph., Stern Nicholas., 2017, coord. Report of the High-Level Commission on Carbon Prices, Carbon Pricing Leadership Coalition, World Bank, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Paris.
4 Garay Luis., Espitia Jorge., 2019. Dinámica de las Desigualdades en Colombia. En Torno a la Economía Política en los Ambitos Socio-Económico, Tributario y Territorial, Desde Abajo, Bogotá.
Be the first to comment