Sin prácticamente ayuda gubernamental, los trabajadores de fábricas despedidos no han tenido más elección que desafiar las extremas medidas de cuarentena y tomar las calles.
Por Karen Spring y Judy Ancel
Los vecinos de Choloma, una ciudad industrial del norte de Honduras, bloquearon la principal autopista que conecta la ciudad de San Pedro Sula con Puerto Cortés el 10 de abril. Choloma y las ciudades cercanas son el centro fabril para marcas estadounidenses en fábricas llamadas maquilas. También son el epicentro del covid-19 en Honduras.
Los trabajadores que bloquearon la carretera esa mañana quemaron neumáticos, construyeron barricadas y exigieron que el Gobierno les diera la comida que les habían prometido. Un trabajador que se manifestaba en Choluteca, en el sur de Honduras, dijo en el medio hondureño UNE-TV, “Nos dijeron que estarían aquí a las siete esta mañana con comida, pero nadie vino. Tenemos hambre. Hay 70 pueblos esperando comida”.
Desde mediados de marzo, cientos de miles de trabajadores en estas ciudades han sido despedidos a medida que los fabricantes de ropa Hanes, Gildan y Fruit of the Loom y el fabricante de componentes de automóvil Empire Electronics, entre otros, anunciaron cierres de dos a cuatro meses. Unas pocas maquilas están pidiendo que algunos trabajadores vuelvan para fabricar equipo médico.
En algunas fábricas sindicalizadas, los trabajadores obtuvieron el salario de dos semanas como indemnización. Otros trabajadores recibieron su paga de vacaciones acumulada y nada más.
Maria Luisa Regalado es la directora de CODEMUH, el Colectivo de Mujeres Hondureñas, una organización que se centra en las enfermedades de las trabajadoras de maquilas. Resumió lo que había oído de los trabajadores: “Tenemos miedo de perder nuestros trabajos… pero nos sentimos impotentes. Aquellos de nosotros que somos inquilinos no sabemos cómo pagaremos la renta. Hay mucho que no se sabe. No sabemos qué va a pasar con nuestras vidas”.
Mientras tanto, los hondureños de Estados Unidos están teniendo problemas para enviar las remesas, ya que muchos de ellos han perdido su trabajo. Las remesas normalmente suponen el 20% del PIB hondureño.
CAPITALISMO DEL DESASTRE
La respuesta gubernamental hondureña a la pandemia es un ejemplo de libro de cómo los ricos y poderosos utilizan una crisis para aprovecharse y beneficiarse todo lo que pueden mediante medios antidemocráticos. Por supuesto, el “capitalismo del desastre” no es nuevo en Honduras, cuya población ha afrontado shock tras shock desde el golpe de 2009 respaldado por el Gobierno de Barack Obama.
Los militares derribaron un Gobierno popular constitucional e introdujeron la política de privatización de todo, incluidos los ríos. Ha habido corrupción masiva y también tráfico de drogas patrocinado por el Estado.
Desde que el presidente post-golpe Pepe Lobo anunció que Honduras estaba abierta a los negocios en 2011, un torrente de voraces multinacionales han establecido talleres con bajos salarios, presas hidroeléctricas y proyectos mineros. Tanto las elecciones generales de 2013 como la reelección inconstitucional de 2017 del presidente Juan Orlando Hernández, comúnmente llamado JOH, fueron robadas.
Desde entonces Honduras se ha convertido en un completo narco-Estado. El hermano de JOH, Tony, fue condenado el año pasado en un tribunal de Nueva York por narcotráfico a gran escala y JOH es un cómplice sin procesar. Por supuesto, esto no ha evitado que el Gobierno de Trump mantenga apoyo total al corrupto Gobierno.
El resultado hoy: el 63% de los hondureños viven en la pobreza —47% antes del golpe de 2009—, la mitad de ellos en extrema pobreza. El 70% de los hondureños dependen de la economía informal –como mercados campesinos y minitaxis- para llegar a fin de mes.
Las célebres caravanas de hondureños huyendo hacia Estados Unidos en los últimos años fueron resultado directo de la devastación económica de la gente trabajadora, la corrupción y el terror por vivir en un narco-Estado.
CORRUPCIÓN Y DICTADURA
JOH cerró las fronteras del país el 15 de marzo (excepto para los deportados desde EEUU), impuso un toque de queda absoluto, y suspendió derechos constitucionales fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión, la propiedad privada, la libertad de circulación y el habeas corpus, permitiendo la detención indefinida.
El Ejército y la Policía instalaron controles en todas las grandes avenidas y carreteras del país y cerró por la fuerza los mercados callejeros, disparando gas lacrimógeno contra quienes resistían. Se suspendió el transporte público. Las autoridades detuvieron a miles, incluidos veteranos disidentes. Se les confiscaron los vehículos a cientos de personas a las que se encontró conduciendo, sin forma de recuperarlos.
Declarar un toque de queda total en un país con unas condiciones políticas y de vida tan duras y sin red de seguridad social hace la vida imposible a los hondureños. COFADEH, el Comité de los Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en Honduras, una organización de derechos humanos, afirmo: “No se puede obedecer un toque de queda cuando hay gente muriendo de hambre”.
EL DESASTRE DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
“Destruye, luego privatiza” es una clásica estrategia del capitalismo del desastre, lo que ahora significa que el sistema sanitario hondureño está completamente desprevenido para enfrentarse a la pandemia.
La destrucción y privatización del sistema sanitario empezó en 2013, cuando el Partido Nacional de JOH robó 350 millones de dólares del sistema de seguridad social, que proporciona asistencia médica y pensiones, en parte para financiar su campaña. Lo que siguió fue que los hospitales se quedaron sin suministros esenciales y fondos de mantenimiento.
Después, una ley de 2016 debilitó el sistema nacional de salud para trabajadores, una victoria que se había conseguido tras una huelga de trabajadores del plátano en 1954. La nueva ley estableció el marco para un destripamiento eventual de la cobertura de salud universal para trabajadores, obligándoles a obtener asistencia sanitaria de proveedores privados con costes económicos mucho más altos. Se encontró con la amplia protesta de federaciones sindicales y movimientos sociales.
Ahora el Gobierno ha aprobado 888 millones de dólares para enfrentarse al covid-19, tras solicitar millones de dólares para luchar contra el virus a instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Muchos temen que este dinero sea desviado hacia autoridades corruptas.
Después el Congreso, unos días antes de la cuarentena, destinó 420 de los 888 millones de dólares para implementar la “Ley Especial para la Aceleración Económica y la Protección Social”.
La ley tiene la intención de construir más de 90 hospitales en el país para enfrentar la crisis de covid-19 pero entrega la administración de los hospitales públicos a la industria sanitaria privada. Esta ley, junto a su predecesora de 2016, transfiere la cobertura sanitaria colectiva de los trabajadores actualmente bajo el Instituto Hondureño para la Seguridad Social hacia un sistema comercial dirigido por suministradores privados.
Nadie en Honduras cree que el Gobierno utilizará los 420 millones de dólares para reconstruir el sistema sanitario. Acabarán, como tantos millones de ayuda estadounidense, en las cuentas de autoridades corruptas mientras que los proyectos que se supone que ese dinero financiará se construyen sólo sobre el papel.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/honduras/coronavirus-hondurenos-protestan-contra-intento-elites-utilizar-pandemia-enriquecerse
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