Por: Juan Cuvi.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue, a no dudarlo, el organismo más polémico y pernicioso diseñado en la Asamblea Constituyente de 2008. Concebido como una alternativa frente a la supuesta ilegitimidad de toda representación legislativa, terminó como un auténtico esperpento institucional: de la etapa sumisa y antidemocrática de la era correísta pasó a la total descomposición de la era actual.
El error de fondo en su creación fue la falsa creencia de que el Ecuador contaba con una cantera de ciudadanos impolutos, probos, imparciales e incorruptibles que asumirían la sagrada tarea de representar al interés general. De ese modo, se regresó a la vieja visión religiosa de nuestra política, duramente cuestionada por Bolívar doscientos años antes, cuando advertía que las leyes en América Latina no pueden ser formuladas para una sociedad de ángeles, sino para seres de carne y hueso llenos de tantas virtudes como defectos.
Si los representantes que históricamente hemos elegido para el poder legislativo resultan un fiasco en su gran mayoría, ¿qué nos hacía pensar que sería diferente con los ciudadanos designados para integrar el CPCCS? Con la excepción del consejo transitorio presidido por Julio César Trujillo, que contó con un mandato puntual y específico y un proceso de selección inusual, las demás versiones del organismo han oscilado entre la vergüenza y la impudicia. Pese a ello, hasta el consejo transitorio tuvo traspiés imperdonables, como haber nombrado a Diana Atamaint para el Consejo Nacional Electoral.
Por lo señalado, no resulta casual que los últimos dos presidentes (José Tuárez y Christian Cruz) hayan sido destituidos o impugnados por su involucramiento en graves escándalos de corrupción. Que ambos personajes hayan alcanzado un cargo tan importante refleja la terrible incoherencia e inconsistencia del actual consejo. Su presencia en ese cargo no solo dinamita la noción de participación ciudadana, sino que atenta contra la ética pública.
La mayor equivocación de la consulta de febrero de 2018, como ya se lo reconoce desde las más diversas opiniones, radica en no haber propuesto la eliminación de ese organismo una vez reparada la demolición institucional propiciada por el correato. En un año de vigencia, el CPCCS definitivo no ha hecho más que confirmar su inutilidad. No solo eso: ha evidenciado con absoluto desparpajo la profunda descomposición política e institucional que padece el Ecuador.
La Asamblea Nacional tiene en sus manos la oportunidad de dar cabida a una consulta para que la ciudadanía decida qué hacer con el CPCCS. Lo ideal sería que, por economía y pragmatismo, esa posibilidad coincida con las fechas de la próxima contienda electoral, ya sea en primera o segunda vuelta. La sociedad ecuatoriana no puede seguir conviviendo con semejante fantasma.
Agosto 20, 2020
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