La economía de enclave y extractivista que desde siempre han caracterizado a la economía colombiana, y que la atan a ciclos económicos e intereses políticos internacionales de diverso orden, hoy pueden ser superados. Un reto mayor y a la orden del día a través de avanzar hacia una economía baja en carbono, posible a través de una política industrial y agraria verde.
por Decsi Arévalo H. y Oscar Rodríguez S.
El inicio del siglo XXI estuvo marcado para las economías latinoamericanas por un “boom” en el precio de las materias primas lo que les permitió, tanto a los gobiernos progresistas como a los de corte financiarizado y pro mercado, tener un mayor margen de maniobra en su gasto público y su política social. Sin embargo, la euforia despertada por esta coyuntura borró de la discusión de política pública importantes temas como el de la transición hacia economías bajas en carbono. La descarbonización hoy empieza a ser una realidad en las economías del centro.
Una reflexión propiciada por una nueva circunstancia, la pandemia de 2020, que con la notable reducción propiciada en la emisión de dióxido de carbono (CO2, ver figura), como ningún otro fenómeno en la historia contemporánea mundial, proyectó luz sobre las formas de producción imperantes en los últimos siglos, desde la revolución industrial a principios del siglo XIX.
Relación entre el cambio climático y el crecimiento económico
En la década de los noventa hubo discusiones en torno a la relación existente entre la contaminación y el crecimiento del ingreso en los países. El punto en común era que en las primeras etapas del desarrollo, cuando la tasa de crecimiento del PIB tenía una mayor aceleración, el deterioro ambiental cargaba una fuerte correlación positiva con el crecimiento de los ingresos, pero en etapas posteriores, cuando el PIB tenía unos mayores ingresos, se ralentizaba. En otras palabras, cuando hay un mayor crecimiento y un mayor nivel de ingresos, las personas y las sociedades valoran más las condiciones ambientales (situación que no pasaba cuando habían bajos ingresos) por lo que crean instituciones y regulaciones para enfrentar los problemas de contaminación.Esta relación, primero directa y luego inversa, entre el nivel de ingresos y las condiciones ambientales fue resumida como la Curva de Kuznets Ambiental (CKA).
Sin embargo esto no siempre es cierto ya que en países desarrollados las emisiones se reducen a través de una transmisión de los costos ambientales a países en vía de desarrollo. Así pues, para este grupo de países es más complejo reducir las emisiones y el impacto global sobre el medio ambiente, que no se reduce a pesar de aumentos en el ingreso per cápita. Es necesario entonces pensar la CKA.
Colombia, entre la dependencia y las vulnerabilidades económicas de la transición
En las últimas décadas Colombia ha tenido un crecimiento económico impulsado por el sector extractivo que le ha permitido gradualmente volverse un país de ingreso medio alto según el Banco Mundial (1). Sin embargo, esto le ha significado una dependencia no solo de los precios internacionales de las materias primas sino también de los ciclos comerciales y financieros internacionales, así como de la demanda de carbón y petróleo por parte de los países centrales los cuales han comenzado a transformar sus matrices energéticas hacia un menor consumo de energías fósiles según los acuerdo de cooperación entre las partes (CO15/21).
Según el Sistema de Información Ambiental de Colombia (Siac), el país ocupa la posición 105 a nivel internacional respecto a las emisiones per cápita de Gases Efecto Invernadero (GEI). Si bien esta posición puede parecer no desfavorable, la misma no responde a un proceso sistemático de producción sostenible y sí a la escala de la producción local. Por otro lado, la caracterización de las fuentes de emisiones revela un vínculo estrecho entre la producción de bienes de bajo valor agregado y los mayores niveles de emisión de GEI.
No estamos ante una situación novedosa, desde tiempos coloniales Colombia, en sus pretéritas formas institucionales, mantuvo un desenvolvimiento vinculado a la extracción de recursos naturales y a las economías de enclave. Bulmer-Thomas (2) denominó a esto la lotería de los recursos naturales, como parte de una explicación de las trayectorias cercanas pero heterogéneas de las economías latinoamericanas. Para el caso colombiano esto ha implicado una trayectoria en la que la explotación de recursos naturales no renovables ha sido el centro de la dinámica económica, por mucho tiempo como principal producto de exportación, y desde la década de los noventa del siglo pasado con el oro y el petróleo como el activo colateral para el establecimiento del régimen de acumulación del tipo de financiarización periférica.
Todos estos cambios tienen lugar en el ecosistema y en parte son resultado de los procesos sociales y económicos que a su vez se verán afectados en periodos siguientes. Es así como la degradación del ambiente, y la declinación de los recursos naturales, afectan tanto las condiciones para la disposición de los factores de producción como para la producción misma. Acá, entonces, puede introducirse la idea de vulnerabilidad de las condiciones económicas ante el cambio climático.
La vulnerabilidad es usualmente definida como la capacidad de un sistema a ser afectado por una perturbación o tensión. Las vulnerabilidades ante el cambio climático también se pueden observar en temas de estabilidad financiera y monetaria donde se menciona el riesgo que implica el cambio climático para la economía conocido como el Cisne Verde (3). Esto es una alerta de las implicaciones del cambio climático en diferentes aspectos financieros y monetarios que podrían devenir en riesgos importantes, como por ejemplo efectos sobre la distribución del ingreso. De forma similar, se exploran vulnerabilidades del sector externo que puede experimentar una economía frente al cambio climático, problemas que van desde dificultades en la Balanza de Pagos hasta reducción de ingresos tributarios.
En transición hacia una economía baja en carbono
Colombia, al igual que los países periféricos latinoamericanos que han basado su crecimiento económico en la explotación de materias primas, enfrenta un doble desafío. Primero, tiene que crecer de forma importante y sostenida para lograr garantizar los derechos sociales y económicos de su población y superar problemas acentuados estructuralmente como la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Segundo, tiene que responder a los desafíos ambientales firmados en espacios internacionales (COP 21) en términos de reducción, mitigación y adaptación al cambio climático, primordialmente mediante la disminución de los GEI; desafió aún más importante dadas las vulnerabilidades y riesgos macroeconómicos ya mencionados y que podrían presentarse dado el patrón de crecimiento basado en la explotación de materias primas.
Si bien, cualquier recomendación de política debería incluir un conjunto de medidas que en conjunto apunten a un objetivo común, la emergencia sanitaria de 2020 y la crisis financiera asociada a la misma han derivado en que las herramientas de acción se concentran nuevamente, como sucede generalmente en las crisis, en el plano de lo fiscal. Por ello es preciso mencionar algunos elementos que pueden representar una alternativa para los tomadores de decisiones de política económica.
En correspondencia con estos retos, la motivación que debería guiar la implementación de algún paquete fiscal con objetivos de sostenibilidad ambiental en la perspectiva de “Green new deal” (nuevos acuerdos para impulsar la economía teniendo en cuenta el cambio climático) debería tener dos objetivos: uno inmediato y otro de mediano y largo plazo, el primero encaminado a obtener metas de mitigación y el segundo a reducir vulnerabilidades.
Ahora bien, volviendo a que la vinculación externa a nivel productivo y financiero de Colombia ha sido fundamental en la determinación del ritmo de crecimiento, la principal herramienta para emplear con el gasto público debería ser una política industrial y agraria verde enfocada en sectores intensivos en empleo, la que debería estar fundamentada en modificar los vínculos productivos del país con el exterior, lo que a su vez tendría efectos positivos sobre el relacionamiento financiero, puesto que si bien en el corto plazo podría generar efectos con signos mixtos, en el mediano y largo plazo podría redundar en mayor disponibilidad de financiamiento sin riesgo. Claramente estas decisiones implican sacrificios en el corto plazo pero con escenarios más posibles que los que ofrece el sacrificio del círculo vicioso de la austeridad.
Más allá de esto, este objetivo es viable por diferentes caminos como una política de empleo verde, inversión en infraestructura para la producción de energías limpias, o la implementación de flotas de transporte a partir de energías limpias. Un ejemplo de este tipo de políticas lo viene implementando China, que frente a la actual crisis y dado su nivel de endeudamiento ha decidido implementar un paquete fiscal de menor tamaño que el empleado en 2008.
Respecto a la financiación de este tipo de programas, el panorama es más complejo y requerirá de nuevos paradigmas macroeconómicos. No obstante, dado el nivel y el tipo de deuda que mantiene Colombia, puede pensarse que aún hay espacio fiscal, tanto para tomar deuda con privados, como para generar recursos por medio de emisión monetaria .Vale la pena señalar que en la corriente principal la autonomía del Banco Central y su prohibición explícita de financiar al gobierno ha sido uno de los caballos de batalla políticos y teóricos de las elites financieras en el poder, sin embargo hay diferentes teorías monetarias alternativas, como la dimensión de MMT (Modern Monetary Theory) que si bien tienen limitaciones, en países emergentes puede brindar posibilidades (4).
En esta misma línea una alternativa adicional es la ofrecida desde la perspectiva del Big Push medioambiental, expresión que hace referencia al modelo de desarrollo y a la expresión planteada por Rosenstein-Rodan (5) según la cual para lograr la sostenibilidad en el crecimiento del producto se necesita un paquete de inversiones complementaria, coordinando cada inversión con inversiones paralelas en otros sectores y haciendo que cada una de ellas sea rentable y viable. El problema de coordinación está presente en el esfuerzo por avanzar hacia un sendero de crecimiento bajo en carbono.
En estas circunstancias, valga decir que no habrá inversiones en nuevas fuentes de energía sin otras en la industria y el consumo que permitan que las primeras operen de forma eficiente. Lo importante a recalcar es que medidas aisladas, como pueden ser los impuestos verdes, no van a ser una solución si toda la estructura productiva, al igual que los patrones de consumo e inversión, no se adaptan a las nuevas condiciones ambientales.
- Banco Mundial, (2019) tomado de: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
- Bulmer-Thomas, V. (2014). The Economic History of LatinAmericasince Independence (3rd ed.). Cambridge UniversityPress. https://doi.org/10.1017/CBO9781139208710
- Bolton, P., Després, M., Silva, L. A. P. da, Samama, F., &Svartzman, R. (2020). The Green Swan. Central banking and financialstability in theage of climatechange. https://www.bis.org/publ/othp31.htm
- Vernengo, M & Pérez Caldentey, e. (2019). Modern Money Theory (MMT) in theTropics: FunctionalFinance in DevelopingCountries. WorkingPapers Series. POLITICAL ECONOMY RESEARCH INSTITUTE, 495. https://www.peri.umass.edu/component/k2/item/1220-modern-money-theory-mmt-in-the-tropics-functional-finance-in-developing-countries
- Rosenstein-Rodan, P. N. (1943). Problems of industrialisation of eastern and south-easternEurope. Theeconomicjournal, 53(210/211), 202-211.
*Investigadores GSEID Universidad Nacional. Este artículo es el resumen de un capítulo del libro sobre alternativas programáticas que verá la luz en el primer semestre de 2021.
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