La reforma, que se ha planteado como un “escudo contra el aborto” consiste en la introducción del requisito de que tres cuartas partes del Parlamento sean necesarias para modificar o reformar los artículos mencionados. Dicha disposición, en la práctica, imposibilita que Honduras —que junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam es uno de los seis países de la región en los que está prohibido el aborto bajo cualquier circunstancia— avance en derechos reproductivos.
Ratificación Constitucional al decreto No. 192-2020, sobre la reforma de los artículos 67 y 112, de la Constitución de la República, sobre la prohibición del Aborto en Honduras.
– Aprobada ratificación, con 90 votos a favor.#SesiónLegislativa pic.twitter.com/9aB16mFk3f
— Congreso Nacional (@Congreso_HND) January 28, 2021
La decisión se toma a un año del final de la legislatura en base a una propuesta del vicepresidente del país, Mario Pérez, que ya a principios de enero declaraba su voluntad de impedir futuros cambios en la legislación. “En Argentina ganó la izquierda y este tema rápidamente se puso en la agenda legislativa, en México ganó la izquierda, no creo que aquí gane la izquierda, pero es mejor estar con los cuidados para proteger a los niños”, avisaba poco después de presentar el proyecto de ley, solo dos semanas después de que la despenalización del aborto obtuviera la aprobación del Senado en Argentina. El mandatario agregaba: “Esta es una decisión que va en protección a la niñez, la alegría del mundo son los niños, la alegría de cualquier casa son los niños y debemos cuidarlos y protegerlos”.
Como recordaba Naciones Unidas, en Honduras cada año abortarían en condiciones inseguras entre 51.000 y 82.000 mujeres, y una de cada cuatro menores de 19 años pasan por un embarazo, teniendo el país la segunda tasa más alta en la región de embarazos adolescentes. Muchos de estos embarazos serían producto de violación e incesto. El país prohíbe incluso la píldora anticonceptiva de emergencia.
Entre el jueves de la aprobación y el jueves de la ratificación, el lunes 25 se celebraba el día de la mujer hondureña, en el que se conmemora el acceso al sufragio de las mujeres del país —el 25 de enero de 1955 votaron por primera vez—. La jornada se convirtió en un día de protesta ante lo que las feministas consideran una decisión aberrante y contraria a la legalidad internacional. El movimiento de mujeres valora denunciar al Estado por infringir sus compromisos con tratados internacionales de rango superior.
Ya el viernes 22, el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla manifestaba en un comunicado su rechazo: “Repudiamos la manipulación por parte del oficialismo cachureco [conservador], ya que este es un problema grave de salud pública que, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, solo en 2019 se dieron más de 1.000 ingresos hospitalarios por aborto en el sistema de salud pública y se dieron 882 partos en niñas de entre 10 y 14 años producto de violencia sexual”, denunciaban.
Por su parte, el organismo garante de los derechos de las mujeres a nivel regional, el comité del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MeSeCvi), apuntaba que la reforma “implica una violación al principio general de no retroactividad y de progresividad de los derechos humanos y conlleva una vulneración a los estándares internacionales en la materia y al derecho a la salud reproductiva de las mujeres, adolescentes y niñas“. ONU Honduras señalaba que la modificación colisionaría con el artículo 373 de la propia Constitución hondureña, que establece en dos terceras partes del Congreso (y no tres cuartas como se establece en la reforma ratificada el jueves) la mayoría cualificada.
Las colectivos LGTBI también han hecho pública su preocupación en un país donde las disidencias sexuales son, de manera creciente, víctimas de violencia. “Cada vez más Honduras se va convirtiendo en un país antiderechos, que utiliza nuestros cuerpos para hacer campañas políticas, que utiliza la orientación sexual y la identidad de género como herramienta de discriminación”, afirmaba la activista Indyra Mendoza en las redes sociales a través de la Organización lésbica feminista Cattrachas.
La maniobra del Parlamento hondureño ha desencadenado la solidaridad del movimiento feminista latinoamericano, multiplicándose los mensajes de apoyo y señalando a un movimiento anti-derechos muy activo en el continente.
En Honduras 🇭🇳 el Congreso sancionó una ley que reforma la Constitución y prohíbe el derecho al #Aborto. Desde la @redperiofemlc hacemos un llamado de alerta 🚨 #BloquearDerechosNoEsDemocracia #NoSeValeTantoOdio pic.twitter.com/rOw0IlE2Mm
— #SomosPeriodistasFeministas (@redperiofemlc) January 25, 2021
Por su parte, el diputado Mario Pérez se ha visto acompañado por un movimiento “provida” beligerante que celebró desde el principio su iniciativa tanto a nivel nacional como regional. Así grupos ultraconservadores afines no han escatimado felicitaciones por el logro de establecer que “se debe de respetar la vida desde su generación”, como enunciaba un comunicado de apoyo de los Congresistas provida colombianos, en el que se destacaba también que la reforma establece que el aborto no puede ser considerado un derecho.
El apoyo desborda las fronteras latinoamericanas. La organización internacional Citizen Go, inicio una campaña de recogida de firmas que alcanzó las 25.000 y en cuya página festejaba la ratificación de la reforma el día 28 con un “¡¡¡lo conseguimos!!!”.
El lobby ultraconservador que financia grupos que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos, surge de la organización española Hazteoir.org, de corte ultraderechistas. De hecho, las felicitaciones llegaron también desde el Estado español, por parte de la diputada de Vox Carla Toscano, que luciendo una camiseta con la leyenda “non-born lives matter”, en un vídeo de twitter deseaba que el ejemplo se extendiese.
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