Quito, 31 de marzo de 2021
El día miércoles 31 de marzo de 2021 a las 15H00, familias trabajadoras de abacá que resisten y el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, frente a múltiples violaciones de los derechos humanosde la empresa en estas últimas semanas, comparecen ante la Asamblea Nacional a la Comisión de
Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad para explicar la situación actual y solicitar la intervención inmediata del Estado, frente a las graves amenazas recibidas.
También comparecerán algunas autoridades del Estado entre ellos el Defensor del Pueblo, para conocer las acciones que han tomado, en el contexto de las tareas de fiscalización que dicha Comisión ha realizado.
En el último mes y pese a la sentencia constitucional de 15 de enero de 2021 favorable a un grupo de trabajadoras y trabajadores agrícolas que declaró múltiples violaciones a derechos humanos cometidas, la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador de manera sistemática continúa
amedrentando y hostigando al resto de familias que se vieron presionadas, por la situación económica y las acciones de división provocadas, a seguir trabajando para la empresa y que aún resisten contra la esclavitud moderna a que les ha sometido la empresa.
El miércoles 3 de febrero de 2021, a empresa demolió un nuevo campamento dentro de la hacienda ubicada en el Kilómetro 33 de la vía Santo Domingo-Quevedo. En el vivía Manuel Torres, quien está protegido por las medidas cautelares emitidas el 20 de marzo de 2020 y ratificadas el 30 de diciembre de 2020 por los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
El jueves 11 de febrero de 2021, familiares de Manuel Torres, alertaron sobre una nueva y grave vulneración de derechos en contra de la vida de Torres. sus familias relatan que los empleados Raúl Mora, Ramón Mendoza, Byron Flores – gerente de producción y exviceministro de Agricultura- e Iván Segarra -ex gerente general-, habrían llegado a colocar drones para vigilarlos, después de este hecho, una camioneta ocupada por las personas referidas y guardias privados habría salido a alta velocidad poniendo en riesgo la vida de tres niños y dos adolescentes. En el camino, además, habría empujado la motocicleta de Manuel Torres, mientras se encontraba en marcha, hacia una cuneta, quien se encuentra herido a consecuencia de este acto.
El miércoles 17 de marzo 2021, la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador intentó, sin éxito, demoler otro campamento en el kilómetro 30 de la vía Santo Domingo – Quevedo donde varias personas, entre ellas adultas mayores y niñas(os), siguen viviendo y trabajando en la cosecha de abacá
para esta empresa. Ellos ahora enfrentan una amenaza inminente de desalojo por su empleador. Adicionalmente, los días jueves 18 y viernes 19 de marzo, la Policía Nacional llegó hasta los campamentos que siguen en pie en los kilómetros 30 y 33, a amedrentar y hostigar a las personas para
que abandonen las tierras, su lugar de residencia.
El día miércoles 24 de marzo de 2021, la empresa Furukawa expulsó a un grupo de trabajadores de una de sus haciendas, ubicada en el Km. 30 de la vía Quevedo – Santo Domingo, quienes reclamaban por su derecho a recibir pagos justos, liquidaciones adecuadas por los años de trabajo y afiliación al IESS. Las autoridades nacionales no evitaron este hecho a pesar de conocerlas.
Y el lunes 29 de marzo, un grupo de personas armados con machetes han llegado hasta los kilómetros 30 y 33 donde dos grupos de personas permanecen viviendo y resistiendo pese a la demolición de los campamentos donde vivían, a amenazarles de que los van a desalojar con rumores que incluso habrían mencionado a “los Choneros”, lo cual ha generado alarma.
Esta serie de ataques en contra de estas familias defensoras de derechos humanos ha sido puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y serán expuestos a la referida Comisión de la Asamblea Nacional del Ecuador. Es necesario que ante la impunidad con la que opera Furukawa Plantaciones del Ecuador y la tolerancia o aquiescencia del actual gobierno nacional, sean las autoridades de control del Estado –la Asamblea Nacional a través de la fiscalización y la Defensoría del Pueblo del Ecuador a través de sus competencias para la protección de defensores de derechos
humanos– quienes garanticen la protección de estas personas, disminuyan de manera adecuada el riesgo y no permitan tanta indolencia y violencia contra ellos.
Exhortamos a las organizaciones sociales y organismos internacionales de derechos humanos, a los medios de comunicación nacionales e internacionales exigir a las autoridades estatales: Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo, IESS y Defensoría del Pueblo a realizar todas las acciones urgentes y oportunas para evitar que sigan siendo vulnerados los derechos de los y las trabajadoras, activar los mecanismos de protección inmediatas para garantizar la seguridad y la vida de las personas que ahora
mismo están en grave riesgo.
Comunicación Comité Solidaridad Furukawa Nunca Más
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