El 8 de septiembre, se presentó la rueda de prensa virtual “La persecución de la comunidad de la seguridad informática en América Latina”, en donde se visualizó el informe a cargo del equipo de Access Now y la Clínica de Derecho Cibernético de la Universidad de Harvard. En el diálogo, se presentaron las evidencias de diversas problemáticas en la región latinoamericana, en donde el cuestionamiento de la seguridad estructural e institucional cibernética, se ha visto vulnerado, mal ejecutado y con serias falencias burocráticas, que han afectado a los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía de la región.
Los representantes de las instituciones a cargo, indicaron que se presenta un problema a nivel regional, como la ausencia de diálogo entre Estados, un marco legal fuerte y coherente, y una mala esquematización judicial frente a problemas de ciberseguridad. Las soluciones arrojadas por las instituciones, se encuentran en la identificación del marco legal de los distintos países de la región, y la determinación de una mala conceptualización legal y judicial de ciertos aspectos que se presentan criminalizados, como la ciberseguridad, los derechos de autor, privacidad de datos, entre otros.
Respecto al caso ecuatoriano, el análisis de las instituciones presenta varios apartados en conflicto, pertenecientes al Código Penal. Se mencionan, artículos como el 229, 230 y 234, de este instrumento jurídico, que presentan varias conceptualizaciones erróneas que pueden ser fácilmente mal entendidas y utilizadas. Aspectos como la base legal de datos, acceso a sistemas públicos y privados y la alteración de los mismos, plantean insuficiencia de tratamiento, lo que evita que los artículos y normas penales, contengan un carácter identificatorio de las causas de criminalización y violación a ley, por su contenido general y amplio, para esferas tan complejas. De igual manera, las instituciones han visibilizado la ausencia de una estructura que pueda proteger las bases de datos, evitando que las instituciones e información de carácter público, peligre su seguridad.
Sobre el caso mediático del informático sueco Ola Bini, quien se enfrenta a un juicio desde 2019, por acceso no consentido a sistemas telemáticos en Ecuador, las instituciones manifestaron una preocupación amplia. En la investigación propuesta, ambas entidades visualizaron la necesidad de un cambio estructural en la política e institucionalidad del plano judicial y legal del país. Así mismo, manifiestan que se ocupó una persecución innecesaria al informático, para lo cual se emplearon métodos y artilugios jurídicos que permitieron el retraso del caso, afectado por su amplia mediatización.
Las dos entidades, visualizan que el costo federal del caso fue irrelevante, y que podría haberse empleado para otros fines, afectado a la ciudadanía ecuatoriana, pudiendo ser destinado a la protección y creación de diferentes sistemas informáticos más eficaces. De igual forma, la exposición mediática del caso, puso en riesgo no solo la vulneración de derechos de Bini, sino que también refleja una peligrosa falta de conocimiento y posible afectación en materia de derechos hacia ciudadanos comunes que puedan evidenciar una falla en el sistema.
Gaspar Pisanu, representante de Access Now, indicó que el precedente asentado de este caso, tanto en Ecuador como en toda la región, es bastante serio. También indicó que el caso, refleja un carácter con intereses más políticos que penales y judiciales, lo que pondría en riesgo a la ciudadanía en general. Por otra parte, ambas entidades, indicaron que es posible que Ecuador se enfrente a una demanda de carácter internacional por el abuso jurídico y persecución presentada en el caso, mismo que refleja irregularidades en la ley y “una configuración de pruebas legales, y peritajes ilegales, en donde el sistema jurídico se construyó como un arma”, según Pisanu.
Finalmente, se presentaron una serie de recomendaciones políticas para mejorar la situación de ciberseguridad en la región, dadas por la reconceptualización de ciertos términos, la apertura a nuevas herramientas no tradicionales, la búsqueda de procesos colaborativos para la creación de leyes, la fomentación de participación ciudadana y mecanismos de transparencia.
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