En un reciente comunicado difundido a nivel internacional, organizaciones zapatistas alertan sobre una brutal arremetida de grupos paramilitares en contra de las autoridades indígenas y campesinas del estado de Chiapas. Denuncian además que existe una tácita complicidad del Estado mexicano con esta estrategia de violencia y exterminio.
La fórmula no es nueva. Desde el levantamiento zapatista de 1994, los distintos gobiernos de turno no han atinado a manejar un fenómeno social y cultural que trasciende el ámbito de la subversión. Chiapas es la reproducción de desigualdades históricas y estructurales que están presentes en todos los países de América Latina. Si los pueblos se rebelan es porque se mueren de hambre.
No obstante, la estrategia oficial para desentenderse de esta dura realidad –y de paso negarla– han sido las políticas de control y represión. Inclusive en los momentos en que los diálogos y la negociación se tomaron el escenario político, los grupos de poder mexicanos presionaron por respuestas autoritarias desde el Estado.
Permitir la penetración en territorios zapatistas de grupos paramilitares ligados al narcotráfico fue la alternativa para soslayar los límites políticos, legales y diplomáticos de una intervención abierta. En efecto, los acuerdos suscritos entre el Estado y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), avalados y respaldados por innumerables fuerzas políticas internacionales y organismos supranacionales, establecían ciertas condiciones para una tregua indefinida. Agredir a los zapatistas equivalía a bombardear un hospital.
Pero contrariamente a los que se suponía, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tensado aún más la cuerda del enfrentamiento violento. Su compromiso con varios megaproyectos que involucran territorios chiapanecos le obliga a desbrozar el camino de elementos conflictivos. Todo lo que huele a derechos colectivos o ambientales es calificado con el estigma de la subversión. Y si la tarea puede ser encomendada a actores ilegales, sobre los cuales el gobierno puede ladinamente declararse impotente, tanto mejor. Allá entre moros, sería la consigna con la que el gobierno mexicano se lava las manos y ejecuta la agenda de las corporaciones transnacionales.
¿Qué pensará el presidente de Cuba, recientemente recibido en la capital mexicana con sobradas muestras de afinidad ideológica, a propósito de este nuevo episodio de prestidigitación política? ¿Qué dirá la izquierda progresista-populista del continente? Porque más que delirante, sería cínico acusar a los pueblos indígenas y campesinos de Chiapas, que resisten heroicamente al capitalismo, de ser instrumentos del imperialismo yanqui para debilitar a un gobierno progresista.
Al parecer, la postura de AMLO sintoniza mejor con la de Guillermo Lasso, a quien en los últimos meses ha recibido por dos ocasiones entre bombos y platillos. El gobierno mexicano no solo nos ofrece el boleto para ingresar a la neoliberal Alianza del Pacífico; también coincide con la visión intransigente de nuestras élites frente al mundo indígena.
Septiembre 23, 2021
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