REDACCIÓN UNIR ECUADOR /
América Latina adolece de una teoría penal propia que responda a su contexto social, no obstante cuenta con los suficientes elementos para hacerlo, sostuvo el reconocido jurista argentino, tratadista, catedrático y actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Raúl Zaffaroni, en desarrollo de su conferencia magistral en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad UTE de Ecuador, el pasado jueves 18 de noviembre.
El rector de este centro universitario, Ricardo Hidalgo Ottolenghi, al presentar al conferencista, caracterizado por su compromiso con la defensa de los derechos humanos a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, hizo énfasis en que precisamente en la actual coyuntura en Ecuador se vive un “resquebrajamiento del sistema penitenciario” en el que se evidencia una clara violación de esos principios universales que garantizan la dignidad de las personas.
Hidalgo Ottolenghi sostuvo que el Estado de Derecho desaparece cuando se sobrepasan las acciones políticas de los gobiernos.
La Universidad UTE exaltó la vida profesional del maestro Zaffaroni y lo distinguió como Profesor ad honorem de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
“El doctor Zaffaroni ha realizado significativos aportes a la teoría del delito de la concepción penalista, es un personaje de una gran trayectoria internacional, por lo que es un honor contar con su presencia y otorgarle el nombramiento de profesor honorario en virtud a sus aportes al Derecho”, precisó el rector Hidalgo Ottolenghi, durante el encuentro académico que se llevó a cabo de manera virtual.
Más de la mitad de la población carcelaria en la región no está condenada
Durante la charla magistral titulada “El Derecho Penal con un enfoque en la garantía de los Derechos Humanos”, el jurista argentino hizo un detallado análisis de la situación penal en América Latina. Explicó que desdice mucho del sistema el hecho de que más de la mitad de la población carcelaria en la región no está condenada sino que se encuentra detenida en condición de prisión preventiva.
Se lamentó de que “la prisión prevención terminó convirtiéndose en una pena” y lo grave es que “lo que se secuestra es la vida” y es imposible devolver existencia.
Añadió que las cárceles en Latinoamérica se han degradado hasta tal punto que se asimilan a “campos de concentración”, cuyo común denominador es el exceso de ocupación.
El mantenimiento del orden de las prisiones está a cargo de las personas privadas de libertad (PPL) que se organizan en bandas que, por lo general, protagonizan motines y revueltas a su interior, ante la incapacidad del personal responsable de la vigilancia que además es insuficiente, precisó Zaffaroni.
Dentro de este contexto, hizo notar que el 80% de la población carcelaria es masculina y apenas el 4 o el 5% está integrada por mujeres. En este caso, dijo, también es protuberante el patriarcalismo.
Es grave, sostuvo, que la serie de delitos que se cometen al interior de las prisiones latinoamericanas no tengan respuesta oportuna por parte del Estado que constitucionalmente asume el papel de garante de la vida e integridad de las personas que en nombre de sus leyes fueron privadas de la libertad.
Mecanismo reproductor de delincuencia
Esta grave anomalía hace que el sistema carcelario sea un reproductor de delincuencia, lo cual además es indicativo de la realidad de exclusión y marginamiento social: cuanto más pobre se es, más vulnerable para la comisión de delitos, precisó Zaffaroni.
En respuesta, el Estado asume la acción vindicativa, resintiendo el sentimiento de comunidad, lo que es funcional al sistema en el que el 70% es excluido y el 30% incorporado. “Un sistema tardo colonialista que nos quieren imponer –agregó-, y que asume el discurso neoliberal”.
Se quejó de que este inicuo sistema penal obliga a los jueces a aplicar penas prohibidas por los ordenamientos constitucionales y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Trajo a colación el caso del país más grande del hemisferio, Brasil, que cuenta con más de 2 millones de presos en cárceles degradadas.
La crisis carcelaria en América Latina se volvió una patología social. “Ir a la cárcel se convirtió tan común como ir al hospital”, afirmó.
La pena, un hecho político
Citando al jurista y filósofo brasileño Tobias Barreto de finales del siglo XIX, Zaffaroni explicó que “la pena no tiene justificación porque es un hecho político. Quien quiera justificarla antes tiene que justificar la guerra. Ambas son un hecho político”, reiteró.
Agregó que “la función del Derecho Penal es la contención racional de ese hecho político” por cuanto el poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas, como los cuerpos de policía.
En ese sentido, explicó que los genocidios a lo largo de la historia de los últimos dos siglos los han cometido las policías y por tanto han sido causadas más por iniciativa pública que privada. Es contradictorio, dijo, “aquellos que debían defender a la población del genocidio fueron los que lo cometieron”.
Enfatizó que el Derecho Penal es un mecanismo para la preservación del Estado de Derecho, al tiempo que explicó que el poder punitivo tiene un impacto social inusitado que puede generar eventos imprevistos en la vida de la sociedad.
Reiteró la necesidad de generar en Latinoamérica nuestra propia teoría penal que tenga en cuenta el contexto social de cada uno de los países de la región, pues lo que se viene enseñando es una doctrina importada de Alemania, en la que ha primado el reduccionismo biológico que legitima el colonialismo, prolongándose hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
El video de la disertación completa del profesor Zaffaroni ingresando al siguiente enlace:
“El Derecho Penal con un enfoque en la garantía de los Derechos Humanos”.
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