No empieza con buenos augurios el año 2022. Al menos si pensamos en la justicia. Que el abogado de la familia de Naomi Arcentales haya solicitado de manera reiterada el traslado del caso de la jurisdicción de Guayaquil a la de Quito refleja y confirma un secreto a voces: la metida de mano de la política en la justicia. Más precisamente, la metida de mano de los poderes fácticos en la justicia.
La administración judicial de Guayaquil es la que evidencia de manera más descarnada este complejo fenómeno. Sobre todo, desde que el expresidente Febres Cordero entendió que el control del aparato judicial era un instrumento político fundamental para el ejercicio del poder. A partir de entonces, todas las autoridades (locales o nacionales) han reproducido el esquema.
El mal ejemplo socialcristiano ha tenido su emulación y continuidad tanto en el roldosismo como en el correísmo, las principales fuerzas políticas que se disputan el poder en el puerto principal. Como muestra se pueden señalar un par de hechos relevantes.
El primero se relaciona con la inoperatividad de la justicia en el caso de la corrupción en la provisión de insumos hospitalarios durante la pandemia, un caso que involucra de manera directa a miembros de la familia Bucaram. De por medio inclusive existe un homicidio perpetrado en la Penitenciaría del Litoral.
El segundo tiene que ver con la sentencia de chucky seven en contra de diario El Universo, recientemente desechada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por estar plagada de irregularidades. Ambo ejemplos demuestran la imposibilidad de aspirar a una justicia imparcial y proba (algo que, por ser tan obvio, no debería ni siquiera mencionarse) en esa jurisdicción. Lo acaba de ratificar la exigencia del abogado de la familia Arcentales.
En efecto, su cuestionamiento a las autoridades encargadas de ese proceso deja boquiabierto a cualquiera. En primer lugar, solicitó que la segunda autopsia de Naomi fuera encargada directamente al Departamento de Medicina Legal de la ciudad de Quito, evitando el traslado de competencia de Manta a Guayaquil. Con esta petición, que al final fue admitida, sentó graves dudas respecto de una dependencia cuyas funciones deberían ser absolutamente técnicas. Luego impugnó la idoneidad de la fiscal de Guayas encargada del caso. Finalmente, exigen que todo el proceso sea trasladado a la capital de la república.
¿Qué conoce al abogado de la familia Arcentales de los chanchullos, arbitrariedades e irregularidades a los que está sometida la administración de justicia en Guayaquil? Seguramente mucho, aunque difícilmente estará dispuesto a señalarlos con pelos y señales, so pena de sufrir retaliaciones. Simplemente se limita a hacer una exigencia que pueda, en la medida de lo posible, preservar al proceso de cualquier intervención extrajudicial.
La gente, por su parte, se pregunta qué tan extrema es la descomposición de la justicia en Guayaquil que se pide trasladar casos a la capital de la república, una jurisdicción donde también opera una administración de justicia duramente impugnada. Para ejemplo, basta señalar los enredos en el juicio al exalcalde Jorge Yunda.
Enero 4, 2022
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