¿Karma? Puede ser. Lo cierto es que apenas el gobierno inauguró con bombos y platillos la Secretaría Técnica Anticorrupción, los escándalos de corrupción empezaron a reventar como canguil. Por ahora ya tenemos tres de grandes dimensiones: el tráfico de cargos en las aduanas, el palanqueo familiar de nombramientos en Petroecuador, y la intervención de un alto funcionario de gobierno en la designación del nuevo Superintendente de Bancos.
Nada de qué asombrarse. Las advertencias respecto de la inocuidad de estos organismos gubernamentales en la lucha contra la corrupción han sido públicas desde que se empezó con la formulita, allá por el gobierno de Rafael Correa. Al contrario de lo que pomposamente se ofrece desde el discurso oficial, tales organismos más bien han servido para encubrir los actos de corrupción de la administración pública. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Lenín Moreno y parece que ocurrirá con el actual.
El tema de fondo es que la fiscalización del poder político no puede ser un ejercicio subsidiario, sino contrapuesto. Es decir, lo tienen que realizar instancias que no solo gocen de absoluta autonomía frente al gobierno de turno, sino que tengan un celo particular por exigir cuentas. En otras palabras, que actúen por oposición.
Cuando se habla de recursos públicos, entre la condescendencia y la duda existe un abismo insondable. Por esto, precisamente, fracasan todas las comisiones o secretarías de lucha contra la corrupción creadas desde los gobiernos de turno. Porque al ser parte del mismo entramado burocrático tienen que renunciar a la suspicacia, ese insumo insustituible para desentrañar el manejo del erario nacional. Más aún en un país como el Ecuador, carcomido por prácticas ilícitas de todo tipo.
La clave, entonces, radica en asegurar una distancia objetiva y real entre controlador y controlado; fundamentalmente, entre Estado y sociedad. Porque inclusive aquellos organismos del Estado que se suponen independientes del Ejecutivo –por obra y gracia de la famosa separación de funciones– suelen entrar en la lógica del juego de poderes. Por consiguiente, tienen la vara de la transparencia y la imparcialidad muy baja. Solo basta pensar que un banquero tiene la potestad de presentar la terna para designar al Superintendente de Bancos para que el panorama se ensombrezca.
Y este es solamente un botón de la muestra. Hoy asistimos a una feroz disputa entre grupos con intereses particulares para conformar –y, por ende, para manipular– las cortes de justicia, la contraloría, la fiscalía general, el consejo electoral. Es decir, todas aquellas instancias encargadas formalmente de supervisar, fiscalizar y sancionar a quienes ejercen alguna responsabilidad pública. O sea, a ellos mismos.
Agosto 10, 2022
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