Se supone que en una democracia consolidada las consultas populares buscan responder a las preocupaciones o aspiraciones de la población. O, al menos, de una buena parte de ella. Así ocurre en muchos países del mundo.
En el Ecuador, en cambio, las consultas populares responden a las necesidades coyunturales de los gobiernos. Dependiendo de las circunstancias políticas, y no de los contenidos y efectos de las preguntas, son aprobadas o rechazadas por la ciudadanía.
Esto ocurrió, por ejemplo, con la consulta de 2011,convocada en un momento en que el gobierno de Correa todavía gozaba de aceptables índices de popularidad. Con las justas, y con triquiñuelas de por medio, el gobierno logró legitimar en las urnas una de las mayores aberraciones de nuestra institucionalidad, tan grave que aún hoy seguimos pagando sus consecuencias. En efecto, resulta que, por obra y gracia de esa decisión ciudadanatotalmente manipulada, un juez de tercer nivel tiene más poder que una corte nacional de justicia o que la propia Asamblea Nacional. Lo estamos constatando a propósito de las medidas cautelares utilizadas como moneda de cambio, tanto a favor de tirios como de troyanos.
En la próxima consulta convocada por el presidente Lasso consta una pregunta (la segunda, referente a la extradición por delitos relacionados con el crimen organizado transnacional) que no solo busca cumplir la función de anzuelo, sino que apunta a provocar un falso dilema entre los votantes: quienes votarían en contra supuestamente estarían abogando en favor de los capos del narcotráfico. Los voceros de la derecha ya empezaron una campaña en ese sentido. En sicología, eso se denomina manipulación del complejo de culpa.
Este maniqueísmo ramplón no es nuevo. Dividir los conflictos sociales o políticos en blanco y negro suele ser una apuesta para incrementar el poder político de turno, incluso si las consecuencias son devastadoras (el pueblo inglés ya lo está padeciendo luego de la consulta por el brexit). De ninguna manera se busca resolver un problema.
En Colombia, la extradición de los capos del narcotráfico a Estados Unidos no ha reducido la violencia ni ha mermado el poder de los carteles de la droga. En la práctica, la producción y tráfico de cocaína se hanincrementado en forma progresiva, a pesar de la extradición. Y algo similar ocurre en México.
El debate, entonces, debe situarse mucho más allá de la trivialidad con la que lo plantean los acólitos de la consulta. Si el gobierno realmente está interesado en combatir al narcotráfico debe plantearse otra estrategia. En este momento hay un debate mundial muy serio al respecto. Inclusive si el objetivo es legalizar la extradición. Pero someter ese tema a una consulta populares una manera irresponsable de embaucar al pueblo. Es populismo electoral puro y duro.
Diciembre 2, 2022
Be the first to comment