Para que no se repita la seducción populista a la izquierda

Por Carlos de la Torre / 

Artículo extraído del libro «El gran fraude»

La izquierda latinoamericana no siempre fue seducida por caudillos populistas que terminaron devorándola. Por lo general, los marxistas vieron con recelo a los populismos y los calificaron como movimientos reformistas pequeñoburgueses o simple y llanamente como fascistas. En Argentina, por ejemplo, los partidos socialista y comunista tildaron al General Juan Perón de fascista, y no consideraron que el proletariado sino el lumpen fue su base de apoyo. Perón usó el anticomunismo para reprimir a la izquierda y transformó a los sindicatos en su base de apoyo. Sin embargo, su gobierno incorporó a la clase obrera, redistribuyó el ingreso, incrementó el electorado del 18 al 50 por ciento y otorgó el derecho de sufragio a las mujeres. En los años 60, algunos sectores de izquierda fueron seducidos por el populismo peronista y posteriormente apoyaron a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En Ecuador, pese a que los intelectuales marxistas fueron fervorosamente antipopulistas, la izquierda se las jugó varias veces por caudillos que jamás militaron en partidos marxistas, pero que dijeron ser de izquierda. En 1943 los principales partidos de izquierda formaron parte de Alianza Democrática Ecuatoriana y apoyaron la candidatura de José María Velasco Ibarra, quien regresó al país como el Gran Ausente luego de la revolución Gloriosa de mayo de 1944 y gobernó hasta el golpe de estado de 1947. En 2002 algunos partidos de izquierda auspiciaron la candidatura del coronel Lucio Gutiérrez, quien había liderado un fallido golpe de estado en contra del presidente Jamil Mahuad en enero del 2001.

Correa fue, esperemos, el último seductor populista de la izquierda. Llegó al poder con el apoyo de intelectuales, activistas y algunos partidos de izquierda. Prometió nada menos que una revolución ciudadana entendida como el fin del neoliberalismo, el retorno del Estado y de la soberanía nacional, la necesidad de transformar todo el andamiaje institucional con una nueva constitución y propuestas para cambiar las relaciones entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza. Cumplió algunas de sus promesas: el retorno del Estado, la redistribución de los excedentes cuando los precios del petróleo fueron altos, una nueva constitución que a la vez que amplió derechos concentró el poder en la presidencia. Su gobierno fue autoritario. Usó el poder judicial controlado por el Ejecutivo para regular lo que se puede discutir en la esfera pública, reprimió a los partidos de izquierda, a los movimientos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil progresistas creando organizaciones paralelas, y criminalizó la protesta social.

Muchos líderes e intelectuales de izquierda interpretaron su marginalización del poder una vez que Velasco Ibarra, Gutiérrez y Correa llegaron a la presidencia como una traición. En lugar de reflexionar sobre la validez de sus estrategias de apoyar a caudillos populistas, se presentaron como víctimas de conjuras de la derecha. El presente ensayo reflexiona sobre los fracasos de los coqueteos de la izquierda con el populismo, con la esperanza de que en el futuro no se las jueguen por caudillos que prometen la redención del pueblo y que al final se apropian de su voz y silencian y reprimen a los rivales, sobre todo a la izquierda que tan entusiastamente los apuntaló en el poder.

El texto discute las razones por las que la izquierda apoyó a Velasco en los años 40 del siglo pasado, a Gutiérrez en 2002 y a Correa en 2006. Se comparan las estrategias de gobiernos populistas y cómo los líderes intentaron apropiarse de la voz y voluntad popular reprimiendo el disenso de los sectores progresistas. Se analizan críticamente las visiones que la izquierda tuvo sobre la democratización y se argumenta que su mayor error fue enfocarse solamente en la necesidad de controlar al mercado y desdeñar los derechos que garantizan la separación de poderes, así como las libertades que garantizan una esfera pública y una sociedad civil libres de la injerencia del Estado.

Las promesas revolucionarias e incluyentes.

Velasco, Gutiérrez y Correa llegaron al poder en coyunturas en las que se dieron crisis de representación política, en contextos de movilización popular fuertes y con demandas por recuperar la soberanía nacional. Sus liderazgos dieron forma a las demandas de grandes sectores de la población por mejorar la democracia y la inclusión. Velasco fue el símbolo de la lucha en contra del fraude electoral, que fue la estrategia usada por el Partido Liberal Radical para mantenerse en el poder. Los diferentes sectores políticos de derecha e izquierda que se aglutinaron en la Alianza Democrática Ecuatoriana (ADE) vieron en el voto libre la esencia de la democracia. Si bien el objetivo de la izquierda revolucionaria fue la abolición del feudalismo terrateniente, la industrialización y la eventual construcción del socialismo, que aboliría la democracia y las libertades burguesas por las que luchaban en esa fase, consideraron que en la coyuntura de la lucha contra el fascismo la estrategia era la conquista del sufragio libre.

Los diferentes partidos de ADE vieron en Velasco Ibarra la figura que podía liderar la lucha en contra del Partido Liberal Radical. Pese a que en su primera administración Velasco reprimió a estudiantes, periodistas y políticos de izquierda, muchos de sus líderes e intelectuales consideraron que Velasco había cambiado. El escritor comunista Joaquín Gallegos Lara, por ejemplo, escribió en una columna en El Universo, del 14 de marzo de 1944, que quienes se oponían a la candidatura de Velasco Ibarra por ADE “se equivocan al confundir al presidente Velasco del pasado con el viajero antifascista, el probado demócrata, el gran exilado; intelectual y hombre de acción” (1). Manuel Agustín Aguirre, secretario del Partido Socialista, describió a Velasco Ibarra en 1943 como “un hombre de fuerte raigambre popular, acendrado patriota, honrado y progresista, cuya lucha continental por la defensa de los principios democráticos y los más altos derechos humanos será una garantía efectiva de libertad y democracia” (2). Leopoldo Benítez Vinueza diferenció el velasquismo como movimiento social y político de la figura de Velasco Ibarra. Escribió en El Universo del 16 de abril de 1944: “dentro del actual movimiento político, habemos (sic) cientos de hombres que no somos ‘velasquistas’ pero que tenemos que estar con el doctor Velasco Ibarra por ser el hombre que se opone al oficialismo, al fraude electoral, a la supervivencia del seudo constitucionalismo, a la persistencia de las facultades omnímodas; a la plusvalía de los incapaces bajo la tutela de los astutos” (3).

La Revolución Gloriosa fue una respuesta a la pérdida del territorio nacional luego de la derrota militar con el Perú, en 1941. La ciudadanía culpó al presidente liberal Carlos Arroyo del Río de la derrota. Velasco Ibarra fue construido como un patriota que devolvería la dignidad nacional y que rescataría la dignidad del ejército, que había sido no solo humillado militarmente sino desplazado por los carabineros ,que fueron vistos como una guardia pretoriana del gobierno. Velasco Ibarra llegó al poder en una coyuntura de movilización y de formación de organizaciones populares que vieron en el derecho al voto el principio fundamental para la democratización. Velasco Ibarra no fue visto solamente como quien permitiría el fin del fraude electoral liberal, sino como la encarnación de la liberación y aun redención nacional (4).

El coronel Lucio Gutiérrez incursionó en la política cuando lideró junto a Antonio Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), un golpe de Estado o rebelión popular en contra del presidente Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000. La economía ecuatoriana había entrado en una crisis generalizada, con niveles de hiperinflación del 96% en el año 2000. Provocó gran indignación el uso de los fondos del Estado para rescatar a la banca privada. El congelamiento de los depósitos bancarios y las revelaciones de que Mahuad financió su campaña con las contribuciones de banqueros a los cuales favorecieron sus políticas de Estado, fueron interpretados por gran parte de la población como actos de corrupción intolerables.

La estrategia de la CONAIE y de la Coordinadora de Movimientos Sociales fue que se establecieran los parlamentos de los pueblos. Estos fueron entendidos como espacios para que se den formas de democracia directa y como un poder dual ante un gobierno y un Estado que fueron calificados como poco democráticos y representativos, por lo que se demandó que los parlamentos de los pueblos reemplazaran a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La estrategia consistió en que, además de paralizar las carreteras, un grupo de indígenas tomaran los edificios de los tres poderes del estado. El 20 de enero los manifestantes cercaron el Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el 21 los militares que resguardaban el edificio del Congreso permitieron la entrada de casi siete mil manifestantes, en su mayoría indígenas. En el Congreso se posesionó la Junta de Salvación Nacional, integrada por Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, el coronel Gutiérrez y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano. El golpe se resolvió de manera cuasi legal cuando el Congreso usó la artimaña de que Mahuad había abandonado el poder; con este argumento posesionó al vicepresidente Gustavo Noboa.

Para participar en las elecciones de 2002, Gutiérrez organizó el Partido Sociedad Patriótica (PSP), un partido político formado por ex militares y ex policías con una ideología autoritaria y nacionalista. Apoyándose en la doctrina de seguridad nacional, el PSP sentía un gran desdén tanto por los políticos como por la política, entendida como el debate innecesario sobre lo público. Durante la campaña electoral de 2002 apeló a la unidad de los indígenas, del pueblo y de los militares, ejemplificada en el 21 de enero, como la alternativa a la “pseudo democracia” ecuatoriana. Su triunfo se explica, en parte, por sus alianzas con la izquierda ecuatoriana y el movimiento indígena. Pero también por la buena acogida de su retórica de la anti-política y en contra de la partidocracia, así como por la imagen de los militares como gente del pueblo que no se vende a intereses antinacionales. El triunfo de Gutiérrez fue interpretado por sectores de izquierda como la posibilidad de que se produjera una refundación del país. La participación del movimiento indígena, y el hecho de que dos de sus líderes históricos fuesen nombrados como ministros de Agricultura y de Relaciones Exteriores, parecía indicar un nuevo renacer. El antropólogo Norman Whitten (5), por ejemplo, calificó a estos eventos como “inversiones simbólicas”: momentos de cambio social que no necesariamente significan la alteración del orden social, pero que manifiestan grandes cambios de las relaciones sociales de herencia colonial en un país en que por primera vez los indígenas y un hombre proveniente de la Amazonía, de piel más mestiza que blanca, ocupaba la Presidencia.

Rafael Correa dio forma política a los sentimientos de repudio al neoliberalismo y a la partidocracia. Surgió en un contexto de crisis generalizada de todas las instituciones políticas y luego de que tres presidentes fueran depuestos. Prometió la refundación de la patria, el retorno de la soberanía nacional y políticas públicas incluyentes. La mayor innovación del movimiento que apoyó a Correa fue basar su estrategia en la noción de poder constituyente. Desdeñaron el poder constituido y prometieron la refundación de la patria para alcanzar la segunda y verdadera independencia. El poder constituyente fue entendido como la capacidad popular para crear instituciones y normativas, como la autoridad capaz de refundar la política, la economía, la moral y la cultura. Fue electo con la promesa de convocar elecciones para una asamblea constituyente participativa que generara un nuevo pacto y proyecto de sociedad. A la vez que amplió derechos, la nueva Constitución concentró el poder en el Ejecutivo.

Con Correa regresaron las utopías de la revolución y del socialismo. Pero a diferencia de los modelos asentados en el uso de la violencia para llegar al poder, la nueva estrategia revolucionaria se basó en el uso de los votos. Gobernó a través de campañas y de elecciones permanentes, por lo que constantemente recorrió el país renovando su liderazgo carismático y confrontando a sus enemigos. Los ecuatorianos votaron en once elecciones entre 2006 y 2013. El socialismo del siglo XXI no se basó en la estatización de los medios de producción, sino en modelos en los que el Estado tiene un rol importante en planificar la economía.

Las prácticas populistas en el poder.

Desde el poder, Velasco, Gutiérrez y Correa marginaron y reprimieron a la izquierda. Sus gobiernos, que surgieron en contextos de crisis de democracias débiles, terminaron en autoritarismos. Velasco dio un autogolpe de estado, abolió la constitución de 1945, llamó a una nueva constituyente en la que no participó la izquierda y finalmente fue depuesto por un golpe de Estado. Gutiérrez perdió en su enfrentamiento contra los partidos políticos y su proyecto autoritario fue frenado por un golpe de Estado del Congreso, hecho que minó aún más la legitimidad de la democracia. Correa usó el sistema legal para concentrar el poder en el Ejecutivo y crear una legislación para controlar la esfera pública y la sociedad civil. Sus ataques sistemáticos y las restricciones a las libertades y derechos, junto con la transformación de las elecciones en referendos plebiscitarios en los que la oposición no tuvo opciones de triunfar, llevaron al proceso que Guillermo O´Donnell (6) teorizó como la muerte lenta de la democracia y su transformación en autoritarismo.

Una vez que Velasco se posesionó en la presidencia en mayo de 1944 trató de contentar a las diferentes facciones de ADE. Por ejemplo, presidió el segundo congreso de las Organizaciones Obreras Católicas (CEDOC) y fue invitado de honor al congreso constitutivo de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE). La izquierda y los sectores progresistas lograron la mayoría en la Asamblea Constituyente de 1945. En palabras de su vicepresidente, Manuel Agustín Aguirre, redactaron una Constitución progresista. “Junto a los derechos individuales, se consignaron, por primera vez en la historia constitucional ecuatoriana, importantes capítulos relativos a derechos sociales. Como los que se refieren a la familia, la educación y la cultura, la economía, el trabajo y la previsión social” (7). Sin embargo, Velasco Ibarra objetó las limitaciones que la Constitución imponía al Ejecutivo, porque establecía un tribunal de garantías constitucionales y una comisión legislativa permanente como guardianes del presidente, a quien limitaban su capacidad de veto. También objetó las disposiciones semi-corporativistas que incluían a representantes de las tres tendencias políticas –derecha, centro e izquierda– en el Tribunal de Garantías Constitucionales, y la unificación del Congreso y del Senado en una sola cámara. El presidente Velasco rehusó tomar juramento para apoyar la Constitución. Sin embargo, la firmó diciendo que lo hacía “en contra de mis opiniones personales y sólo para salvar al país de malos tiempos” (8).

Para librarse de la izquierda, Velasco no tuvo reparos en reprimirla. Cesó a los ministros de izquierda, exiló y encarceló a líderes de izquierda, atacó al periódico socialista La Tierra, dio un autogolpe de estado en marzo de 1946, abolió la Constitución recientemente aprobada y convocó a una nueva asamblea constituyente en la que no participó la izquierda. Velasco justificó su autoritarismo con la premisa populista de que él, como la encarnación de la voluntad popular, estaba más allá de constituciones y normativas que limitan el poder del pueblo. El pueblo fue visto como un ente homogéneo encarnado en el líder y todos quienes no aceptaron su liderazgo fueron tachados de enemigos a quienes se los podía reprimir, silenciar y exiliar. Velasco buscó el apoyo de la derecha para atacar a la izquierda, pero se fue quedando solo hasta que su ministro de defensa, el coronel Carlos Mancheno, dio un golpe en agosto de 1947. La asonada se justificó con el argumento de que el país vivía un caos económico y político, pues 28 ministros diferentes habían pasado por el gabinete en poco más de tres años.
Gutiérrez perdió la batalla en contra de los partidos políticos. Su autoritarismo se basó en el uso instrumental de la ley, en amenazas a periodistas, a medios de comunicación y a políticos de oposición, y en el uso de partidarios y grupos de choque para atemorizar a los ciudadanos críticos. Sus acciones autoritarias provocaron un golpe semi-constitucional de Estado, cuando los partidos en el Congreso le destituyeron con la artimaña legal de abandono del poder. Fue remplazado por el vicepresidente Alfredo Palacio.

Cuando Gutiérrez llegó a la presidencia su partido PSP alcanzó únicamente cinco diputados de un total de 100. Pese a que sus políticas estuvieron en manos de economistas neoliberales, la izquierda le apoyó durante sus primeros seis meses. Luego de su ruptura con el movimiento indígena y con los partidos de izquierda (Pachakutik y Movimiento Popular Democrático) que le llevaron al poder, gobernó con una alianza electoral bajo la mesa con el Partido Social Cristiano (PSC). Esta alianza se rompió luego de las elecciones para dignidades locales del 17 de octubre de 2004, en las que triunfaron los partidos tradicionales y en las que apenas sobrevivió el PSP. En noviembre de 2004, los ex presidentes León Febres Cordero, Rodrigo Borja y los diputados de Pachakutik buscaron seguir un juicio político a Gutiérrez. Este sobrevivió armando una nueva mayoría legislativa con dos partidos personalistas: el PRE de Abdalá Bucaram y el PRIAN de Álvaro Noboa. La nueva mayoría de legisladores acaparó la presidencia del Congreso, conformó un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y cesó a la CSJ, reemplazándola por una nueva con personajes ligadas al PRE y al PRIAN.

A partir de noviembre de 2004, Gutiérrez radicalizó su retórica populista al presentar estas maniobras como parte de la lucha ética y moral entre el pueblo, al que dijo encarnar, y la oligarquía ligada al ex presidente León Febres Cordero, símbolo de la derecha gamonal ecuatoriana, sus empresas familiares y los políticos de siempre. Se autoproclamó como un “dictócrata”, argumentando que “para la oligarquía soy un dictador y para el pueblo un demócrata” (8). Buscó la restructuración de las cortes de justicia y de los organismos de control, con una consulta popular que planteaba remplazar el control de los partidos por la corporativización de los organismos de control. Además, como señala Montúfar, se planteó la reelección inmediata del Presidente y su potestad para disolver el Congreso por una sola ocasión.

Gutiérrez profundizó las divisiones del movimiento indígena. Luego de la ruptura de Gutiérrez con la CONAIE, la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE) aprovechó la oportunidad para captar organismos y recursos estatales que estaban en manos de la CONAIE. Sus intereses coincidieron con la estrategia del gobierno de dividir a la organización indígena más poderosa, cuya participación había sido importante en los derrocamientos de dos presidentes. La estrategia del gobierno fue responder a las manifestaciones de la oposición con contramanifestaciones. Las protestas ciudadanas en contra de Gutiérrez fueron usadas como excusa para que el Congreso destituyera a Gutiérrez y, con un acto autoritario, frenaran la deriva autocrática de su gobierno. Si bien fracasó el proyecto autoritario de Gutiérrez, se lo hizo a costa de la legitimidad de la democracia ecuatoriana. Al igual que en el segundo velasquismo, la izquierda salió muy mal parada luego de su participación en el gobierno de Gutiérrez. Pachakutik fue visto como un partido más y el movimiento indígena quedó profundamente debilitado.

En esta coyuntura de crisis de legitimidad de todas las instituciones de la democracia liberal, de debilidad de los movimientos sociales, de pérdida del glamour de Pachakutik como un partido de izquierda nuevo y alternativo y de sentimientos en contra de la política y de los políticos, Correa asumió la presidencia. A diferencia de Gutiérrez, que perdió en contra de los partidos, Correa los derrotó y luego los destrozó. Alianza País se transformó en la gran maquinaria política de redistribución clientelar, de puestos de trabajo, de prebendas y corrupción. Al igual que la mayoría de políticos, Correa usó instrumentalmente la ley. Pero a diferencia de sus predecesores, utilizó el sistema legal y las cortes de justicia para crear una nueva legislación autoritaria para premiar a los acólitos y castigar a los críticos.

El conflicto sobre la constitucionalidad y legalidad de convocar a una asamblea constituyente de plenos poderes fue resuelto con artimañas legales a favor del gobierno, que logró la destitución de 57 congresistas que estaban en contra de la iniciativa y la destitución de nueve jueces del Tribunal Constitucional (9). Una vez instalada la Asamblea Constituyente, esta declaró arbitrariamente que el Congreso estaba en receso y se atribuyó potestades legislativas. Una vez aprobada la nueva Constitución en un referendo, se siguió el ejemplo venezolano de organizar un congresillo controlado por los partidarios de Correa para poner a seguidores fieles al régimen a cargo de todas las instituciones del Estado. Correa reorganizó la justicia y puso a sus incondicionales a cargo de instituciones claves. Por ejemplo, Galo Chiriboga, que fue su Embajador en España, fue nombrado Fiscal General de la Nación; el Consejo de la Judicatura fue presidido por Gustavo Jalkh, quien antes se había desempeñado como secretario particular del Presidente.

A diferencia de Velasco Ibarra, que rompió la ley para cerrar periódicos, encarcelar críticos y dar autogolpes argumentando que como encarnación del pueblo estaba más allá de las constituciones y normativas de la democracia, Correa usó las leyes y las cortes de justicia para crear normativas con el objetivo de silenciar y atemorizar a los críticos. Recurrió a la vieja práctica latinoamericana de usar instrumentalmente la ley, pero transformándola en una estrategia de gobierno, práctica que Kurt Weyland (10) definió como legalismo discriminatorio, entendido como el uso discrecional de la autoridad legal formal.

El gobierno de Correa creó un andamiaje jurídico y nuevas instituciones del Estado para regular el contenido de lo que los medios pueden transmitir. En el 2013, la ley de comunicación creó la Superintendencia de Comunicación. Este organismo inició 269 procesos a periodistas y a medios privados, a los que se sancionó con multas y rectificaciones públicas. Se crearon leyes con lenguajes ambiguos para controlar y regular a las ONG, restringiendo los derechos de asociación. En 2013 Correa pasó el Decreto 16 para sancionar a las ONG que se desvíen de los fines para las que fueron creadas, o que interfieran en las políticas públicas atentando contra la seguridad interna y externa. Se crearon instituciones estatales para supervisar y controlar las actividades de los sectores organizados de la sociedad. El derecho a participar fue restringido a grupos que estuvieran legalmente reconocidos por el Estado. Para contrarrestar el poder de los sindicatos, de los movimientos indígenas, de los maestros y de los estudiantes el Estado creó movimientos sociales paralelos. La protesta social fue criminalizada.

La estrategia de Correa fue debilitar y cooptar a los movimientos sociales. En una larga entrevista con New Left Review (11), Rafael Correa sostuvo que su gobierno negocia directamente con las bases indígenas y no con los dirigentes de la CONAIE, tachados de líderes corporativistas. Semanalmente insultó a los líderes indígenas con calificativos racistas que ningún político de derecha se permitiría utilizar. Pero su ataque a los movimientos sociales fue más allá de la intimidación verbal. Cientos de líderes fueron acusados de terrorismo y sabotaje. José Acacho, líder Shuar elegido asambleísta en febrero del 2013 por Pachakutik, fue condenado a doce años de prisión, y Mery Zamora, dirigente del gremio de los profesores, a ocho años. Un grupo de universitarios cercanos al Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador, conocidos como Los Diez de Luluncoto, por el barrio de Quito donde fueron detenidos, cumplieron una pena de un año de prisión por tentativa de sabotaje y terrorismo.

Pese a los intentos de forjar al pueblo a imagen y semejanza de como se lo imaginó el líder populista, Correa falló en su intento de dominar a los movimientos sociales, a la sociedad civil y silenciar las voces críticas en la esfera pública. Los partidos de izquierda y los movimientos indígena y ecologista lideraron la resistencia a varias políticas autocráticas de Correa, como la expansión del extractivismo y la criminalización de la protesta. Las clases medias que se beneficiaron del boom consumista provocado por los altos precios del petróleo salieron a las calles en el 2015 en contra de los intentos de Correa de perpetuarse en el poder. Si bien Correa modificó la Constitución para permitir su reelección indefinida, incluyó una transitoria que no le permitió presentarse en las elecciones del 2017. Su candidato, Lenín Moreno, ganó las elecciones y Correa podrá ser candidato en 2021. Pero Moreno se distanció de su mentor y el futuro político de Correa es incierto.

La traición

La izquierda justificó su fracaso por aliarse con los populistas con el argumento de la traición. Las palabras de Manuel Agustín Aguirre se podrían extender a cómo muchos izquierdistas que colaboraron con Gutiérrez o Correa se refirieron a su paso por gobiernos populistas. Aguirre señaló que Velasco Ibarra fue el “traidor número uno, introducido como caballo de Troya en la Revolución” (12).

Pero me pregunto, ¿hubo tal traición? Velasco Ibarra fue un liberal católico anticomunista, y solo las ilusiones de que había cambiado en el exilio y la necesidad de encontrar un líder con raigambre popular para montar un frente popular que aglutinara a los sectores progresistas explica el apoyo de la izquierda. Además, políticos e intelectuales brillantes y curtidos como Manuel Agustín Aguirre, Pedro Saad y otros no fueron las víctimas inocentes de una conspiración en su contra, pues conocían muy bien el anticomunismo de Velasco.

¿Cómo pudieron los líderes de la CONAIE apoyar un golpe de Estado al que caracterizaron de rebelión popular, y cómo pudieron aliarse con un militar nacionalista que ya en la segunda vuelta electoral, y al inicio de su administración, dejó de lado el populismo y el izquierdismo para presentarse como el “ingeniero presidente” de orientación neoliberal?

¿Fue Correa un traidor o simplemente usó a los partidos de izquierda para llegar al poder y luego erigirse en la encarnación de la Revolución Ciudadana? Desde sus inicios, en el correísmo se dieron tensiones entre un proyecto colectivo y la creación publicitaria de Correa por sus acólitos como líder y encarnación de la revolución. Las siglas RC coincidían con las siglas de su nombre. ¿Fue ingenua la izquierda cuando creó una Constitución presidencialista y creyó que Correa era un buen tipo y no usaría y abusaría de sus poderes? Tal vez hubiese sido más pragmático seguir los pasos de la constituyente de 1945 y, a la vez que ampliar los derechos, crear un andamiaje institucional para controlar al Ejecutivo. El correísmo se auto-concibió como un proceso revolucionario de larga duración, cuyo objetivo era la refundación revolucionaria de la patria. Con el objetivo de llevar a cabo las transformaciones que se imaginaron como fundamentales, no dudaron en usar instrumentalmente las leyes, silenciar a los críticos –sobre todo a los antiguos colaboradores– y buscar perpetuarse en el poder. La deriva autocrática y caudillista del correísmo fue una posibilidad desde que arrancó su campaña electoral en el 2006.

Conclusiones: la izquierda, la democratización y el populismo.

El fracaso de la izquierda con los populistas no puede reducirse a los lamentos. Más bien, debe llevar a una reflexión sobre cómo entendieron la democratización y su desdén por las instituciones de la democracia liberal, que muchos siguen descalificando como burguesa.

En los tres casos analizados, la izquierda luchó por la democratización: elecciones libres con Velasco, contra la partidocracia con Gutiérrez y contra el neoliberalismo con Correa. Pero la izquierda no siempre usó las elecciones para tratar de llegar al poder. Velasco llegó a la presidencia luego de una insurrección y Gutiérrez trató de llegar al poder a través de un golpe. Luego cambió de estrategia y con el apoyo de la izquierda llegó al poder. Correa triunfó en elecciones y usó este mecanismo para desplazar a los partidos tradicionales y crear una nueva hegemonía. Pese a que las elecciones fueron limpias, la cancha electoral favoreció descaradamente al candidato-presidente (13).

Además, la izquierda diferenció entre la democracia burguesa basada en los derechos –incluido el de la propiedad– y la verdadera democracia, entendida de manera sustantiva. La democracia sustantiva fue vista como la participación directa del pueblo sin intermediarios, como cuando la CONAIE trató de crear los parlamentos de los pueblos en 2001. Pero la visión más común fue la de la democracia como reducción de la inequidad y la abolición de las estructuras que reproducen las desigualdades sociales. La izquierda nunca dejó de soñar con la revolución, entendida como la destrucción de toda la institucionalidad existente para construir un nuevo orden. El sueño de la revolución se democratizó de cierta manera con el correísmo, pues fueron los votos y no las balas el mecanismo para llegar al poder. Sin embargo, ya que los objetivos revolucionarios tuvieron prioridad, no se dudó en instrumentalizar las leyes para perseguir enemigos. Al igual que en muchas otras revoluciones, la revolución devoró a los antiguos revolucionarios, que fueron tachados de enemigos del pueblo, del líder y del proceso.

El problema con las visiones sustantivas de democracia y con la idea de revolución es que atentan contra aquellas instituciones que permiten que los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil expresen y articulen sus demandas autónomas. La separación de poderes, las libertades de expresión y de asamblea son necesarias para la democracia participativa. Estas instituciones liberales fortalecen la esfera pública y permiten que los movimientos sociales expresen y articulen sus demandas autónomas en la esfera pública. La experiencia histórica demuestra que los proyectos de transformación basados en las fantasías revolucionarias del pueblo-como-uno que se alza en contra de la dominación de los enemigos del pueblo terminaron en el autoritarismo, pues se abolieron los mecanismos institucionales que garantizan el pluralismo y los derechos de asociación y expresión. Además, se vio a los rivales como enemigos que debían ser silenciados, exiliados y privados de sus derechos.

El mito del redentor populista cautivó y terminó devorando a la izquierda ecuatoriana. Me parece que ya es hora de abandonar la idea de un pueblo homogéneo encarnado en un líder, y dejar de imaginar a las rupturas revolucionarias populistas como la única respuesta a las exclusiones de las democracias inconclusas.

Como señala Andreas Kalyvas (15) en Democracy and the Politics of the Extraordinary, en lugar de invocar a un pueblo mítico que surge de las profundidades históricas de la patria, “hay que partir de una pluralidad de movimientos sociales y de asociaciones políticas como la base para reconstruir la soberanía popular”. Esta no puede asentarse en la visión populista del líder como la encarnación del pueblo, o como el referente único y necesario para dar fin a las exclusiones del poder constituido. Si bien los liberales glorifican el poder constituido como la única forma de frenar los autoritarismos, los populismos que pretenden ser liberadores glorifican la capacidad revolucionaria del poder constituyente. La noción normativa de revolución o ruptura populista puede terminar con todas las instituciones que garantizan los derechos que permiten a los movimientos sociales y a los ciudadanos ser actores y no someterse a la voluntad de un político transformado en redentor.

Es de esperar que la izquierda revalore las libertades y derechos que permiten que se creen nuevos derechos. A lo mejor, al no vivir experiencias autoritarias como las del Cono Sur en los años 70, la izquierda no revaloró los derechos humanos y los derechos civiles. Pero luego de la represión sistemática de Correa a la izquierda y de su uso instrumental de la ley para forjar un andamiaje institucional autocrático, es de esperar que esta sea la última vez que se deja seducir por un redentor populista.

 

Notas:

1.   En De la Torre 1993, p. 99.
2. En De la Torre 1993, p. 220.
3. En De la Torre 1993, p. 101.
4. De la Torre 1993, p. 110.
5. Whitten 2003.
6. O’Donnell 2011.
7. Citado en De la Torre 1993, p. 213.
8. Citado en De la Torre 1993, p. 213.
9. Montúfar 2008, p. 279.
10. Conaghan 2008, pp. 205-206.
11. Weyland 2013.
12. New Left Review 2012.
13. En De la Torre 1993, p. 220.
14. Acosta 2013.
15. Kalyvas 2008.

Bibliografía

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Conaghan, Catherine (2008). “Ecuador: Correa’s Plebiscitary Democracy”, en Larry Diamond, Marc Plattner y Diego Abente, eds., Latin America’s Struggle for Democracy, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 199-217.

Corrrea, Rafael (2012). “Interview. Ecuador’s Path”, New Left Review 77, septiembre-octubre 89-104.

De la Torre, Carlos (1993). La Seducción Velasquista, Quito FLACSO y Libri Mundi.

Kalyvas, Andreas (2008) Democracy and the Politics of the Extraordinary. Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt, Cambridge: Cambridge University Press.

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Montúfar, César (2008). “El populismo intermitente de Lucio Gutiérrez” en Carlos de la Torre y Enrique Peruzzoti, eds. El Retorno del Pueblo. Populismo y Nuevas Democracias en América Latina, Quito FLACSO, 267-299.

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