«El juez que restituyó los derechos políticos del exvicepresidente Jorge Glas solicita que se retire la orden de detención con fines investigativos para presentarse a rendir su versión»
En un reciente acontecimiento en Ecuador, Ricardo Vanegas, exasambleísta del movimiento indígena Pachakutik, ha anunciado que asumirá la defensa técnica del juez John Rodríguez, de la Unidad Multicompetente de Yaguachi (Guayas). Este juez, que recientemente se convirtió en juez constitucional, emitió medidas cautelares a favor de Jorge Glas, exvicepresidente del país, y le restituyó sus derechos políticos, a pesar de tener dos sentencias firmes por actos de corrupción en la función pública.
En su calidad de abogado defensor, Vanegas y el juez Rodríguez han presentado un escrito dirigido a la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, solicitando que se deje sin efecto la orden de detención con fines investigativos contra el juez, para que pueda presentarse y ofrecer su versión libre y voluntaria.
Actualmente, Rodríguez se encuentra en un permiso médico de tres días, el cual finalizará el próximo miércoles. Las medidas cautelares a favor de Glas fueron presentadas por Rodolfo Manuel Miranda Soriano a las 00:10 del viernes 9 de junio y se resolvieron a las 15:49 del mismo día.
El domingo pasado, la Fiscalía informó sobre varios allanamientos relacionados con este caso, y uno de ellos afectó a una residencia en la ciudad de Milagro (Guayas), donde vivía el juez constitucional que emitió el fallo a favor de Glas. Este último es considerado el líder del correísmo y tiene dos condenas firmes por delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo agravado, relacionados con el caso Sobornos 2012-2016 y la trama de Odebrecht.
El escrito presentado por Rodríguez y Vanegas está dirigido a la presidenta de la Corte del Guayas, ya que fue ella quien autorizó los allanamientos solicitados por la fiscal provincial del Guayas, Yannina Villagómez.
«¿Lo político por encima de lo jurídico? Injustificable en un Estado de derecho. Hoy he requerido formalmente a la jueza doctora María Gallardo, presidenta de la Corte Provincial del Guayas, que deje sin efecto la orden de detención contra J. Rodríguez, juez multicompetente en Yaguachi. No podemos hablar de un ‘sistema justo’ si solo un puñado de personas puede acceder a las garantías básicas y ejercer su derecho a la defensa», apuntó Vanegas en su cuenta personal de Twitter.
Ambos han cuestionado la decisión de ordenar prisión preventiva con fines investigativos, principalmente porque esta medida es excepcional según la normativa actual. Consideran que si el propósito de la orden de prisión preventiva con fines investigativos es obtener la versión del sospechoso, la Fiscalía no solicitó legalmente al juez investigado ni a su defensa que acudan a ofrecer una versión libre y voluntaria sobre los hechos investigados.
«Ya se cumplió el objetivo estable
cido en el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para las actuaciones fiscales urgentes (en el allanamiento realizado el 11 de junio de 2023 se recopilaron elementos de convicción), por lo que no hay motivo lógico para que subsista la orden de detención dictada en mi contra, y se debe evitar que la Fiscalía desvíe este propósito para prevenir vulneraciones constitucionales y legales de mis derechos y garantías», afirma el escrito enviado a la presidenta y también jueza de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo.
El juez investigado expresa su intención de colaborar en una eventual investigación previa, siempre y cuando se respete su presunción de inocencia. También sostiene que comparecerá para conocer formalmente las acusaciones por las que debe defenderse.
En relación a este caso, abogados en ejercicio y autoridades judiciales, como el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, han expresado su opinión. Todos coinciden en que el fallo es escandaloso y que el juez Rodríguez ha cometido el delito de prevaricato al resolver en contra de las normas procesales expresas.
Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura (CJ) no se ha pronunciado oficialmente sobre si tomará alguna medida respecto al accionar del juez Rodríguez. Ante esto, el constitucionalista José Chalco se pregunta si lo sucedido en Yaguachi no es urgente para el CJ y cuestiona la falta de convocatoria del consejo para sancionar al juez por prevaricato en el caso de Jorge Glas.
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