El caso Gabela tiene más aristas de las que imaginamos. A medida que avanzan las investigaciones aparecerán nuevos elementos a propósito de los motivos y los responsables del crimen.
Por ahora, el objetivo principal de la justicia, a más de desentrañar la trama del asesinato, es descubrir qué mismo se obtuvo a cambio de desaparecer el tercer informe entregado por el perito Meza. Es decir, el quid pro quo del caso, ese latinajo que designa un intercambio de favores, dar algo a cambio de algo. Porque seguir discutiendo sobre las versiones antojadizas con las que los sospechosos pretenden confundir los hechos resulta inoficioso. Toca ir al fondo del asunto.
Habría que ser demasiado ingenuos para aceptar la tesis de que el asesinato del general Gabela respondió a una acción de la delincuencia común. Peor aún ahora que el país cuenta con un informe que ratifica lo que todos suponíamos: que se trató de un crimen de Estado. En síntesis, de un crimen político.
En efecto, no se necesita de una pericia criminal ultra especializada para sacar algunas conclusiones elementales. La forma en que procedieron los sicarios desmonta el relato respecto de un intento de robo; la denuncia a propósito de la deficiencia de los helicópteros Dhruv, y los posteriores siniestros de cuatro de ellos, ratifica la existencia de intereses concretos y puntuales para silenciar a Gabela; la difusión de tres informes falsos, avalados desde las más altas esferas del gobierno de Correa, confirman la intención de ocultar información desde el poder de turno. El propio expresidente Correa, en un arrebato de torpeza único, admitió la existencia de un tercer informe original que pasó por sus manos y que luego se esfumó en los laberintos de la burocracia estatal.
Hay, sin embargo, otros elementos que escapan al ámbito judicial, pero que no pueden ser soslayados. El primero se refiere a la incontenible descomposición institucional que padece el Ecuador luego de una década de populismo corrupto y autoritario. La idea de que todo era posible porque se podían desvanecer las responsabilidades caló en los más profundo de las instancias del poder. Que unos altos oficiales de la Fuerza Aérea sean capaces de llegar a la eliminación de un compañero de armas por un simple y pedestre interés pecuniario, tal como los señala el informe, dinamita la escasa confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones del Estado. Mucha gente se preguntará, con justa razón, para qué contribuimos con los salarios de funcionarios que pueden llegar a ese extremo de sevicia.
El segundo elemento se refiere al impacto electoral del caso Gabela. Es muy probable que muchos votantes que pensaban respaldar a la candidata correísta revean su intención. Un asesinato es un asesinato. Y extraviar pruebas, a más de un delito, es una infamia.
Julio 21, 2023
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