Cuando el Presidente Daniel Noboa pudo sacar ventaja de los pactos y repartos entre su gobierno, la Revolución Ciudadana y el Partido socialcristiano, a las tronchas se las denominó “treguas políticas o acuerdos por la gobernabilidad”, pero -cuando sus caprichos no se cumplen- a estos mismos actos en donde están involucrados sus ex aliados, se los califica de “sucios pactos políticos”. ¿Y todo por qué? Porque el Presidente Noboa no consiguió los 92 votos en la Asamblea Nacional para deshacerse de la vicepresidenta que él mismo escogió como su compañera de fórmula en las elecciones anticipadas de 2023, por méritos que todavía la mayoría de ecuatorianos desconocemos.
¿Qué pretendía Noboa con una posible eliminación política y judicialización de Verónica Abad? ¿Que la Asamblea Nacional y el sistema de justicia del país resuelvan el problema que él ocasionó por haber elegido mal a su binomio, como muchos otros mandatarios lo han hecho, al menos, desde el retorno a la democracia?
El exceso de narcicismo del Presidente Noboa, que no es otra cosa más que egocentrismo patológico, le jugó una mala pasada, al pensar que su sola voluntad puede estar por encima de las instituciones e incluso del propio Estado de derecho. Sin embargo, este tipo de patologías son fiel expresión de la paranoia del poder, un trastorno cuyo patrón de conducta se manifiesta en individuos con personalidades duales (con delirios de grandeza, pero también temerosas y asustadizas), que denotan inseguridad y cierta cobardía moral, solo así se explica que -producto del miedo a la subrogación vicepresidencial- se activara toda una avalancha institucional de quejas en contra de Verónica Abad, que van desde ser correísta hasta haber pedido dinero a supuestos empresarios tomándose el nombre del ahora Presidente y su equipo de campaña.
Reclamos debatibles, al menos si se considera que la Vicepresidenta Abad fue una de las primeras críticas del pacto entre la bancada de Gobierno (ADN), la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido socialcristiano (PSC) con el que Noboa inauguró su gestión, hecho que no lo deberían de olvidar los analistas que hoy públicamente la repugnan; mientras que, en lo referente a los empresarios presuntamente perjudicados por los pedidos de dinero, estos entes abstractos todavía no se materializan. ¿Existen estos empresarios? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus empresas y a cuánto pudo ascender el presunto perjuicio? ¿Si el dinero fue entregado la vicepresidenta Abad, se lo reportó como parte del gasto campaña del binomio presidencial? O, en su defecto, ¿si el dinero no fue destinado a la campaña electoral del binomio Noboa/Abad, entonces, en qué se lo utilizó?, ¿si hubo intermediarios en el pedido, quiénes fueron? Pero aquí hay un problema más de fondo, ¿si Noboa y su círculo cercano sabían de esto, por qué no informaron al país lo sucedido, aunque sea por TikTok?, ¿por qué tardaron siete meses en contar su verdad?
El Presidente de la República no puede perder de vista que su legitimidad también está anclada y comprometida política y jurídicamente a la de su Vicepresidenta. Un problema con el que tendrá que lidiar -le guste o no a él o a sus subalternos con aspiraciones presidenciales- hasta que finalice su corta gestión en Carondelet.
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