Sin comentarios. Prácticamente no hay mucho que decir: el escándalo de la Liga Azul es el epítome de la lumpenización política, de su total y absoluta descomposición. Ahora nos enteramos de que, durante un buen tiempo, la eventual designación de las principales autoridades del Estado estuvo en manos de un grupo de personas que se comportaba como una banda delincuencial.
Tampoco tiene mucho sentido insistir en la perversidad de ese engendro jurídico-político denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Ya son años desde que diversos sectores de la sociedad han insistido en su desaparición. Por ética pública y por higiene nacional.
Lo que toca analizar hoy es la esencia antidemocrática, autoritaria e instrumental de ese organismo. Precisamente lo contario de lo que pregonaban sus promotores. Porque, en la práctica, el CPCCS sirvió para neutralizar la posibilidad de que la política saliera de los cotos cerrados de los grupos de poder y se abriera a la sociedad. Y eso, en concreto, implica una individualización de la vida política.
¿Por qué? Pues porque, como queda demostrado, los consejeros del organismo no representan nada más que a sus intereses personales, en una lógica de poder articulada a un grupo particular. Exactamente igual a la forma en que opera un GDO cualquiera: con códigos encriptados, alias, chantajes mutuos, desconfianza crónica, lealtades violentas…
No resulta casual, entonces, que la figura del CPCCS haya aparecido en el preciso momento en que el neoliberalismo alcanzó su principal objetivo: deteriorar, desmantelar o disolver el tejido social. En 2007, la dispersión y la atomización de las organizaciones sociales, con honrosas excepciones, era un hecho. Inclusive los partidos políticos habían entrado en una crisis irreversible, y el sistema político institucional empezaba a dar muestras de un vertiginoso agotamiento. Rafael Correa llegó a la segunda vuelta electoral sin presentar listas para diputados. El mensaje no pudo ser más obvio.
El desenlace fue que, en lugar de apuntar a una recomposición y a un fortalecimiento de la capacidad organizativa –y por tanto política– de la sociedad, Alianza PAIS se jugó por un esquema vertical de control corporativo de la sociedad. El proyecto verde-flex quiso manejar desde el gobierno a las organizaciones sociales existentes y a aquellas que creó desde la burocracia estatal.
La estrategia provocó un mayor debilitamiento de la sociedad organizada y, por ende, la apertura al paraíso libertario. Desde entonces, las decisiones políticas se tomaron a partir de las relaciones personales entre los altos funcionarios del régimen y los representantes de las élites económicas que orbitaban alrededor del gobierno. El CPCCS cumplió la misión de proyectar hacia afuera la falsa imagen de que esa misma sociedad sometida y excluida tomaba las decisiones.
Ni siquiera la Asamblea Nacional, como primer poder del Estado, ha tenido la fuerza del CPCCS. No obstante, hay que reconocer que esta función del Estado, con todos sus vicios y deficiencias, es infinitamente más democrática y representativa que el organismo de marras. Al menos, transmite sus sesiones por radio y TV, para que la ciudadanía interesada se entere de lo que hace. Lo otro es pura opacidad.
Marzo 20, 2025
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