Por Juan Cuvi.
En política, las irregularidades mutan, evolucionan, se vuelven más sofisticadas, pero conservan su naturaleza: asegurar el poder. Es lo que ocurre con la figura del fraude electoral.
La quema o la manipulación de las urnas es una práctica que pasó a la historia. Los sistemas informáticos de control, así como los procesos de urbanización intensiva, impiden la sustitución de urnas durante su traslado a los centros de cómputo nacional, tal como ocurría hasta mediados del siglo pasado. En una época en que la mayoría de votantes se ubicaba en las zonas rurales y en que las comunicaciones eran complicadísimas, cualquier milagro podía suceder en un viaje a la capital de la república que tomaba dos o tres días. La anécdota de aquel gobernador de provincia que llamó al presidente a preguntarle cuántos votos le hacían falta para asegurar el triunfo resulta inverosímil en la actualidad.
Durante el gobierno de Rafael Correa se institucionalizó el fraude electoral. Y se lo hizo con técnicas más sutiles. Por ejemplo, cambiar el metido de escrutinio para favorecer al partido más votado. O cambiar el cálculo de los votos válidos en un referéndum, como ocurrió con la consulta 2011, que allanó el camino para la metida de mano en la justica. Hasta llegar al tristemente célebre apagón informático en la segunda vuelta de 2017, con que se le escamoteó el triunfo a Guillermo Lasso para favorecer a Lenin Morenno. La clave, en todos estos casos, fue la disposición de autoridades electorales de bolsillo, con una desfachatez que supera a la que ahora padecemos en el gobierno de Noboa.
Hoy, el nuevo dispositivo para el fraude electoral es la eliminación arbitraria de partidos de oposición. Para conseguirlo, se ha articulado una ofensiva coordinada entre varios organismos del Estado. De ese modo el régimen pretende dotar de cierta legalidad a un acto que es, en esencia, completamente espurio.
La arremetida oficial se desató luego de la catastrófica derrota del gobierno en la consulta de noviembre de 2025, un resultado que sorprendió a todos. Pero el régimen no digirió esa derrota con una pastilla de democracia, como correspondería, sino con un purgante de autoritarismo y viveza criolla: adelanto inconstitucional de las elecciones y eliminación de los eventuales rivales.
El mayor problema para Noboa es que no hay certeza de que la jugada le funcione. En efecto, su progresivo descenso en la aceptación ciudadana anticipa un rechazo que tranquilamente puede trasladarse al voto seccional en perjuicio de las candidaturas de ADN. Por más contorsiones y acrobacias que aplique en la conformación de listas y alianzas para disimular la identidad política de candidatos y candidatas. A los electores no les agrada que alguien gane con trampa.
El lazo con el que el gobierno pretende amarrar a la oposición puede terminar en su propio cuello.
Julio 30, 2026
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