Por: Mateo Velasteguí.
Introducción
El contexto sociopolítico y económico ecuatoriano de los años ochenta es un paradigma heterogéneo, en una misma década surgen contradicciones discursivas por parte de los gobiernos de turno, desde el año 1979 en el imaginario histórico se habla de una vuelta a la democracia, postura que se vio legitimado por una praxis y un discurso proactivo del presidente de aquel entonces Jaime Roldós Aguilera, su gestión de gobierno se alineó precisamente a un paradigma global en el que el impulso y cautela de los derechos humanos se volvió esencial para las agendas programáticas de los gobiernos progresistas de la época.
Si bien los avances legislativos, punitivos, y democráticos se hicieron presentes en la amplia parafernalia de la burocracia estatal, el panorama tuvo un vuelco representativo luego de un par de años. Lo que era un paradigma de respeto a los derechos humanos, se convirtió en un contexto de represión, abusos, crímenes de lesa humanidad y un profundo irrespeto por los avances humanistas que se construyeron pocos años atrás. El estilo de gobierno de León Febrés Cordero (1984-1988) sacudió las estructuras estatales en las que se vanagloriaron del discurso de los derechos humanos, en una de ellas, el sistema de administración penitenciaria y su herramienta más representativa, la rehabilitación social.
Desde la segunda mitad del siglo XX, las cárceles igual que las ciudades grandes tuvieron una sobrepoblación significativa, eso trajo consigo algunas implicaciones difíciles de sobrellevar, el hacinamiento, la miseria, la violencia, las condiciones precarias e insalubres con las que se precautela la vida de los/las presos/as.
La crisis carcelaria (1960 aprox.- 1979) no solo significó el atropello de el derecho mínimo a la vida, sino también comenzó a ser un gasto importante para el estado, es en este punto cuando las políticas estatales y penitenciarias se dinamizan para tratar de encontrar formas de canalizar la dura situación carcelaria y la inoperancia de la administración penitenciaria. Si es posible identificar algunos actores o relaciones que son conceptos funcionales, es precisamente en este punto.
El estado y sus instancias burocráticas, diferentes sectores académicos intelectuales, voluntariados y organizaciones de carácter religioso, voluntariados civiles o de ONG’s, y los mismos encarcelados son actores esenciales que se desenvuelven en el paradigma de la rehabilitación social.
El Rol del Estado
A partir del año 79 y con la vuelta a la democracia, el estado pasa a formar un rol esencial en el paradigma de la rehabilitación social, pues es el máximo ente regulador, a través de la creación y fortalecimiento de diferentes plataformas como la Dirección Nacional De Rehabilitación Social.
El Estado Nación Ecuatoriano ha posicionado a través de códigos penales y punitivos el imaginario de; ¿Qué o quién es buen ciudadano?, tomando en cuenta las implicaciones económicas, la división del trabajo, y el contexto social, que resultó en una profunda contradicción. El pensar en un ciudadano homogéneo con actitudes y comportamientos normalizados, como característica de una sociedad generalizadora, fracasó y se tuvo que mantener la característica diferenciadora, en la que se reafirma la brecha entre los ecuatorianos; los libres y los encarcelados.
Ya en el gobierno de Oswaldo Hurtado, sucesor de Roldós, en el año 81 se materializa a través del código de ejecución de penas y rehabilitación social, la noción de la rehabilitación y el trato al encarcelado. A través de esta herramienta legislativa, se destinan fondos y estructuras gubernamentales para tratar el problema de los presos, paralelamente surgen importantes organizaciones, como el instituto de criminología de UCE, o la Confraternidad Carcelaria.
Los recursos estatales para su papel protagónico en el contexto de la administración penitenciaria de los años ochenta, son amplios, el dinero proveniente de las masas de trabajadores públicos y personas que cumplen con sus impuestos, las personerías jurídicas burocráticas e instituciones de legitimación de la violencia, como los guardias penitenciarios o la policía nacional.
A través de este contexto, los centros de reclusión penitenciaria, penales, y cárceles en todo el país cambian de nombre por el de centros de rehabilitación social (Paradigma que actualmente aún suscita contradicciones). Pero en el sistema penitenciario ¿esta transformación en la enunciación realmente trajo consigo una transformación conceptual?
La Sociedad de los/las Cautivos/as
Las personas que se encuentran encarceladas usualmente pierden todos sus derechos en representatividad y participación, el cautiverio limita ampliamente la capacidad de agencia social de los presos, esto no significa que no exista un ejercicio del poder interno, ni una suerte de estatus que se dinamiza en este espacio.
Los recursos prácticos que tienen los presos en el Ecuador de los años ochenta son la misma desobediencia y el antagonismo, reflejado en motines, fugas, y manifestaciones internas, por otro lado como recursos legítimos están la presencia de organizaciones civiles y religiosas como replicantes de las necesidades de los presos y las visitas periódicas realizadas por la dirección nacional de rehabilitación social.
Algunos de los avances en derechos de los presos que se dieron en este contexto son innegables, cuestiones importantes que se debieron trabajar mucho tiempo atrás, el censo carcelario; para evitar el encarcelamiento equívoco de cualquier civil, la visita íntima; para que los y las reclusos/as puedan acceder al placer como un derecho esencial del ser humano, el 2×1 y el habeas corpus, como estrategias para la reducción de la pena, por buen comportamiento, entre otras.
¿Pero esto realmente pudo ofrecer directrices concretas para encaminar un sistema penitenciario más humano?
La sociedad de los cautivos, siendo toda la estructura social que se reproduce a pequeña escala en las cárceles, es la continuidad sistémica de la sociedad misma, de todo lo malo de ella. La sociedad carcelaria es corrupta, es profundamente jerarquizada, es sumisa, es nociva y sobre todo, a nivel personal y simbólico: homicida.
Dentro de las cárceles de los años ochenta, no hay ni el bien ni el mal, existen élites legitimadas y autoproclamadas que buscan y aseguran mantener sus privilegios, utilizando todos los recursos posibles. Tanto guardias penitenciarios como caporales, manejan y administran dentro y fuera de las cárceles, y así también lo que entra y lo que sale.
La Sociedad de los “Libres”
La sociedad en el exterior, usualmente se olvida de sus presos, incluso dentro de los propios núcleos familiares, muy pocos son los que mantienen vigente la lucha y reivindicación de sus encarcelados, esto es un tipo de violencia estructural que se imprime hacia los privados de su libertad, pues o al momento de salir, existen estereotipos arraigados en el común ciudadano. El rechazo es inmenso.
La sociedad en el Ecuador de los años ochenta, legitimó el ejercicio de la violencia y represión, con el justificativo de acabar con movimientos insurgentes, esto como una estrategia mediática del gobierno de Febrés Cordero para invisibilizar, la tortura y maltrato con que se administraba a los presos. Los presos políticos fueron una pieza clave para la legitimación de esta violencia tanto estructural como directa, porque en las cárceles ecuatorianas, no solo los presos políticos fueron torturados.
La Confraternidad Carcelaria
Este sector religioso, no surge de las tradicionales doctrinas de la iglesia católica o del clero, esto es un fenómeno global que sucede en EEUU a partir de la encarcelación de un pastor en el contexto del gobierno de Nixon, esto trajo consigo la posibilidad de que los presos a través de grupos de oración dentro de las cárceles pudieran encontrar un espacio de socialización y de vinculación de ideas, algo que de una u otra manera alivianaba la dura estadía en cautiverio.
La confraternidad carcelaria (Prision Fellowship) funciona como un ente mediador o de concilio para la “resolución” del conflicto entre la sociedad, el estado y los encarcelados, es como una herramienta que no juzga ni señala ni dictamina, es el espacio dinámico donde entran en comunicación las autoridades, estatales, penitenciarias, de los presos (caporales), policiales y de opinión pública (Prensa).
En el caso ecuatoriano, la confraternidad carcelaria fue fundada por Jorge Crespo Toral, notable activista de los encarcelados hasta el año de su defunción(2017), la fundación de la confraternidad carcelaria toma lugar en la década de los ochenta, precisamente en este conflictivo contexto, los aportes que pudo plasmar la confraternidad, estuvieron principalmente basados en la incorporación de talleres de oficios, grupos de oración y evangelización, campañas sanitarias y de salubridad, la asepsia y servicios médicos para encarcelados y entre otras, la posibilidad de reducción de penas por buen comportamiento y participación en las actividades de la confraternidad.
Si bien es cierto el terreno en el que se trabajó fue totalmente amplio e inabarcable, de una u otra manera la confraternidad y su trabajo con hogares dentro de los diferentes centros penitenciarios, hizo que se limite su agencia, pues en el caso de los presos políticos, la tortura, el maltrato y hasta incluso la muerte, eran perpetradas en instancias policiales y estatales antes de ser procesados/as dentro de los recintos penitenciarios del país.
Bibliografía:
Conclusiones:
En esta investigación con perspectiva de historia social, es imposible concluir o finiquitar, pues las fuentes siempre pueden irse ampliando o hasta incluso redescubriendo como es en las fuentes y testimonios orales, que aun están por construirse. Por otro lado, el paradigma de la rehabilitación social sigue vigente en la administración penitenciaria ecuatoriana, es por esto que es importante seguir recabando y sacudiendo las estructuras e imaginarios que se han arraigado alrededor de este contexto, hay que poner en tela de juicio si es que la rehabilitación social ¿es realmente un cambio estructural profundo o es una simple estrategia para alivianar conciencias?
Es importante poder analizar este momento histórico desde la visión y corriente de la resolución de conflictos pues me ha permitido hacer un análisis más concreto y detallado de los actores reales y las relaciones de poder en las que se desenvuelven.
No se podría hablar de una terminación o “resolución” del conflicto pues la rehabilitación social es un concepto que va más allá de su misma enunciación, es una relación heterogénea que responde a los momentos históricos socio políticos del país, es por esto que nace convenientemente en una década confusa y conflictiva del Ecuador, pero que ha logrado posicionar el estilo de gobiernos que se han sucedido en la presidencia del Ecuador; Discursos humanistas, pacíficos y conciliadores, que de trasfondo invisibilizan u omiten, la violencia que se ejerce como relación de poder, la tortura, los crímenes violentos, las desapariciones y el serio atropello a los derechos humanos que se viven en las cárceles.
Bibliografía:
-Anda Manosalvas, V. Informe del registro oficial número 254, 1980. (código de ejecución de penas y rehabilitación social codificado en 1981)
-Robayo C. J. Manual Práctico del sistema penitenciario Ecuatoriano, Quito 1994.
– Crespo Toral Jorge, Hacia la libertad. 2000
-Comisión de la Verdad, Informe Ejecutivo. 2010
– Hernández Sánchez, Gustavo, “Historia social frente a historia tradicional. ¿Una cuestión de moda?”, en Ab initio, Núm. 5 2012
-Galtung J. , Conflict Theory 1996.
-Galtung J., Violence, Peace, and Peace Research en ; Journal of Peace Research
, Vol. 6, No. 3 1969.
-Galtung J., Cultural Violence en ; Journal of Peace Research
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Farrés, G. Poder y análisis de conflictos internacionales: el complejo conflictual Power and analysis of international conflicts: the conflictual complex. En; Revista CIDOB d’Afers Internacionals, No. 99, Las comunidades autónomas españolas en el proceso decisorio de la UE UN CALLEJÓN CON SALIDA. 2012.
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